Un nuevo capítulo en el largo serial de la cotización del alumnado en prácticas. A propósito del Real Decreto-Ley 8/2023

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Josep Moreno Gené

Un nuevo capítulo en el largo serial de la cotización del alumnado en prácticas.  A propósito del Real Decreto-Ley 8/2023

JOSEP MORENO GENÉ
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Llleida

El Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones (en adelante, Real Decreto-Ley 2/2023), procedió a añadir la disposición adicional quincuagésima segunda (en adelante, DA 52ª) al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, TRLGSS), en la que se introducía una nueva regulación de la “inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación”.  Mediante esta nueva regulación se ampliaba notablemente el ámbito de aplicación de esta inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social (en adelante, RGSS) respecto a lo previsto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el RGSS de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (en adelante, Real Decreto 1493/2011), puesto que la misma pasa a alcanzar a todo el alumnado universitario y de formación profesional en prácticas con independencia de que las mismas sean remuneradas o no, sin perjuicio de la diferente regulación que se prevé para cada uno de estos supuestos.

Inicialmente, la entrada en vigor de esta nueva regulación estaba prevista para el 1 de octubre de 2023, pero ante las quejas de los centros de formación y las empresas y otras entidades en las que se desarrollan las prácticas, que consideraban que no tendrían tiempo suficiente para adaptarse a la nueva regulación, la misma se pospuso hasta el 1 de enero de 2024 (art. 212 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (en adelante, Real Decreto-Ley 5/2023).

Pues bien, antes de la efectiva entrada en vigor de esta nueva regulación de la inclusión en el sistema de Seguridad Social del alumnado que realice prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación, el Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía (en adelante, Real Decreto-Ley 8/2023), ha procedido a introducir diferentes e importantes previsiones que afectan al régimen jurídico de esta materia y que procedemos a exponer a continuación de forma ordenada.

En primer lugar, en relación con el ámbito subjetivo de la inclusión en el RGSS del alumnado en prácticas, el apartado primero del art. 80 del Real Decreto-Ley 8/2023 añade una letra c) en el apartado 1 de la DA 52ª TRLGSS, en virtud de la cual, pasan a incluirse de forma expresa dentro de las prácticas que dan lugar a la referida inclusión en el Sistema de Seguridad Social “(…) c) Las realizadas por alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo”. 

A tal efecto, la redacción inicial de la DA 52ª TRLGSS podía plantear algunas dudas respecto del alumnado de estas enseñanzas que realizaran prácticas formativas o prácticas académicas externas, por lo que, en aras del principio de seguridad jurídica, se ha considerado necesario aclarar de forma expresa esta cuestión.  Con la nueva regulación, todas estas prácticas se vienen a sumar a las ya previstas de forma expresa en la regulación inicial del precepto, a saber, las realizadas por los alumnos universitarios de grado, máster, doctorado, así como las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto; y las realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que las mismas no se presten en régimen de formación profesional intensiva. 

En segundo lugar, también en relación con el ámbito subjetivo de la inclusión en el RGSS del alumnado en prácticas, si bien, ahora desde una vertiente negativa, el apartado primero del art. 80 del Real Decreto-Ley 8/2023 añade un nuevo apartado 11 a la DA 52ª TRLGSS, en virtud del cual, “no estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta disposición adicional las personas que durante la realización de las prácticas a las que se refiere el apartado 1 figuren en alta en cualquiera de los regímenes del sistema de Seguridad Social por el desempeño de otra actividad, en situación asimilada a la de alta con obligación de cotizar, o durante la cual el periodo tenga la consideración de cotizado a efectos de prestaciones, o tengan la condición de pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente de la Seguridad Social, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva”.  Con esta previsión, la inclusión del alumnado en prácticas en el RGSS pasa a ser subsidiaria de todas las situaciones descritas, evitándose las dudas que se podían plantear sobre si en estos supuestos debía o no procederse a la cotización del alumnado en prácticas.  En este punto, el Boletín de Noticas Red nº 16/2023, de 29 de diciembre de 2023 (en adelante, BNR nº 16/2023) establece que “próximamente” se informará del procedimiento a seguir, para la no inclusión en el ámbito de aplicación de la DA 52ª TRLGSS de estos colectivos.

En tercer lugar, y también con afectación en el ámbito subjetivo de aplicación de la inclusión en el RGSS, el apartado primero de la disposición transitoria décima del Real Decreto-Ley 8/2023 aborda una cuestión trascendental que, de un modo sorprendente, no había sido abordada de forma expresa en la redacción inicial de la DA 52ª TRLGSS, que no es otra que el régimen transitorio aplicable a quienes en el momento de entrada en vigor de dicho precepto ya se encontraran realizando sus prácticas, lo que planteaba importantes dudas interpretativas.  Frente a ello, ahora se prevé de forma expresa que, a las prácticas reguladas en dicho precepto, “iniciadas y no concluidas antes del día 1 de enero de 2024, les resultará de aplicación el régimen jurídico previsto en la citada disposición adicional únicamente desde dicha fecha”.  Con esta previsión, queda meridianamente claro que al alumnado que en el momento de la entrada en vigor de la DA 52ª TRLGSS ya se encontraba desarrollando sus prácticas le serán de aplicación las previsiones recogidas en dicho precepto a partir del 1 de enero de 2024.  Por lo demás, el BNR nº 16/2023 establece para estos supuestos que el alta se efectuará al inicio de las prácticas en el año 2024.

En cuarto lugar, por lo que respecta a los actos de encuadramiento en el RGSS, cabe recordar que el apartado 4 de la DA 52ª TRLGSS regula dichos actos de encuadramiento (afiliación, altas y bajas), distinguiendo al respecto según se trate de prácticas formativas remuneradas o no remuneradas.  Entre otros aspectos, la norma precisa el momento en que deben ser cumplimentadas las obligaciones de alta y baja, estableciendo al respecto para las prácticas formativas remuneradas que “las altas y las bajas en la Seguridad Social se practicarán de acuerdo con la normativa general de aplicación” y para las prácticas formativas no remuneradas que “las altas y las bajas en la Seguridad Social se practicarán de acuerdo con la normativa general de aplicación salvo las excepciones previstas en la presente norma, efectuándose el alta al inicio de las prácticas formativas y la baja a la finalización de estas (…) A estos efectos, el plazo para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS) dicha alta y baja será de diez días naturales desde el inicio o finalización de las prácticas”.

A pesar de que, como ya se ha indicado, la entrada en vigor de la DA 52ª TRLGSS se pospuso en su momento del 1 de octubre de 2023 al 1 de enero de 2024, a medida que se acercaba esta última fecha, las diferentes entidades responsables del cumplimiento de las obligaciones de encuadramiento del alumnado en prácticas no remuneradas alegaron dudas interpretativas y problemas técnicos a la hora de afrontar el cumplimiento de dichas obligaciones, llegando a proponer que se aplazara, una vez más, la entrada en vigor de la DA 52ª TRLGSS. 

Frente a ello, el apartado segundo de la disposición transitoria décima del Real Decreto-Ley 8/2023 incorpora una solución salomónica, consistente en que no se aplaza la entrada en vigor de dicho precepto, pero en cambio, sí se amplía el plazo para el cumplimiento de las correspondientes obligaciones de comunicación a la TGSS de las altas y las bajas del alumnado en prácticas formativas no remuneradas.  A tal efecto, se establece un plazo excepcional, que finalizará el día 31 de marzo de 2024, para comunicar a la TGSS las altas y las bajas en la Seguridad Social correspondientes al inicio o finalización de las prácticas formativas no remuneradas a las que se refiere la DA 52ª TRLGSS que tengan lugar en el período comprendido entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2024.

Con esta previsión deberían quedar solventadas las dificultades técnicas que pudieran plantearse a las entidades responsables respecto al cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones en materia de encuadramiento en el RGSS del alumnado en prácticas, especialmente, cuando las mismas no son remuneradas.  Por lo demás, para el correcto cumplimiento de estas obligaciones nuevamente debe acudirse a las instrucciones que se contienen en el BNR nº 16/2023.  Asimismo, también deben consultarse los Criterios de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre la aplicación de la DA 52ª TRLGSS.

En quinto lugar, respecto al objeto y dinámica de la cotización prevista para el alumnado en prácticas y como consecuencia de que todavía no han sido aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 (en adelante, LPGE), el apartado tercero de la disposición transitoria novena del Real Decreto-Ley 8/2023 asume la tarea de determinar las cuotas que los sujetos obligados deben satisfacer a la Seguridad Social, así como su proceso de determinación, distinguiéndose al respecto, de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 DA 52ª TRLGSS, entre las prácticas formativas remuneradas y las no remuneradas.  Estas previsiones deberán complementarse, a su vez, con las que dicte la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, en virtud de la habilitación recogida al respecto por la disposición final undécima del Real Decreto-Ley 8/2023.

Por una parte, por lo que respecta a las prácticas formativas remuneradas, se establece que, tal como se prevé en el apartado 6 a) DA 52ª TRLGSS, se aplicarán las cuotas únicas mensuales por contingencias comunes y profesionales correspondientes a los contratos de formación en alternancia.

Asimismo, la disposición transitoria novena del Real Decreto-Ley 8/2023 prevé de forma expresa que estas mismas cuotas también se aplicarán respecto a las prácticas realizadas al amparo del Real Decreto 1493/2011 y del Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas (en adelante, Real Decreto 1543/2011), que contemplan supuestos de prácticas no laborales que quedan extramuros de la DA 52ª TRLGSS.

Por otra parte, por lo que respecta a las prácticas formativas no remuneradas, de conformidad con lo previsto en la letra a) del apartado 7 DA 52ª TRLGSS, el apartado tercero de la disposición transitoria novena del Real Decreto-Ley 8/2023 fija la cuantía de la referida cotización, estableciéndose que “la cotización consistirá en una cuota empresarial, por cada día de prácticas, de 2,54 euros por contingencias comunes excluida la prestación de incapacidad temporal y de 0,31 euros por contingencias profesionales, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual por contingencias comunes de 57,87 euros y por contingencias profesionales de 7,03 euros.  De la cuota diaria por contingencias profesionales de 0,31 euros, 0,16 euros corresponderán a la contingencia de incapacidad temporal y 0,15 euros a las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia”. 

Asimismo, tanto para las prácticas formativas remuneradas como para las no remuneradas, se establece que a las cuotas por contingencias comunes les resultará de aplicación la reducción del 95 por ciento establecida en el apartado 5 b) DA 52ª TRLGSS, resultando una cuota empresarial por cada día de prácticas, de 0,13 euros por contingencias comunes excluida la prestación por incapacidad temporal, sin que pueda superarse la cuota máxima mensual de 2,89 euros por contingencias comunes.

Como puede observarse, la referida reducción del 95 por ciento comporta que el coste de cotización real por el alumnado en prácticas sea prácticamente inexistente, de modo que no debería haber servido de excusa para justificar la disminución de la oferta de estas prácticas formativas.  Pese a ello, en los últimos meses se ha tenido la oportunidad de presenciar en los medios de comunicación un espectáculo poco edificante sobre quien debía asumir los costes económicos y de gestión administrativa que se derivan de las prácticas formativas, especialmente, en el caso de las no remuneradas.

A tal efecto, cabe recordar que, si se trata de prácticas formativas no remuneradas, la normativa prevé que el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social corresponda a la empresa, institución o entidad en la que las mismas se desarrollan, pero se permite que mediante convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para la realización de las referidas prácticas se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro de formación responsable de la oferta formativa.  Pues bien, ante la negativa de las entidades en las que se desarrollan las prácticas formativas de asumir los costes económicos y de gestión administrativa que se derivan de las nuevas obligaciones en materia de Seguridad Social introducidas por la DA 52ª TRLGSS, parece que va a ser la práctica habitual que dichos costes sean asumidos por el centro de formación responsable de la oferta formativa, de modo que una opción que parecía excepcional se va a configurar como la norma habitual.  Esta circunstancia, a su vez, ha provocado la amarga queja de los centros formativos responsables de la oferta formativa en cuyo marco se desarrollan las prácticas formativas por tener que asumir dichos costes, que parece que finalmente va a ser atendida por las administraciones públicas, estatal y autonómica, responsables en materia educativa, que vendrían a asumir dichos costes.

En sexto lugar, el apartado primero del art. 80 del Real Decreto-Ley 8/2023 incorpora una última previsión relacionada con la protección social dispensada al alumnado en prácticas, al incorporar un nuevo apartado 11 a la DA 52ª en la que se prevé que “la situación asimilada regulada en esta disposición adicional no afectará al derecho a la percepción de las prestaciones del sistema de Seguridad Social.  Asimismo, dicha inclusión no dará lugar a la modificación del título por el que se tuviera derecho a la prestación por asistencia sanitaria salvo la asistencia derivada de contingencias comunes”.  Con ello, se pretende garantizar que la inclusión del alumnado en prácticas en el RGSS no va a comportar un perjuicio respecto a la protección social que el mismo ya tuviera reconocida anteriormente por el sistema de Seguridad Social. 

Por último, cabe recordar que el Real Decreto-Ley 2/2023 no se limitó a prever la inclusión en el RGSS de aquellas personas que a partir del momento de su entrada en vigor se encontraran en la situación objeto de regulación de esta norma, sino que, por el contrario, dedica el apartado 8 DA 52ª TRLGSS a todas aquellas personas que con anterioridad a su fecha de entrada en vigor ya se hubieran encontrado en la situación indicada en la misma.  Para este amplísimo colectivo se contempla la posibilidad de suscribir un convenio especial, por una única vez, que les posibilite el cómputo de cotización por los períodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizadas antes de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2023, inicialmente, hasta un máximo de dos años, que posteriormente, mediante el Real Decreto-Ley 5/2023, se amplió hasta un máximo de cinco.

Pues bien, la disposición final undécima del Real Decreto-Ley 8/2023 complementa esta previsión al prever que se faculta a la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para adoptar las disposiciones normativas oportunas que posibiliten de manera extraordinaria la suscripción de un convenio especial, a solicitud de los interesados, que permita ampliar, hasta un máximo de 5 años, el cómputo como cotizado de los periodos de formación a que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto 1493/2011.  A tal efecto, se prevé que se entenderán también incluidos en las situaciones objeto de regulación, los periodos prestados por aquellos que, siendo graduados universitarios y a través de los correspondientes estudios oficiales de doctorado, antes de 4 de febrero de 2006, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación (en adelante, Real Decreto 63/2006), hayan participado en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el Extranjero. 

Con esta previsión, se amplían también hasta los cinco años los periodos de formación a los que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto 1493/2011 que pueden computarse como cotizados, frente a los dos años previstos inicialmente por esta norma y se aclara que el referido convenio especial podrá ser suscrito por quienes hayan sido becarios de investigación predoctorales con anterioridad a la aprobación del Real Decreto 63/2006, que pasó a prever la inclusión en el sistema de seguridad social de dichos becarios durante los dos primeros años de disfrute de las ayudas de investigación, así como su posterior contratación laboral en prácticas, durante la tercera y cuarta anualidad de disfrute de dichas ayudas.

Sin lugar a dudas, la importante modificación de la DA 52ª TRLGSS llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 8/2023 antes de su efectiva entrada en vigor es consecuencia de que, para evitar lo que había sucedido con el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (en adelante, Real Decreto-Ley 28/2018), que no se llegó a implementar por falta de desarrollo reglamentario, el Real Decreto-Ley 2/2023 no se limitó a prever la incorporación en el RGSS del alumnado en prácticas, sino que, además, pretendió fijar el íntegro régimen jurídico con el que debía tener lugar esta inclusión, lo que la convertía en una norma plenamente aplicable en lo sustancial, sin necesidad de desarrollo reglamentario.  Pese a estas loables intenciones, la regulación inicialmente aprobada aún suscitaba importantes dudas interpretativas que han tenido que ser abordadas por el Real Decreto-Ley 8/2023.  Esperemos que los cambios normativos introducidos por esta norma permitan la implementación definitiva y sin mayores sobresaltos de la inclusión en el sistema de Seguridad Social de todo el alumnado que realice prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación, tal y como se prevé en la DA 52ª TRLGSS.

Briefs AEDTSS, 78, 2023