Reanudación de la negociación colectiva y composición de la comisión negociadora: ¿es posible su renovación con posterioridad a su constitución?

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Foto Rosa Rodríguez Martin Retortillo

Reanudación de la negociación colectiva y composición de la comisión negociadora: ¿es posible su renovación con posterioridad a su constitución?

ROSA RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Vigo

La representatividad para negociar convenios colectivos estatutarios ha sido objeto de una arraigada doctrina judicial que, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2023 (STS 5444/2023), ha experimentado un cambio -o reorientación- en su formulación tradicional. En ella se aborda la temática de la renovación de la comisión negociadora de un convenio de empresa tras un largo período de inactividad y posterior alteración de la representatividad, como consecuencia de ulteriores procesos electorales.

En esta resolución, el Tribunal analiza la cuestión controvertida en torno a tres ejes principales:

– El aspecto material, al examinar el alcance de la legitimación para negociar convenios de ámbito empresarial al amparo del art. 87.1 del Estatuto de los Trabajadores.

– El elemento cronológico, que vincula el momento para acreditar la legitimación de las partes a la fecha de constitución de la comisión negociadora.

– El criterio de la excepcionalidad, que permite obviar la regla anterior por concurrir concretas singularidades que lo justifican.

En el caso objeto de este litigio, es clara la condición de sujeto colectivo legitimado que presenta el nuevo sindicato que cuenta con representatividad tras los procesos electorales celebrados posteriormente. En tal sentido se expresa el art. 87.5 del texto estatuario, al señalar que todo sindicato que reúna el requisito de legitimación tendrá derecho a formar parte de la comisión negociadora. Asimismo, el art. 88 establece que el reparto de miembros con voz y voto en el seno de la comisión negociadora se efectuará con respeto al derecho de todos los legitimados según el artículo anterior y en proporción a su representatividad. El debate surge una vez que la comisión ya se encontraba válidamente constituida. En su doctrina previa, la Sala IV ha destacado en numerosas ocasiones que la fecha de constitución de la comisión negociadora es la que se debe tomar como referencia para determinar la legitimación inicial de las personas que la integran. Un ejemplo reciente de esta doctrina precedente se encuentra en su Sentencia de 2 de febrero de 2023, en la que se afirmar que de atender al resultado de posteriores elecciones se generaría una dinámica de incertidumbre sobre los niveles de representatividad que se revelaría incompatible con el normal desarrollo de un proceso de negociación.

Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que, a partir de ese eje cronológico bien delimitado, las singularidades que permiten excepcionar dicha regla general se basan en varios motivos, como el vacío negociador prolongado en el tiempo; la alteración de la representatividad del banco social como consecuencia de posteriores resultados electorales; y la actitud proactiva del sindicato, una vez obtuvo representación suficiente, para hacer valer su derecho a formar parte de la comisión negociadora.

En su Fallo, el Tribunal confirma la Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de octubre de 2020, en la que se acredita la vulneración del derecho a la libertad sindical, en su vertiente funcional a la negociación colectiva, y se condena a la empresa al pago de una indemnización por daño moral. Tal sentencia ordena la recomposición de la mesa de negociación para adecuarse a la actual representación, aunque no aborda el aspecto de la concreta asignación de asientos entre los sindicatos, al trascender del objeto del proceso de tutela de derechos fundamentales.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo cuenta con un voto particular en el que la Magistrada que lo formula entiende que el criterio del Pleno puede dotar de incertidumbre al proceso negociador, y afectar a la seguridad jurídica, e insiste en la relevancia de la regla que vincula la legitimación con el momento de la constitución de la comisión negociadora, sin que, a su parecer, se produzca en este caso vulneración de ningún derecho.

En conclusión, esta sentencia supone una nueva orientación en la tradicional doctrina sobre la composición de la comisión negociadora y su eventual renovación, a tenor de factores distintivos que permiten excepcionar la regla general y adaptar –baja concretos parámetros- la dinámica negociadora al contexto temporal y personal en el que se desenvuelve.

Briefs AEDTSS, 18, 2024