Reflexiones de urgencia sobre la negociación colectiva tras el Real Decreto-Ley 2/2024

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Reflexiones de urgencia sobre la negociación colectiva tras el Real Decreto-Ley 2/2024

FEDERICO DURÁN LÓPEZ
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Córdoba

1.- El RDL 2/2024 modifica la redacción del apartado 3 del artículo 84 e introduce en ese mismo artículo un nuevo apartado 4, pasando el actual al número 5. A pesar de la intencionalidad política de la reforma, y de su introducción por el juego de intereses políticos, ajenos al mundo de las relaciones laborales, la interpretación de los nuevos preceptos dista de ser clara y de consagrar los que sus inspiradores han pretendido, como vamos a exponer seguidamente. Antes de ello, una observación: el deterioro de nuestro Estado de Derecho y de sus bases constitucionales roza en este caso la perversión. La normativa laboral y la configuración del propio sistema de relaciones laborales se ponen al servicio de intereses políticos. Ya de por sí es una grave distorsión que una reforma de calado de una institución clave de las relaciones laborales, como es la negociación colectiva, se subordine a la coyuntura política y a las necesidades del partido en el gobierno. Esa reforma puede legítimamente defenderse, puede considerarse positiva para las relaciones laborales, pero en ningún caso debe hacerse por exigencias políticas (siendo el precio a pagar por el apoyo de un grupo político a la constitución y al mantenimiento de una opción de gobierno) al margen de los protagonistas de esas relaciones laborales y obviando el debate parlamentario y la intervención de los órganos consultivos (el Consejo de Estado y, en particular, en este caso, el Consejo Económico y Social).

Además, el uso del decreto ley en este caso creo que es abiertamente inconstitucional. Como he dicho, puede defenderse el contenido de la reforma y su bondad para el desarrollo de las relaciones laborales, pero lo que en ningún caso cabe sostener es que se trate de una reforma necesaria. Puede ser conveniente, aconsejable, lo que se quiera, pero desde luego lo que no cabe es considerar que sea necesaria. Y si no es necesaria, mucho menos puede considerarse urgente y desde luego no concurre ningún elemento que pueda fundar no ya la urgencia sino la extraordinaria y urgente necesidad que invoca la Constitución para el uso del instrumento legislativo excepcional que representa el decreto ley (artículo 86 CE). A pesar de la permisividad del Tribunal Constitucional al respecto, y de la concesión de un margen para la apreciación política de las circunstancias que permiten el recurso al decreto ley, no acierto a comprender cómo, en este caso, pueda defenderse la constitucionalidad de la norma basada en su extraordinaria y urgente necesidad.

En todo caso, la falta de debate y de intervención de los órganos consultivos, junto al intento de cubrir con un cierto disimulo las finalidades (políticas) últimas de la norma, ha llevado a una redacción que constituye, en su conjunto, un anacoluto y que genera, por tanto, múltiples dudas interpretativas. Dudas para cuya resolución hemos de tener en cuenta una premisa. No cabe interpretar la norma atendiendo a las finalidades (políticas) pretendidas por sus promotores. Afirmar que “ya se sabe lo que se pretendía”, que las finalidades (insisto, políticas) de la norma están claras, y que, por tanto, a la luz de eso, debemos interpretarla, no es jurídicamente correcto. Las leyes contienen mandatos objetivos y su interpretación ha de hacerse utilizando los criterios hermenéuticos contenidos en el Código Civil. Y esa interpretación no puede hacerse de manera aislada, sino teniendo en cuenta el conjunto de la normativa referente a la negociación colectiva.

2.- Lo primero que hay que tener en cuenta, a la hora de abordar la interpretación de la nueva situación normativa derivada de la reforma, es que la modificación introducida no afecta, para nada, al mandato del artículo 84.1 del ET. La regla de este apartado 1 del artículo 84, que consagra la prioridad aplicativa de los convenios anteriores en el tiempo (la regla del prior in tempore), y la imposibilidad de su afectación por otros convenios posteriores, sigue, pues, plenamente vigente. Con los matices que puedan derivar de los eventuales acuerdos sobre estructura de la negociación colectiva (artículo 83.2 ET, al que se refiere el 84.1; repárese en que la afectación de la regla del 84,1 solo puede provenir de esos acuerdos o convenios del 83.2, referidos a la estructura de la negociación colectiva y a los conflictos de concurrencia entre convenios, no de los acuerdos sobre materias concretas del 83.3) no existe, en nuestro ordenamiento, y sigue sin existir tras la reforma del DL 2/24, jerarquía entre convenios colectivos. El convenio aplicable es el anterior en el tiempo, sea de empresa o sea sectorial con uno u otro alcance territorial, y sobre el convenio aplicable no pueden incidir, durante su vigencia, otros convenios (manteniéndose la actual doctrina judicial sobre sucesión de convenios y cambios de unidades de negociación).

La única excepción a la regla del artículo 84.1 es la del apartado 2 del mismo artículo. La formulación de esa regla, como afirma el artículo 84.1 in fine se produce “salvo lo previsto en el apartado siguiente”, que es el 84.2, y que contiene una regulación que claramente exceptúa la aplicación de la regla general permitiendo que, durante su vigencia, un convenio sectorial pueda ser afectado por un convenio de empresa en las materias que el propio precepto indica. Por tanto, los convenios sectoriales que, al amparo de la nueva normativa de los apartados 3 y 4 del artículo 84 puedan celebrarse no quedan excluidos de la aplicación de lo previsto en el artículo 84.2, pudiendo ser afectados, durante su vigencia, por los convenios de empresa en relación con las materias indicadas.

Los apartados 3 y 4 del artículo 84 no constituyen excepción a lo regulado en el apartado 1 del mismo precepto, ni excluyen la aplicación de lo previsto en su apartado 2.

3.- La regulación de los apartados 3 y 4 del artículo 84 está relacionada con lo previsto en el artículo 83: “no obstante lo establecido en el artículo anterior”, se afirma como pórtico de la nueva regulación. El artículo anterior es el artículo 83, y en el marco y a la luz de lo previsto en el mismo debe interpretarse la nueva regulación. La normativa del artículo 83, además, no queda en absoluto afectada. La expresión “no obstante” es equivalente a “sin embargo” o “a pesar de”, por lo que significa que lo antedicho (artículo) 83 no impide la nueva regulación. Esta nueva regulación se añade a la del artículo 83, pero sin modificarla ni alterarla. El artículo 83, viene a decir el legislador, no impide la nueva regulación que se introduce, pero esta ni lo altera ni lo deroga. La formulación es completamente distinta en el apartado 2 del artículo 84 (incluyendo la referencia final del artículo 84.1) y en el nuevo apartado 3, por lo que no son normas que contengan una regulación equivalente. El 84.2 es excepción al 84.1 y el 84.3 es algo que se añade a lo previsto en el artículo 83, en cuyo marco debe ser interpretado.

4.- Los convenios de empresa no están afectados por la nueva regulación. Ninguna referencia se hace a los mismos y ningún sometimiento de ellos a reglas de preferencia aplicativa cabe deducir de la redacción de los nuevos apartados 3 y 4. Los convenios de empresa se siguen rigiendo por las reglas contenidas en el apartado 1 del artículo 84 y respecto de ellos ha de seguir vigente la misma doctrina actual referida a la sucesión de convenios y cambios de las unidades de negociación. El propio artículo 84.3 habla de la prioridad aplicativa de los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales de comunidad autónoma sobre los convenios sectoriales o acuerdos de ámbito estatal. La última referencia del apartado a los convenios o acuerdos estatales (así como la del artículo 84.4) hay que entenderla referida a lo previamente definido al regular el contenido esencial de la norma (la prioridad aplicativa), esto es a los convenios sectoriales. Un convenio de empresa vigente y con prioridad aplicativa no podrá ser afectado por convenios ni acuerdos interprofesionales o sectoriales autonómicos concluidos en virtud de lo previsto en el artículo 84.3 en relación con el 83.2 ET, ni tampoco por convenios provinciales con la prioridad aplicativa del apartado 4 del artículo 84.

 

5.- El artículo 84.3 permite que se negocien convenios colectivos y acuerdos interprofesionales de comunidad autónoma, que tendrán prioridad aplicativa sobre los convenios sectoriales o acuerdos de ámbito estatal. Son dos figuras distintas, convenios sectoriales y acuerdos interprofesionales, que están contempladas en dos apartados distintos del artículo 83.2 ET, por lo que deben ser consideradas separadamente.

5.1.- En primer lugar, pueden negociarse convenios colectivos (sectoriales) de comunidad autónoma. Y estos convenios tendrán prioridad aplicativa sobre los de ámbito estatal, siempre que su regulación resulte más favorable para los trabajadores. Por tanto, se trata de convenios de mejora de los estatales que:

  • Han de ser de ámbito de comunidad autónoma. Esto es, de una sola comunidad autónoma. No cabe la negociación de un convenio, al amparo de esta regulación, y con la consiguiente prioridad aplicativa, que afecte a más de una comunidad autónoma (por ejemplo, País Vasco y Navarra).
  • La mejora, o el carácter más favorable de la regulación ha de apreciarse en su conjunto, globalmente, no mediante la técnica del “espigueo”.
  • Ha de tratarse de convenios reguladores de condiciones de trabajo y no de la estructura de la negociación colectiva, en relación con la cual no cabe apreciar el carácter más favorable de una u otra regulación.
  • En ningún caso pueden resultar afectados los convenios de empresa que gocen de prioridad aplicativa.
  • En ningún caso cabe negociar, ni para mejorar, sobre las condiciones expresamente excluidas por el apartado 5 del artículo 84.

5.2.- Pueden negociarse también acuerdos interprofesionales (artículo 84.3 en relación con el 83.2 segundo párrafo). Ahora bien, ¿qué tipo de acuerdos interprofesionales? Si son de estructura de la negociación colectiva pueden ser de aplicación, como ya lo eran antes, en el ámbito de la correspondiente comunidad autónoma. Pero si existe un acuerdo interprofesional estatal sobre la estructura de la negociación colectiva (y conflictos de concurrencia), no está clara la prioridad aplicativa del acuerdo autonómico. El artículo 84.3 no la establece explícitamente y la regla de que el acuerdo autonómico haya de resultar más favorable para los trabajadores pone de manifiesto que se está pensando en acuerdos reguladores de condiciones de trabajo, no de estructura de la negociación colectiva. Por tanto, puede defenderse que los acuerdos interprofesionales estatales sobre estructura de la negociación colectiva no resultan afectados y los acuerdos interprofesionales autonómicos no gozan de prioridad aplicativa frente a ellos.

¿Qué sentido tendría, entonces, la mención a los acuerdos interprofesionales del nuevo apartado 3 del artículo 84? Probablemente el único sentido viene dado por su conexión con el apartado 4: los acuerdos interprofesionales autonómicos, de estructura de la negociación colectiva, podrán establecer la prioridad aplicativa de los convenios provinciales (de la correspondiente comunidad autónoma) sobre los convenios sectoriales estatales (o supraprovinciales), siempre que su regulación resulte más favorable (en el sentido que ya hemos indicado) para los trabajadores. Y ello, aunque nada prevea al respecto el acuerdo interprofesional estatal que pudiera existir. La estructura de la negociación colectiva fijada por un acuerdo interprofesional estatal no puede, por tanto, ser alterada por un acuerdo interprofesional autonómico, con la salvedad de que este pueda consagrar la prioridad aplicativa de los convenios provinciales, en los términos del apartado 4 del artículo 84.

 

6.- ¿Qué sucede con los acuerdos de materias concretas del artículo 83.3 ET? En principio, podrían considerarse excluidos de las nuevas reglas de prioridad aplicativa del apartado 3 del artículo 84. Este se refiere expresamente a los acuerdos interprofesionales de comunidad autónoma, que son los contemplados en el artículo 83.2 ET. Los acuerdos sobre materias concretas del artículo 83.3 son distinguidos por el legislador de los acuerdos interprofesionales. Basta leer el apartado 3 del artículo 83: “Estos acuerdos, (sobre materias concretas) así como los acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado 2” (…). Así pues, estamos en presencia de dos figuras distintas: acuerdos interprofesionales (artículo 83.2) y acuerdos sobre materias concretas (artículo 83.3). El nuevo artículo 84.3 hace referencia a los acuerdos interprofesionales y no a los acuerdos sobre materias concretas. Y en el apartado 4 del propio artículo 84 se hace referencia a los acuerdos interprofesionales suscritos “de acuerdo con el artículo 83.2”. Por tanto, el artículo 83.3 no ha resultado afectado por la nueva regulación, y respecto de los acuerdos sobre materias concretas, que pueden ser estatales o autonómicos, no juega la regla de la prioridad aplicativa de los acuerdos autonómicos.

 

7.- Por último, los convenios provinciales “con cobertura autonómica”, cuando así lo prevean acuerdos interprofesionales de la correspondiente comunidad autónoma, tendrán prioridad aplicativa sobre los convenios sectoriales estatales, siempre que resulten más favorables para los trabajadores, en los términos indicados. La referencia a los “acuerdos estatales” es incorrecta y probablemente sobra, pero en todo caso ha de venir referida a acuerdos estatales de fijación de condiciones de trabajo que no sean los acuerdos sobre materias concretas del artículo 83.3 ET, por las razones que ya hemos indicado.

Esta prioridad aplicativa de los convenios provinciales no alcanza a los convenios de empresa, por las razones ya expuestas, y por la propia restricción de la formulación general del artículo 84.3 a los convenios sectoriales, a cuya luz hay que interpretar las posteriores referencias a los convenios. Además, la referencia expresa del apartado 4 del artículo 84 al artículo 83.2 ET, nos sitúa en el ámbito de esta norma y deja al margen los acuerdos sobre materias concretas del artículo 83.3. Que, como ya hemos indicado, no están afectado por la prioridad aplicativa de los convenios y acuerdos autonómicos que introduce la nueva regulación de los apartados 3 y 4 del artículo 84.

Briefs AEDTSS, 60, 2024