SJS nº 18 de Valencia sobre remuneración de los profesores asociados: aspectos controvertidos de un debate incompleto

Publicado el

Raul Lopez Baelo

SJS nº 18 de Valencia sobre remuneración de los profesores asociados: aspectos controvertidos de un debate incompleto de investigación

RAÚL LÓPEZ BAELO
Asociado Sénior en Labormatterts y profesor UC3M

Si uno atiende a las informaciones periodísticas que se han ocupado en divulgar una resolución proveniente de los Juzgados de lo Social de reciente dictado -17 de abril del 2024-, no sería en absoluto de extrañar que se alcanzase el siguiente convencimiento: el profesorado asociado de las universidades españolas se encuentra en irrefrenable vía de adquirir un régimen salarial equiparable al de los docentes universitarios en posesión de la acreditación y con atribuciones más amplias.

Más allá de lo sugestivo de los titulares noticiosos, lo cierto es que la realidad dista por el momento de ser tal y la situación merece importantes matizaciones, algunas de los cuales trataremos de señalar en estas escuetas líneas.

En efecto, por parte del JS nº 18 de Valencia se ha declarado el derecho de 42 profesores asociados a percibir la misma remuneración que sus homólogos a tiempo completo (catedráticos, titulares, contratados y ayudantes doctores, entre otros), en proporción al número de horas de docencia que tengan asignadas en virtud de sus contratos a tiempo parcial.

La primera puntualización que merece este precedente judicial, como inconveniente para generalizarlo de modo cuasiautomático, está íntimamente ligada con las particularidades del caso.

De entrada, la pretensión de los demandantes incluye -entre otros conceptos– la aplicación de un factor multiplicador específico del régimen salarial de una universidad en concreto; por tanto, su extrapolación a todos los supuestos docentes es forzosamente limitada (más allá, como es lógico, de las analogías que se puedan propiciar dependiendo del caso).

Por otro lado, y dada la fecha de interposición de la demanda, resultaba de aplicación el régimen de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y no la vigente Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

Con todo, esta divergencia en la legislación aplicable podría no suponer un elemento distintivo de peso respecto a otros profesionales que se rijan por la normativa actual, dada la similitud en la caracterización del profesorado asociado que se contiene en ambas leyes (no así en las condiciones aplicables a este colectivo para centro universitario, que sí contienen abundantes especificidades).

En cambio, sí debe llamarse la atención sobre una poderosa singularidad, estrechamente vinculada con la Parte Dispositiva del pronunciamiento, y que juzgo sin duda el elemento de mayor interés del precedente.

Si seguimos los hechos que el Juzgado estima acreditados, los asociados demandantes realizarían aparentemente una actividad docente muy semejante a la del resto profesores, entre las que se incluyen labores de gestión, así como preparación y participación en actos o reuniones, que llamativamente se equiparan con las que parecían realizar en análogas condiciones para el centro universitario los profesores titulares.

Si atendemos a los rasgos del colectivo demandante en los términos en que aparece definido por el pronunciamiento judicial, es inevitable constatar un clima de excesos funcionales ciertamente extendido.

Según el tenor literal del Fundamento de Derecho 5º, se habría verificado que los docentes asociados “desarrollan otras funciones que exceden de las horas de clase y tutorías establecidas en sus contratos en relación a su actividad laboral docente, en concreto en su actividad docente en cuanto procedimiento y criterios de evaluación se requiere a los profesores asociados la misma estructura del Plan Bolonia con evaluación continua del alumnado como criterio base de la programación docente, informando al estudiante sobre su progreso y la evaluación, realizando al igual que el resto de profesores universitarios la preparación de clases, elaboración de materiales, y las mismas tareas de gestión al margen de la docencia”.

Esto conlleva, en suma, que las funciones encomendadas excedían con mucho de las horas de clase y tutorías establecidas en sus contratos como tareas a realizar por el profesor asociado. Es decir: únicamente se abonaban las horas de clase y tutorías, cuando constaba la realización de tareas adicionales por estos profesores; por tanto, resulta evidente que la preparación de la docencia no estaba incluida, de forma soterrada o implícita, en el concepto de “hora de clase”.

En consonancia, la preparación y elaboración de materiales, o la evaluación continua del alumnado, no habrían sido remuneradas, pese a la constatación de que, en líneas generales (no se concreta numérica ni cuantitativamente) los docentes dedicaban más horas de las estipuladas para estos menesteres.

Así las cosas, una vez certificada la realización de tales tareas adicionales y no compensadas económicamente, el sentido del pronunciamiento pudiera parecer en principio irrefutable.

Sin embargo, conviene no sustraerse al debate de fondo que suscita esta resolución: ¿que el profesorado asociado tenga en la práctica encomiendas más amplias que las recogidas en su contrato de trabajo, implica que su remuneración deba ser enteramente coincidente con la de otros grupos docentes?

Podría objetarse, en vista del Fallo del pronunciamiento y con la debida cautela de quien no conoce los pormenores procesales del caso, que si los profesores asociados atendían más horas de las concertadas para su relación laboral, la vía para remunerar dicho exceso sería la reclamación de horas extraordinarias, y no una suerte de presunción de igualación salarial con el resto de profesorado.

Así, una vez acreditado que los asociados venían efectuando cometidos no contemplados contractualmente con el correlativo incremento en su jornada de trabajo y horas de dedicación, los cuales resultaban en parte concurrentes con las de otras categorías profesorales, la sentencia concluye la equiparación salarial integral -en proporción a las horas- entre ambos colectivos.

No consta como motivo de oposición de fondo por parte de la Universidad, o al menos no se recoge de modo expreso en el cuerpo del pronunciamiento, una descripción de la relación de obligaciones labores que han de asumir otras categorías profesorales distintas a las del profesor asociado (de índole investigador, administrativo u otras), y que pudieran justificar en esencia un trato desigual sin incurrir en discriminación de clase alguna.

En definitiva, se trata de un pronunciamiento no exento de postulados controvertibles y aspectos sin abordar, acaso no tratados en la litis como consecuencia del principio de justicia rogada (que evita al Tribunal crear derecho desde la abstracción).

En todo caso, y a buen seguro, gran parte de los operadores jurídicos harán un atento seguimiento a fin de conocer el destino de la resolución en sede suplicatoria.

Briefs AEDTSS, 56, 2024