Principales reformas de la regulación de la discapacidad realizadas por Ley 4/2026, de 1 de octubre

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Belen Garcia Romero

Principales reformas de la regulación de la discapacidad realizadas por Ley 4/2026, de 1 de octubre

BELÉN GARCÍA ROMERO
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Murcia

La Ley 4/2026, de 1 de octubre (BOE 3-10-2026), modifica, en su artículo 1, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, con el propósito de acomodar su regulación a la redacción del artículo 49 de la Constitución resultante de la reforma de 2024 (BOE 17-2-2024). A su vez, la reformulación del mencionado precepto constitucional tuvo como objetivo adaptarse al marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 3 de diciembre de 2007. Este texto internacional supuso la asunción irreversible de un enfoque de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, en el que las personas con discapacidad deben ser las protagonistas y no simples espectadoras y situarse en el centro de todas las decisiones que afecten a sus vidas.

Se trata de una reforma de calado con la que se pretende hacer efectivos los mandatos de inclusión social, autonomía personal, igualdad y accesibilidad universal, y el refuerzo de la protección a las mujeres y a la infancia con discapacidad.

Se pretende fomentar una imagen positiva de la discapacidad, libre de estigmas, y tipificar como infracción grave la mofa pública y la celebración de espectáculos denigrantes. También se reconoce y visibiliza la diversidad entre las personas con discapacidad y cómo la concurrencia de varios factores en una misma persona puede traducirse en discriminaciones interseccionales.

La Ley reconoce la accesibilidad universal como un derecho que constituye un presupuesto irrenunciable para asegurar la igualdad, la vida independiente y la plena inclusión de las personas con discapacidad, así como el disfrute de derechos y libertades como la educación, la salud, la vivienda, el transporte, la cultura, la información, etc.  A partir de ahora, la garantía de accesibilidad de entornos, servicios y espacios será una obligación para las administraciones públicas y su ausencia podrá ser objeto de reclamación ante los tribunales. Para hacer efectivo dicho derecho, la Ley lo dota de un presupuesto, mediante la creación un Fondo Económico de Promoción de la Accesibilidad Universal (nueva Disposición adicional decimoctava), que financiará las adaptaciones e intervenciones necesarias en los servicios y espacios públicos.

Este derecho se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables, que se aplican cuando no bastan los dispositivos de accesibilidad y son necesarias medidas de adaptación específica para una persona concreta. La Ley precisa que la no realización de un ajuste razonable constituye una discriminación por razón de la discapacidad y la violación del derecho a la no discriminación. En consecuencia, en caso de denegación de los ajustes, entran en juego las disposiciones en materia de no discriminación y, también las relativas a la protección de derechos.

En el ámbito laboral, se introducen medidas dirigidas a lograr el acceso al empleo de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, en el acceso a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, en las condiciones de trabajo- incluidas las retributivas y de despido-, en la promoción profesional y en la formación profesional ocupacional y continua, en la formación para el empleo y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales. Además, se impulsa el empleo con apoyo y el empleo personalizado. Los centros especiales de empleo se denominarán empresas de inclusión laboral para personas con discapacidad. Por último, la obligación empresarial de adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad no se circunscribe solo a las personas con discapacidad, sino que se amplía a los cónyuges o parejas de hecho y a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad que realicen labores de cuidado.

Por otra parte, la Ley 4/2026 lleva a cabo la asimilación entre los grados de dependencia y discapacidad, correspondiendo al grado I de dependencia un 33 por ciento de discapacidad, y a los grados II y II un 65 por ciento, a los efectos de esta ley, con expresa exclusión del ámbito tributario. La persona puede siempre solicitar una valoración conforme a su discapacidad real.

Otras modificaciones relevantes son las relativas a: 1) el respeto al derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familia de las personas con discapacidad en su seno; 2) el derecho a la atención temprana de los niños y niñas con discapacidad; 3) el respeto, apoyo y cuidado de las personas con problemas de salud mental; 4) la determinación de un plazo específico para la resolución y notificación de los procedimientos sancionadores en materia de igualdad de oportunidades; 5) la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la inteligencia artificial, y 6) La inclusión de salvaguardas y requisitos legales para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto con personas con discapacidad.

CITA: GARCÍA ROMERO, BELÉN, “Principales reformas de la regulación de la discapacidad realizadas por Ley 4/2026, de 1 de octubre”, Briefs AEDTSS, número 100, Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2026.

Briefs AEDTSS, nº 100, 2026

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