Reflexiones sobre el campo aplicativo de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI

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Reflexiones sobre el campo aplicativo de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI  

EVA GARRIDO PÉREZ
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Cádiz

Ante el debate abierto sobre el contenido y alcance de lo que puede ser un nuevo Estatuto de las personas trabajadoras para el siglo XXI, las líneas de pensamiento y propuestas están ya ofreciendo importantes aportaciones, delineando las señas de identidad ya generales o específicas a las que debería responder una actualizada ordenación de las relaciones laborales en sus elementos más esenciales de definición. En este proceso de análisis podría resultar oportuno poner el foco de atención en una cuestión esencialmente básica como es la delimitación del ámbito de aplicación de ese eventual nuevo Estatuto, pues la concreción de cuál sea su objeto condicionará materialmente su contenido como marco regulador, e incluso exigirá rediseñar los espacios de intervención de las distintas fuentes de ordenación de las relaciones laborales. Así pues, merece dedicar siquiera unas breves y limitadas reflexiones sobre el eje objetivo/subjetivo en torno al cual habría de girar un nuevo texto de regulación de las prestaciones de trabajo.

Nuestro vigente ET erige a las personas trabajadoras que desarrollan una prestación de servicios bajo determinadas condiciones como elemento definidor de su ámbito de aplicación, conforme a una delimitación que ha sobrevivido prácticamente inalterada durante más de 40 años a pesar de la falta de definición precisamente de los rasgos de dependencia y subordinación que iban a erigirse como los elementos limítrofes de la aplicación del ET. De hecho, limitándose la ley a acoger dichos rasgos para conformar el boceto de una prestación de servicios sometida al imperio de la disciplina jurídica laboral, su conformación material o sustantiva, esto es, qué debe entenderse por subordinación y dependencia tiene una clara autoría jurisprudencial, guiada menos por directrices legales y más por la necesidad de adaptar estas a situaciones y circunstancias emergentes que reflejan un determinado contexto socioeconómico. En conciliación con el carácter expansivo del Derecho del Trabajo y su aspiración tuteladora de prestaciones de servicios subordinadas, los tribunales han venido declarando la existencia de relación laboral allí donde se ha percibido un atisbo de subordinación/dependencia por la presencia de algunos de los indicios identificados desde la percepción casuística y elevados a señas de general interpretación y aplicación. Se trata de una labor nada desdeñable desde la convicción del rol de vanguardia que por lo general ha ejercido la jurisprudencia social a la hora de resolver sobre la laboralidad de actividades prestacionales de más que dudosa calificación, nacidas en especial al albur de sistemas tecnológicos y aplicaciones digitales, y también desde el convencimiento de que este frente de actuación va a seguir teniendo aún un importante camino por recorrer ante el surgimiento de nuevas y futuras prestaciones de servicios de singular cuño y caracterización.

En décadas pasadas el ordenamiento jurídico laboral ha tenido que enfrentarse al reto de la aplicación tecnológica en procesos económicos y productivos, así como del empleo de mecanismos de flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, siguiendo la bandera de la competitividad de las empresas. En los momentos actuales somos testigos de cómo ante la puerta del Derecho del Trabajo se presenta un nuevo proceso de transformación y cambios en el seno de la empresa, en esta ocasión bajo el nombre de la digitalización, con un orden económico empresarial donde impera la aplicación de elementos tecnológicos y digitales a los modelos de negocio y de actividad. Este proceso de digitalización sitúa a empresas y personas trabajadoras en un escenario diferenciado de aquel sobre el que se ha venido construyendo el sistema jurídico de ordenación de las relaciones laborales, hasta el punto de que la contemplación y gestión de éstas puede requerir otro tipo de respuestas desde el Derecho del Trabajo, más que reclamar un retroceso mismo de su ámbito de aplicación. En este sentido, las formas de prestación de servicios en entornos digitales no necesariamente han de responder a rasgos de trabajo autónomo ni hay incluso evidencia de que éste sea el más idóneo para responder a las exigencias económicas y productivas de tales entornos. Las prestaciones subordinadas utilizando sistemas de trabajo móvil o en remoto, aun dentro de un importante régimen de flexibilidad, son solo un ejemplo de cómo debe y puede darse una respuesta jurídicolaboral a la progresiva normalización y presencia de este método de trabajo en la organización empresarial, actuando normativamente sobre algunos de sus frentes más reveladores como son el control telemático de los tiempos de trabajo y el derecho a la desconexión digital.

Ciertamente el Derecho del Trabajo debe acompañar al proceso de digitalización como instrumento de protección de la persona trabajadora y de progreso en el reconocimiento de condiciones y derechos laborales. Pero la cuestión a debatir es hasta dónde se exige el cumplimiento de tal función, hasta dónde llevar los límites de la intervención normativa y el campo de aplicación de textos como el ET en la ordenación de las relaciones laborales, y cómo seguir manteniendo una uniformidad reguladora sobre la base de una manifiesta y creciente diversidad de actividades laborales que en su caso hubieran de someterse a los dictados de un ET. En este sentido, baste apuntar que uno de los posibles riesgos derivados de este proceso creciente de digitalización empresarial es el de la emergencia de una nueva polarización laboral y una fractura social entre, por un lado, quienes prestan servicios en sectores y ámbitos de fuerte impacto tecnológico, que cuestionan el modelo laboral de largas jornadas, búsqueda de empleo fijo y presencialismo heredado de generaciones precedentes, y por otro lado quienes permanecen en empresas tradicionales no susceptibles de digitalización o con categorías profesionales escasamente digitalizadas, y para los que sigue siendo operativo y viable ese sistema laboral preexistente y aún vigente. El modelo de ordenación de las relaciones laborales responde sin duda a la fisonomía delineada por el art.1 del ET, de modo que cuando las costuras de este ropaje jurídico empiezan a ceder, en un intento de dar cabida a prestaciones de servicios y a contextos de actividad económica bien diferentes, surge de inmediato el cuestionamiento del ámbito material y la función social del Derecho del Trabajo como disciplina reguladora, y más concretamente si un ET del siglo XXI requiere de una definición más detallada y precisa del trabajo objeto de su campo aplicativo con la que hacer frente al reto de delimitar sus propias fronteras. La opción de alargar la sombra protectora y aplicativa de la subordinación desde una noción legal que contara con un mayor detalle de sus rasgos morfológicos podría conducir a una incursión invasiva sobre el terreno del denominado trabajo parasubordinado y acoger actividades prestacionales para las que la ordenación jurídico laboral no tiene articulados mecanismos de regulación autónoma compatible y complementaria con la legal. El trabajo en plataformas es uno de los más claros ejemplos de ello, al concedérsele una cobertura laboral que no va acompañada del recurso a los adecuados instrumentos de representación y negociación de sus particulares intereses. En este sentido, la oportunidad y seguridad jurídica aconsejaría no forzar en exceso esas costuras de la ordenación jurídicolaboral para atender las especialidades de unas actividades que pueden no encajar, por mucho que se quiera o pretenda, en moldes tradiciones de lo que es un trabajo subordinado, ni recurrir a la vis atractiva del Derecho del Trabajo si tal opción conduce a acoger bajo la misma a prestaciones de servicios cuyas singularidades no encuentran adecuada respuesta en la ordenación legal y en la que no se les ofrece la garantía de mecanismos de autotutela y regulación convencional.

Desde esta perspectiva, el reto de los límites aplicativos de un nuevo y eventual ET no se solventa con una nueva noción legal del trabajo subordinado y dependiente que cierre sus fronteras, admitiendo por el contrario su carácter movible en atención al juego resultante de una doble función delimitadora: por un lado, una función interpretativa sobre la existencia o no de subordinación en aquellas prestaciones de servicios en la que se discutiera su presencia en entornos de trabajo aparentemente autónomos y sobre todo en aquellos esencialmente tecnificados o digitalizados; y otra función constitutiva complementaria, asegurando la subordinación y dependencia de unas actividades cuyos rasgos de singularidad no permiten que ocupen el mismo terreno que el modelo estandarizado de relación laboral que constituye el núcleo central de la disciplina laboral. Consiguientemente, podría seguir siendo operativa una conceptuación general como la que presenta el art.1 del ET, que evidencia más posibilidades de ampliación de su campo de aplicación que riesgos de exclusión de este, pero recurriendo de forma complementaria a una reforzada funcionalidad de las relaciones laborales especiales. En este sentido y a tal efecto, resultaría necesario una profunda revisión de la opción legislativa por un listado de relaciones sometidas a un régimen especial para su concreción en los términos excepcionales que material y funcionalmente fueran requeridos. Se trata de poner el foco de atención en delimitar cuándo es justificado un régimen especial de atención normativa para atender situaciones de  subordinación en peculiares entornos de actividad que no cuentan con instrumentos institucionales de ordenación de las condiciones de trabajo, así como de control de la corrección de las mismas, para evitar precisamente que tal escenario derive en una exclusiva y excesiva contractualización de la prestación laboral (como sería el caso de hogar familiar, el trabajo de penados, o la actividad de los riders). Situaciones que deben quedar diferenciadas de aquellas otras en las que una débil subordinación se alinea con un poder de negociación de sus condiciones de trabajo por parte de la persona prestadora de los servicios (como por ejemplo artistas o deportistas, y sin duda también quienes presentan perfiles profesionales muy específicos y de base tecnológica y digital), y para las que consiguientemente, lejos de liberalizar en tales casos un predominante poder contractual a través de un régimen especial de ordenación, debe imponerse el total e íntegro sometimiento al ET con la intervención de ese poder allí donde se legitime por efecto de la reglas de la supletoriedad y del respeto a la norma mínima.

Es así cómo el mecanismo de las relaciones laborales especiales puede dar respuesta a su doble funcionalidad como instrumento de delimitación complementaria del ámbito aplicativo de la legislación laboral básica que representa el ET: por un lado, para facilitar una paulatina integración en la ordenación laboral de actividades nacidas o situadas tradicionalmente a espaldas de la misma, insertándose como una relación laboral singular a modo de pórtico de entrada; y por otro lado, para delimitar aquellas actividades prestacionales cuya integración en el núcleo regulador de las relaciones laborales no resulta desde un principio admisible dadas sus singularidades, a pesar de los rasgos de subordinación que presentaran y que justificaran la acogida de tales actividades bajo el área de influencia de la legislación laboral. Conforme a estos parámetros funcionales, una revisión de las relaciones laborales especiales exigiría, en primer lugar, su depuración para integrar plenamente en la ordenación jurídica laboral aquellas actividades que ya han perdido la singularidad prestacional que en su momento pudo justificar un régimen específico; y en segundo lugar, su recurso tan solo para acoger aquellas actividades cuyas peculiaridades justificativas, ya provengan del entorno, del sujeto que las presta o de las condiciones en las que se desarrolla, no ocultan rasgos de subordinación o dependencia merecedores de tutela jurídico laboral.

El modelo de trabajo futuro debe ser sin duda adaptado y apegado al escenario en el que se inserta y consiguientemente ha de responder de la manera más adecuada posible a las influencias sociales, económicas y tecnológicas que muestre el presente siglo. Posiblemente nos encontraremos con un horizonte donde el trabajo humano (y hay que aceptar incluso este calificativo) represente un menor peso y valor en el armazón económico y organizativo de las empresas ante el avance inevitable de tareas y funciones realizadas por sistemas tecnológicos, robóticos y digitales, y donde se asista a la desaparición de buena parte de la estructura profesional conocida para dar paso al nacimiento y el crecimiento de nuevos trabajos y cometidos. Todo ello inserto además en formas o sistemas de actividad y producción que dan cobijo a prestadores de servicios de cuño digital o al menos totalmente diferencial del que justificó por lo general la actual ordenación jurídico laboral. Puede ser ya el momento en el que se deba ofrecer una contemplación del trabajo subordinado objeto de un nuevo modelo de ordenación que, siendo uniforme en lo esencial y excepcional en lo particular, sea capaz de contemplar las singularidades y elementos diferenciales que presenten las prestaciones laborales subordinadas que existan y convivan en un paisaje ineludiblemente cambiante en el empleo, en los sistemas de trabajo y en las condiciones laborales..

Briefs AEDTSS, 23, 2024