Reflexiones críticas a propósito de la STC 89/2024, de 5 de junio. La necesaria delimitación entre el principio de igualdad y la prohibición de discriminación

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Elena Desdentado

Reflexiones críticas a propósito de la STC 89/2024, de 5 de junio. La necesaria delimitación entre el principio de igualdad y la prohibición de discriminación

ELENA DESDENTADO DAROCA
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Nacional de Educación a Distancia

La sentencia del Tribunal Constitucional 89/2024, dictada por el Pleno el pasado 5 de junio, ha desestimado íntegramente el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox en el Congreso contra los arts. 4.4, 9.1, 13.2, 20.2 y 47, apartados 2, 3 d) y 4 d), de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Dña. María Luisa Segoviano, cuenta con tres votos particulares suscritos por cinco magistrados.

Una primera lectura de esta sentencia nos puede llevar a pensar que tiene una importancia relativa en nuestra disciplina. Es cierto que de todos los motivos de inconstitucionalidad que presenta el recurso tan solo dos afectan directamente al ámbito laboral y no parece que sean precisamente los que han suscitado un mayor debate en el seno del tribunal, dado el contenido de los votos particulares, centrados en otros aspectos. Pero una segunda lectura, más sosegada, permite identificar algunas cuestiones sobre las que vale la pena reflexionar.

Centraré mi atención en las impugnaciones de los arts. 4.4 y 9.1 de la Ley 15/2022, dejando aparte las relativas a los arts. 20.2 (prohibición de discriminación en el acceso a la compra o alquiler de vivienda), 13.2 (prohibición de financiación pública de los centros educativos que apliquen la educación segregada por sexo) y 47 (tipificación de las infracciones leves).

En relación con el art. 4.4 de la ley, el recurso alega que este precepto, al imponer la perspectiva de género en las políticas públicas contra la discriminación, incorpora un planteamiento puramente ideológico, en contra del pluralismo político reconocido por el art. 1.1 CE, la libertad ideológica garantizada por el art. 16.1 CE y la objetividad con la que debe actuar la Administración según el art. 103.1 CE.

El Tribunal Constitucional rechaza la tacha de inconstitucionalidad alegada. Con cita en su sentencia 44/2023, aclara que con la expresión “perspectiva de género” se alude a una “categoría de análisis de la realidad desigualitaria entre mujeres y hombres dirigida a alcanzar la igualdad material y efectiva” y a un “enfoque metodológico y un criterio hermenéutico transversal orientado a promover la igualdad entre mujeres y hombres, como parte esencial de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos”. En este sentido, dice el Tribunal, la expresión está desprovista de orientación ideológica alguna, más allá del respeto a los valores constitucionales. Y no es, además, una opción innovadora en nuestro ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional recuerda que los conceptos de género y perspectiva de género están reconocidos desde hace décadas en diversos acuerdos e instrumentos internacionales ratificados por España, en el Derecho de la Unión Europea, en el Derecho interno y en la propia doctrina constitucional.

Nada que objetar al respecto. La perspectiva de género tiene su fundamento en los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE, y es, en este sentido, una opción legislativa plenamente constitucional, que responde además a compromisos internacionales adquiridos.

Pasemos a la impugnación del art. 9.1 de la ley. Este precepto prohíbe que se establezcan “limitaciones, segregaciones o exclusiones”, por alguna de las causas previstas en el art. 2.1 de la ley, en la relación laboral. Los recurrentes denuncian que esta norma vulnera el art. 38 CE, al limitar de forma irrazonable y desproporcionada la libertad de contratación del empresario.

Los recurrentes admiten que la prohibición de discriminación, tal y como se configura en el art. 2.1 de la ley, resulta aplicable también en las relaciones laborales. Lo inconstitucional, dicen, no es prohibir legalmente la discriminación en este tipo de relaciones jurídicas, sino el hecho de que la prohibición se formule de forma absoluta, sin prever circunstancias que puedan justificar el trato desigual. El argumento es poco consistente, pues la ley, en sus arts. 2.2 y 4.2, establece, con carácter general, esas “circunstancias moduladoras”. Ahora bien, los recurrentes entienden que la aplicación de estos preceptos al supuesto previsto en el art. 9.1 no es clara, aunque admiten que, de resultar aplicables, se salvaría la tacha de inconstitucionalidad, por lo que exigen, a este respecto, una aclaración del Tribunal Constitucional.

La aclaración, aunque innecesaria, se ofrece en la sentencia: los arts. 2.2 y 4.2 de la Ley 15/2022 están ubicados en el título preliminar y en las disposiciones generales del título I de la Ley, respectivamente, por lo que se aplican a toda ella. El motivo de inconstitucionalidad, por tanto, perece.

La respuesta del Tribunal Constitucional, ceñida al marco legal, es clara y no suscita, en principio, especial interés, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta la poca consistencia de los argumentos del recurso. No obstante, en toda esta materia se constata una confusión generalizada -en la ley, en el recurso y en la sentencia- en relación con el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, que considero especialmente grave.

Es sabido que, de acuerdo con una doctrina constitucional reiterada y ya clásica, el art. 14 de la Constitución contiene dos incisos que hay que diferenciar. En el primero, se consagra una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la ley. Este principio general se configura como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, de modo que, para introducir diferencias entre ellos, debe existir una suficiente justificación, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas.

En el segundo inciso, el art. 14 CE establece la prohibición de discriminación, que constituye una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones, no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona. Esta prohibición -relativa pero reforzada- se aplica directamente a los particulares y no requiere de un término de comparación. No se trata aquí de imponer un trato igual frente a situaciones iguales, salvo que la diferencia esté justificada. Se trata, por el contrario, de prohibir radicalmente las diferencias basadas en motivos especialmente odiosos, vinculados a la segregación y a la marginación social, que vulneran la dignidad de los individuos integrantes del grupo afectado. Se establecen, en este sentido, cinco causas discriminatorias (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión) y una cláusula abierta (“cualquier otra condición o circunstancia personal o social”), que, claramente, debe interpretarse de acuerdo con los rasgos diferenciadores de las anteriores. 

En este contexto, es cuestionable que la Ley 15/2022 no distinga adecuadamente entre el principio de igualdad y la prohibición de discriminación. Siguiendo el modelo comunitario (cuyo ámbito es más restrictivo y responde a una técnica distinta), esta ley se refiere de forma constante a un único y exclusivo derecho a “la igualdad de trato y no discriminación”, al que se aplica un régimen híbrido con elementos propios del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación. Esto produce graves disfunciones, como puede verse precisamente en los arts. 2.2 y 4.2 antes examinados, en los que se admiten las diferencias de trato basadas en causas discriminatorias cuando puedan “justificarse”. Pero, salvo que la medida produzca un beneficio al colectivo afectado, ¿cuándo puede considerarse justificada la aplicación de un criterio discriminatorio como la raza, la religión o el sexo? La justificación opera en el ámbito del principio de igualdad, pero muy difícilmente puede operar en el de la discriminación.

Creo que una interpretación de la Ley 15/2022 acorde con el art. 14 de la Constitución exige depurar muchos de los preceptos de esta ley y, en especial, estos arts. 2.2 y 4.2, que, lejos de fortalecer las garantías frente a conductas antidiscriminatorias las debilita. La prohibición de discriminación es prácticamente absoluta y no puede ser objeto de “modulación” a través del llamado “juicio de mínimos”, basado en la racionalidad y la proporcionalidad. Este esquema funciona en el juicio ordinario de igualdad, pero no cuando se trata de diferenciaciones contrarias al orden público constitucional.

La sentencia que ahora comentamos, no obstante, adopta este nuevo enfoque de la Ley 15/2022, al aceptar la existencia de “un derecho a la igualdad de trato y de no discriminación” que opera en las relaciones jurídicas privadas, prohibiendo las diferencias basadas en causas discriminatorias, salvo que estén justificadas. Es, sin duda, este razonamiento el más llamativo de toda la sentencia.

Briefs AEDTSS, 64, 2024

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