Superliga, deriva actual del fútbol profesional y cláusulas de nacionalidad: reflexiones al hilo de la STJUE de 21 de diciembre de 2023 (C-333/21)

Publicado el

Miguel Basterra

Superliga, deriva actual del fútbol profesional y cláusulas de nacionalidad: reflexiones al hilo de la STJUE de 21 de diciembre de 2023 (C-333/21)

MIGUEL BASTERRA HERNÁNDEZ

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Alicante

Con fecha de 21 de diciembre de 2023, el TJUE ha emitido su fallo sobre la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid al hilo de la Superliga y la posible posición dominante, y contraria a la competencia, de la UEFA y la FIFA en el mercado económico del fútbol.

Ciertamente, este asunto presenta un perfil jurídico que, en principio, bascularía entre el Derecho Federativo y el Derecho Mercantil. Sin embargo, lo cierto es que el fenómeno de la Superliga se enmarca dentro de una dinámica, generalizada a lo largo de los últimos treinta años en la élite de los deportes de equipo mayoritarios, que sí tiene su germen y también fuertes implicaciones en la esfera jurídico-laboral.

En efecto, la contratación de todo trabajador extranjero se regula y delimita desde la legislación laboral de acuerdo con los propósitos fijados en materia de política de empleo; lo cual afecta, cómo no, a los deportistas profesionales contratados en régimen de dependencia y ajenidad por los clubes que les emplean. Pero la contratación de jugadores profesionales por parte de aquellos clubes que participan en las competiciones que encuadraríamos en la “élite deportiva” (no sólo del fútbol, sino también del resto de deportes de equipo “mayoritarios”) se aparta de los esquemas generales sobre la contratación de trabajadores extranjeros ex arts. 45 y ss. del TFUE y 36 y 38 de la LOEX. Y, en esencia, lo que ocurre en el caso de los deportistas profesionales empleados por los clubes de élite es que la autoridad laboral delega en las federaciones deportivas y las ligas profesionales la función de regular y limitar la entrada de deportistas extracomunitarios en nuestros clubes y competiciones, lo cual se lleva a cabo a partir de la licencia federativa que se exige a los jugadores para competir a nivel profesional y a través de las cláusulas de nacionalidad con las que las federaciones restringen el número máximo de jugadores de otras nacionalidades que pueden ser alineados simultáneamente en un partido oficial.

El origen de ese marco regulatorio, diferenciado, para la contratación de deportistas profesionales tendría su origen histórico nada menos que en el año 76, con la STJCE de 14/07/1976 (C-13/76, Doná y Mantero). Pero, sobre todo, encontró su piedra angular en la celebérrima STJCE de 15/12/1995 (C-415/93, Bosman), que declaró contraria a la libre circulación de trabajadores aquella reglamentación o práctica adoptada por asociaciones deportivas según la cual, en los partidos de las competiciones por ellas organizadas, los clubes deportivos sólo podían alinear simultáneamente un número máximo de jugadores profesionales nacionales de otros Estados miembros. Y, por tanto, ningún límite ni obstáculo, directo o indirecto, vendría ya a condicionar a los clubes deportivos a la hora de integrar en sus filas a deportistas connacionales con preferencia a los de ningún otro Estado miembro, toda vez que su licencia federativa les permitirá ser alineados en el campo y competir sin restricciones ni diferencias de trato. Pero, incluso más allá del ámbito comunitario, las SSTJCE de 12/04/2005 (C-265/03, Simutenkov) y de 25/07/2008 (C-152/08, Nihat) -ambas resultantes de cuestiones prejudiciales presentadas desde España- irradiaron los efectos del caso Bosman a todos aquellos deportistas de terceros Estados que tuviesen suscritos con la UE acuerdos de asociación, colaboración y cooperación en los que se recogiese la igualdad de trato en materia laboral; lo que llevó a bautizar a estos deportistas -en la práctica, de más de un centenar de países- como “comunitarios B”.

Pues bien, al margen de múltiples cuestiones de orden técnico-jurídico, el marco regulatorio resultante de estos pronunciamientos suscita también un análisis sobre su idoneidad a nivel sociológico y deportivo. Porque, en efecto, el deporte de competición ha experimentado una profunda transformación desde sus orígenes, pero ese proceso de cambio se ha intensificado y acelerado en los últimos treinta años, muy en particular a raíz del caso Bosman. La base histórica de las competiciones deportivas se encuentra en la propia cultura popular, cuando vecinos de localidades colindantes se medían entre sí en una contienda atlética, con un espíritu competitivo pero también lúdico y festivo, sobre un determinado campo de juego y a través de unas reglas todavía primitivas. Y aquellas tradiciones presentaban innegables valores sociales, que todavía hoy en día pueden llegar atisbarse en las competiciones deportivas profesionales. Sin embargo, la generalización de las retransmisiones televisivas y la paulatina mercantilización del producto deportivo han deformado, en gran medida, aquella idea original; y lo cierto es que cabe apreciar cómo en el deporte de élite actual el aficionado ha pasado a ser un consumidor, la competición un negocio, el equipo una empresa y el deporte una industria.

Ese proceso de mercantilización del deporte, convertido ahora en industria del entretenimiento, ha incrementado la brecha entre la capacidad económica -y a la postre competitiva- de los distintos clubes en liza en cada competición. Y esa dinámica se exacerba en el momento en que los contornos del mercado deportivo pasan de ser solo nacionales a globalizarse. Así, si tomamos como referente analítico el fútbol -sin duda el deporte rey por su impacto mediático y cuota de mercado- vemos cómo hoy en día los clubes más poderosos a nivel internacional son capaces de captar los mejores talentos mundiales para alinearlos en equipos galácticos. Y el punto de inflexión en esta curva evolutiva se localiza en la primera mitad de los años noventa, precisamente en torno al caso Bosman. Así se refleja con toda claridad al observar tres hitos prácticamente concatenados en ese breve período: la élite del fútbol inglés se emancipa de Federación Inglesa y de la Football League y se crea la Premier League, bajo la cual los clubes más potentes tendrían entonces una mayor capacidad para negociar sus propios acuerdos televisivos y comerciales; la antigua Copa de Europa se transforma en la Champions League, con muchos más equipos y partidos en el calendario y un protagonismo mucho mayor respecto a las ligas nacionales; y, como piedra angular en este proceso de liberalización del mercado del fútbol europeo, el TJUE, en el caso Bosman, abre la posibilidad de que los clubes con mayor capacidad económica puedan hacer valer su superioridad en un mercado más amplio, lo que incrementa y perpetúa las diferencias con el resto de clubes de las competiciones domésticas. La cuestión es que bien parece que en la actualidad nos adentramos -si es que no nos hallamos ya plenamente sumidos- en un nuevo punto de inflexión. Porque, en efecto, ese nuevo marco que se abre en los años noventa ha propendido, con el tiempo, a que la verdadera élite del fútbol europeo acreciente sus diferencias con el resto de clubes del viejo continente que, aun siendo los más poderosos en sus respectivos países, no aguantan ya el vertiginoso ritmo económico impuesto por los grandes de Europa; todo lo cual se ha acrecentado con la llegada de los llamados clubes-Estado, a los que se acusa -y no sin razón- de dopping financiero.

Estos son los factores que explican el proyecto de creación de una Superliga europea, ajena a las estructuras federativas vigentes y probablemente bastante alejada de algunos de aquellos valores sociales tan evidentes durante los orígenes históricos del deporte (incluso en los albores de su etapa ya profesional). En un primer momento, la sola amenaza por parte de las federaciones de fútbol de severas sanciones para participar en sus propias competiciones bastó para provocar la estampida de la inmensa mayoría de equipos alineados con el proyecto de la Superliga (a día de hoy únicamente permanecen a bordo el Real Madrid y el Barcelona). Sin embargo, la STJUE de 21/12/2023 (C-333/21, European Superleague Company) ha venido a declarar con toda rotundidad que el art. 102 del TFUE debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo (FIFA y UEFA) y que ejercen paralelamente actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación, en el territorio de la Unión, por una tercera empresa (como sería la European Superleague Company S.L.) de una nueva competición deportiva de fútbol de clubes (por ejemplo, la Superliga) y que controlen la participación de clubes de fútbol profesional y los jugadores en tal competición, bajo pena de sanciones, sin que estas diferentes facultades estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado; y, asimismo, la Gran Sala de Luxemburgo también declara que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que tal práctica por parte de UEFA y FIFA vendría a constituir una decisión de una asociación de empresas que tiene por objeto impedir la competencia.

Es cierto que, al tratarse de cuestiones generales acerca de las normas de FIFA y UEFA, el TJUE no se pronuncia de forma singular y específica sobre la Superliga; por lo que tampoco la avala y el caso habrá de volver al Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid que planteaba la cuestión prejudicial. Sin embargo, resulta evidente la rotundidad con que el TJUE declara el abuso de posición dominante de UEFA y FIFA al barajar o plantear sanciones a clubes y jugadores en el caso de participar en esa otra competición paralela -que fue lo que de verdad llevó al naufragio inicial del proyecto en los días inmediatamente posteriores a su anuncio -el 19/04/2021-; y, así, parece innegable el espaldarazo que todo ello supone para la Superliga (o futuribles proyectos con un perfil similar). Sea como fuere, la cuestión no termina aquí y espera ahora un periplo en el que resoluciones jurídicas y decisiones políticas, deportivas y comerciales determinarán la efectiva implantación -o no- de esta competición, paralela a las organizadas por las estructuras federativas vigentes. De hecho, como podía esperarse ante este escenario, la STJUE de 21/12/2023 ya ha sido recibida con una salva de hostilidades por parte de estamentos deportivos, clubes y también muchos aficionados. Ahora bien, aun en este punto, la sacudida de la Superliga ha impactado ya de forma irremisible en la deriva del fútbol profesional, pues la propia UEFA ya había anunciado con anterioridad a la propia Sentencia un importante cambio de formato en la Champions League (a partir de la próxima temporada 24-25) que, en el fondo, acercaría este producto deportivo a las expectativas que la mera alternativa hipotética de la Superliga podría haber generado en el espectador/consumidor.

Pues bien, a la luz de todas estas consideraciones, la duda que albergo con relación a la vertiente jurídico-laboral de este asunto es la de si el deporte profesional no debiera exceptuarse de las disposiciones generales -a nivel tanto comunitario como interno- sobre trabajadores extranjeros. O que, cuando menos, se previese un régimen diferenciado, que acogiese esa especialidad intrínseca al deporte. Porque creo que el TJUE acierta al considerar el deporte profesional como una actividad económica. La cuestión es que, además de su dimensión económica, el deporte -también en el nivel profesional- atesora una serie de atributos con un alto valor social que, a mi juicio, merecen una consideración especial; pero que difícilmente se pueden proteger si el deporte se trata -desde una óptica generalista y reduccionista- como una actividad mera y exclusivamente económica. Y, en este sentido, considero que sería positivo preservar, a través de las pertinentes disposiciones del derecho comunitario e interno, al menos, un cierto vínculo -local, regional y/o nacional- en la composición de los equipos profesionales. Lo que creo que podría instrumentarse a través de una reconfiguración de las cláusulas de nacionalidad, para aplicarlas con un enfoque que acogiese estos postulados en la búsqueda de un deporte profesional algo más cercano y genuino, más social y un poco menos mercantilizado.

Briefs AEDTSS, 73, 2023