Negociación de convenio colectivo y medición de la representatividad sindical: límites del anclaje temporal de la medición cuando se lesiona el derecho de libertad sindical

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Negociación de convenio colectivo y medición de la representatividad sindical: límites del anclaje temporal de la medición cuando se lesiona el derecho de libertad sindical. A propósito de la STS/Pleno 30-11-2024

MARÍA NIEVES MORENO VIDA
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Granada

La STS 5444/2023, de 30/11/2023 ha vuelto a plantear el debate sobre la válida composición de la Comisión Negociadora de un convenio colectivo de empresa y la medición de la representatividad, lo que plantea, en esencia, la garantía del derecho a la negociación colectiva como parte del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad sindical.

          La STS 5444/2023, de 30/11/2023, resuelve los recursos de casación interpuestos contra la SAN de 30 de octubre de 2020 (autos núm. 33/2020), confirmándola y declarando firme su pronunciamiento(autos núm. 33/2020) que ordenó “el cese inmediato del comportamiento antisindical al que la sección sindical de USO se ha visto sometida tanto por parte de ISDEFE así como de los sindicatos codemandados”, ordenando la  recomposición de la mesa de negociación para adaptarse a la representatividad derivada de los procesos electorales de 2017 y 2018, declarando el derecho de USO a formar parte de la mesa negociadora del Convenio colectivo y condenando a la empresa al pago de una indemnización al sindicato demandante por daño moral en cuantía de 1250 euros.

El debate que se ha suscitado es si, con esta STS\Pleno 30/11/23, el Tribunal Supremo cambia su doctrina consolidada para admitir ahora la medición dinámica de la representatividad para negociar un convenio colectivo estatutario.

          En síntesis, en diciembre de 2014 quedó constituida la Comisión Negociadora para negociar el I Convenio Colectivo de ISDEFE (empresa pública de consultoría e ingeniería) con la representación de la empresa y la de los trabajadores, repartidos entre todos los sindicatos con representación en la empresa en ese momento de forma proporcional a su representatividad sindical en la empresa (CSIF, CC.OO, UGT y CGT). Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2019 la Mesa de Negociación mantuvo reuniones sin llegar a alcanzar ningún acuerdo. Durante el periodo comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2018 se celebraron elecciones a los comités de empresa (salvo en uno de los centros de trabajo), de las que surgen 2 nuevos sindicatos: Somos y USO. La sección sindical de USO en ISDEFE ha venido reclamando su capacidad negociadora y su correspondiente derecho de presencia con voz y voto en la Mesa de Negociación sin conseguir que ninguna de las peticiones realizadas fuese considerada. Dentro de un plan de trabajo para impulsar la negociación del I Convenio Colectivo de ISDEFE, durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, se constituyeron grupos de trabajo entre los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación para avanzar en la negociación del Convenio Colectivo de ISDEFE, en los que no estaban incluidos los sindicatos USO y Somos. Durante el periodo 2015-2019 en la Mesa de Negociación se han firmado algunos acuerdos relativos a incrementos salariales y aplicación de la jornada laboral. En todo el período transcurrido desde 2014 hasta 2020, durante dos años no ha sido convocada la mesa negociadora por diversos motivos y desde diciembre de 2019 no se ha vuelto a reunir la mesa. Por tanto, como se indica en esta sentencia “la cuestión a decidir se ciñe a determinar si, como concluye la SAN recurrida, USO ha visto vulnerado su derecho a intervenir en la negociación de un convenio colectivo de empresa. La duda deriva de otra previa: precisar quién está legitimado (por el lado asalariado) para integrar la comisión negociadora del convenio colectivo”.

Es necesario recordar que el modelo normativo parte de la premisa general de derecho necesario del respeto a los principios de representatividad y de proporcionalidad (art. 88.1 ET). Partiendo de ello la doctrina jurisprudencial sobre el momento para medir la representatividad ha establecido un anclaje cronológico claro que ofrezca seguridad jurídica, estableciendo que el momento de la constitución de la comisión negociadora es el único que resulta relevante en orden a la fijación de los niveles de representatividad, con la lógica consecuencia de que la representatividad así determinada no se puede reexaminar en tanto dura el proceso de negociación y, por tanto, no se altera cuando se celebren nuevas elecciones (STS 21 de junio 2017, rec. 136/2016; STS 2 de febrero 2023, rec. 69/2021). Conforme a ello, se mantiene en la Sentencia que “resulta contrario a la seguridad jurídica al introducir incertidumbre sobre los niveles de representatividad con un cuestionamiento constante de éstos incompatible con el desarrollo normal y estable de un proceso de negociación”.

Sin embargo, como se indica en la sentencia comentada, “el deseo de otorgar seguridad jurídica a la medición de la representatividad (constante en nuestra doctrina) presupone la existencia de un procedimiento de negociación desarrollado conforme a la buena fe y durante un tiempo prudencial”, lo que no parece que se corresponda con un proceso que se inició en diciembre de 2014 y que no ha concluido en 2020 (cuando se presenta la demanda por USO) y durante el cual la Mesa de Negociación mantuvo reuniones sin llegar a alcanzar ningún acuerdo, durante dos años no fue ni siquiera convocada por diversos motivos y desde diciembre de 2019 no se ha vuelto a reunir, lo que supone un largo período de vacío negociador que pone de manifiesto el abandono de la negociación emprendida.

No se trata, por tanto, de un cambio, propiamente dicho, en la doctrina sentada hasta ahora por el Tribunal Supremo respecto a la medición de la representatividad para la negociación del convenio colectivo (pasando a una medición dinámica), sino de aclarar los límites de la fijación de un momento concreto para medir dicha representatividad, en aras a la seguridad jurídica, respecto a su validez en relación con la garantía del derecho de libertad sindical, dentro de cuyo contenido esencial se encuentra el derecho a la negociación colectiva.

Habiéndose acreditado un largo vacío de negociación, que se ha sustituido por acuerdos puntuales en materia de incrementos salariales y de tiempo de trabajo en el marco de lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado al tratarse de una empresa que forma parte del Sector Público Estatal, e incluso la constitución de grupos de trabajo para tratar de impulsar la negociación del convenio colectivo, denota que, como establece la Sentencia no se está ante el mismo procedimiento negociador que se inició en 2014. La Comisión Negociadora ha permanecido durante un lapso considerable sin actividad alguna y se ha consolidado “como un órgano estable para la negociación de condiciones colectivas de trabajo en ISDEFE”, llevándose a cabo una “desnaturalización” de su función dirigida a la negociación de un convenio colectivo estatutario. De esta forma, volver a plantear la negociación del I Convenio Colectivo de ISDEFE supone iniciar un nuevo proceso de negociación que implica la constitución de una nueva Comisión Negociadora que respete la representatividad existente tras los cambios producidos en ese largo período de tiempo, con una profunda alteración en el banco social debido a la celebración de elecciones sindicales.

Lo contrario podría permitir situaciones de bloqueo de la negociación colectiva y abuso de derecho por parte de sujetos que, en virtud de su legitimidad y representatividad, constituyeron en un momento determinado la Comisión Negociadora de un convenio colectivo que deja de negociarse durante un periodo de tiempo prolongado y se constituyen como Mesa estable de negociación de condiciones de trabajo, vulnerando el derecho fundamental de libertad sindical en su vertiente de derecho a negociar convenios colectivos de otros sindicatos que puedan reunir los requisitos de legitimación y representatividad que requiere nuestro sistema legal de negociación colectiva estatutaria.

Por lo tanto, la existencia de un prolongado paréntesis de inactividad en el proceso de negociación del convenio colectivo de empresa (proceso excesivo a todas luces: se inició en diciembre de 2014 y la demanda se interpone en 2020), de cambios importantes en la representatividad sindical durante dicho período y de un posicionamiento proactivo de un sindicato legitimado para negociar (que no se ha apartado voluntariamente de la negociación), denotan la necesidad de constituir una nueva Comisión Negociadora para llevar a cabo el proceso de negociación colectiva, sin que eso pueda suponer una ruptura del principio de seguridad jurídica pues ya no se está ante el proceso negociador anterior.

El principio de seguridad jurídica durante el proceso de negociación del convenio, desde que se constituye válidamente la comisión negociadora (cuyo respeto en cualquier caso mantiene el Voto Particular y que aquí no se cuestiona en un proceso normal de negociación de buena fe), no puede en ningún caso afectar, limitándolo, al contenido esencial del derecho fundamental de libertad sindical, impidiendo el derecho a la negociación colectiva a quiénes corresponda negociar legalmente en función de su representatividad que no pueden por ello ser excluidos de la comisión negociadora.

Briefs AEDTSS, 19, 2024