Vindicación de un Estatuto del Trabajo del siglo XXI adaptable a realidades cambiantes

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Ferrán Camas Roda

Vindicación de un Estatuto del Trabajo del siglo XXI adaptable a realidades cambiantes  

FERRAN CAMAS RODA
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Girona

La presente aportación forma parte de la hornada de Briefs de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social que se están publicando sobre el Estatuto de los Trabajadores o del Trabajo en el s. XXI. De hecho, esa distinción también ha sido recogida en los acuerdos de las coaliciones para formar gobierno que se han llevado a cabo desde el año 2019: si entonces el Acuerdo entre PSOE y Podemos de 30 de diciembre incluía como actuación prioritaria el reto de elaborar, previo diálogo con los agentes sociales, “un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”, en el pactado entre PSOE y Sumar el 25 de octubre de 2023, las partes firmantes se comprometen a culminar un “Estatuto del Trabajo del siglo XXI” que, según el pacto alcanzado, articule una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales, desde los autónomos hasta los cooperativistas, y un desarrollo del trabajo por cuenta ajena que incorpore expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y la transición verde, a través de fórmulas de negociación colectiva que garanticen la sostenibilidad.

El hecho de abordar un Estatuto del Trabajo del siglo XXI me parece apropiado por la naturaleza sistémica de los cambios tecnológicos, demográficos, ambientales, migratorios, económicos y políticos, que afectan de forma directa a las condiciones de vida de la ciudadanía, y en particular respecto del empleo y de sus condiciones de trabajo. Además, cualquier política de carácter laboral que se impulse debe serlo bajo un enfoque regulador, en la que los poderes públicos asuman un papel no exclusivo pero si directivo en dotar de las adecuadas condiciones de igualdad para el pleno desarrollo de cada persona en las múltiples facetas en las que participa en la sociedad, como ciudadana y especialmente como trabajadora, sin dejarla al albur de las fuerzas del mercado o de los requerimientos económicos o productivos.

De hecho, si un Estatuto del Trabajo del s. XXI ha de emerger, lo ha de ser colocando a la persona en el centro de las políticas públicas, y particularmente como referente básico de las políticas de trabajo. Se ha de recordar que así lo promovió la Declaración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo para el Futuro del Trabajo en el año 2019, pero también la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que en aras a la consecución de su finalidad principal de combatir la pobreza establece unos Objetivos y metas universales y transformadores, centrados en las personas, entre los cuales se encuentra el de “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (Objetivo núm. 8); cualificación esta última, la del trabajo decente, o en su traslado a España, digno, que también debería formar parte de este Estatuto del Trabajo del Siglo XXI, tomando en consideración por ejemplo el modo en que lo ha definido la Ley 15/2023, de 21 de diciembre, de Empleo, del País Vasco.

Con esa base, el futuro Estatuto del Trabajo debería abordar los desafíos que ya están reconfigurando el trabajo de las personas, de modo sucinto pero necesario los siguientes: por una parte, el proceso de envejecimiento demográfico que están experimentando las sociedades europeas y de forma destacada la española. El cambio demográfico y su impacto en el ámbito laboral implica a toda la sociedad, de forma que cualquier regulación sobre el trabajo deberá favorecer la plena participación en el mercado de trabajo de la juventud y de las personas adultas, con especial atención al colectivo de mujeres y, si así lo desean, de las personas de edad. En todo caso, en este ámbito, quisiera llamar la atención a un tema que para mi va a resultar transcendente en esta centuria, que es la emergencia de la actividad de cuidados de esas personas que progresivamente van a incorporarse al ejercito de personas de mayor edad con una esperanza mayor de vida aunque en la mayoría de ocasiones eso no les libre de tener que recibir ayuda asistencial o de cuidados en parte de ese periodo vital. Es necesario una política de Estado, en la que la cartera social sea esencial, que aborde tanto el trabajo remunerado de los cuidadores como el de carácter no remunerado que están realizando mayoritariamente mujeres (al cual también llamo trabajo, aunque no sea considerado como empleo), en las labores de cuidado de su hogar y que no está monetarizado como al efecto diría la Pr. M. Ángeles Durán. Si un Estatuto del Trabajo del s. XXI debe abrazar un concepto de éste, ha de serlo de forma amplia, incorporando el que numerosas personas realizan sin reconocimiento laboral o social para que otras si puedan acceder y mantenerse en un empleo.

También debe resultar transcendente para un Estatuto del Trabajo adaptado a las realidades cambiantes que parece nos va a deparar los tres cuartos restantes de este siglo es la consideración del movimiento de las personas como característica definidora del mercado de trabajo. Los movimientos migratorios hacia la Unión Europea por causas cada vez más amplias (medio ambientales, económicas y sociales, o por conflictos) requieren de una respuesta que suponga su canalización a través de vías legales, ordenadas y seguras según nomenclatura de Naciones Unidas en materia de migraciones. Más aún cuando se prevé que el mercado de trabajo de la Unión Europea y cada uno de los nacionales, deba requerir de personal trabajador extranjero para cubrir sus necesidades. En este sentido, la adopción de una política que asuma el potencial de nuestra población activa y de los déficits productivos de nuestro país resulta determinante no solo para la recepción de inmigración laboral a través de cauces legales, sino también para no perder comba respecto de lo que si pueden pretender otros mercados europeos. En este punto, el carácter de persona migrante también debe estar en el centro de un Estatuto del Trabajo, tanto por las situaciones de discriminación que puede afrontar como por la diversidad en el mercado de trabajo que imprime. El Estatuto del Trabajo del s. XXI debería asumir un espacio específico de diálogo entre la legislación de extranjería y la laboral, y aún mas allá de ésta la de carácter social en general, más cuando los migrantes, además de trabajadores o trabajadoras, también son personas con sus potencialidades y necesidades individuales y sociales como cualquier otra.

Finalmente, y atendiendo al a las limitaciones propias de estos Briefs solo me cabe mencionar que en el Estatuto del Trabajo del s. XXI debería atenderse a los efectos del cambio climático en el trabajo o del resurgir de crisis sanitarias, previendo una atención específica al trabajo esencial en nuestras sociedades y a quienes lo realizan, así como la llegada de la inteligencia artificial y a las consecuencias que esta puede producir tanto en el trabajo como en la individualización de las relaciones vitales, factores que pueden coadyuvar a importantes consecuencias en la salud de las personas.

Para abordarlos, la formación de las personas, no solo en aras a satisfacer las demandas empresariales, sino también para el desarrollo personal y espiritual de aquellas, debe ser una cuestión capital en un nuevo Estatuto del Trabajo del Siglo XXI. La legislación sectorial española va incorporando regulaciones de interés, que van desde la promoción de la formación de la persona trabajadora a lo largo de su vida (Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional), hasta la intervención de las empresas en la formación, básicamente a través de la colaboración en la mejora de la mejora de la empleabilidad de las personas (Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo). En todo caso, no se podrá afrontar el desafío tecnológico, pero tampoco del resto de los que se han citado aquí, si un nuevo Estatuto del Trabajo del y para el siglo XXI no asume la formación personalizada, garantizada y orientada con objetivos profesionales o personales, en cualquier momento de la vida de una persona, como uno de sus ejes centrales de regulación, estableciendo unos deberes específicos de los poderes públicos y de las empresas, al modo como el Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2017 lanza justamente en su primer precepto.

Briefs AEDTSS, 24, 2024