Necesidad y oportunidad del Estatuto del Trabajo del siglo XXI

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Mavi Espin

Necesidad y oportunidad del Estatuto del Trabajo del siglo XXI

MARAVILLAS ESPÍN SÁEZ
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Autónoma de Madrid

El nuevo acuerdo de coalición de gobierno progresista entre PSOE y SUMAR, España Avanza, recoge un punto 2 con el título de “Más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios”. Un punto que sigue al conjunto de medidas dirigidas a alcanzar “Una economía más moderna, al servicio de las personas y de un crecimiento justo y sostenible”. Ambos están enraizados en la experiencia de políticas públicas implementadas durante los últimos años, en un contexto de enorme dificultad, que ha sido atajado con iniciativas pioneras, fundadas en la prioridad de las personas y su bienestar, en la justicia social y en la sostenibilidad económica y medioambiental. Los datos acreditan que son políticas con un impacto real positivo.

Pues bien, dentro de este punto 2, se recoge la voluntad de culminar un Estatuto del Trabajo del siglo XXI (en adelante EdT). En consecuencia, se parte del proceso abierto con las sucesivas reformas incorporadas en este periodo reciente, reformas transformadoras de nuestro modelo de relaciones laborales, aceleradas ante los desafíos económicos derivados de crisis sanitarias y bélicas a los que nos estamos viendo sometidos.

En su redacción programática, el acuerdo concreta algunos elementos esenciales que muestran la necesidad y oportunidad de este EdT de un siglo que, ya en su primer cuarto, muestra una cara cargada de retos que, sólo como sociedad madura, asentada en sus valores y principios democráticos, pueden ser afrontados para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía avalando un futuro sostenible.

En primer término, se encomienda al EdT la articulación de una red básica de derechos para todas aquellas personas que presten actividades profesionales, aludiendo expresamente a los autónomos y a los cooperativistas.

Seguidamente, aborda la incorporación al EdT de las transiciones, digital y verde, poniendo en el centro la gobernanza y la negociación colectiva como garantías de equidad y transparencia.

Por último, se apunta la integración de tres contenidos imprescindibles, referidos a la organización del trabajo por cuenta ajena: primero, el refuerzo de las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues, a través de la revisión de sus causas, con un refuerzo de la excepcionalidad del recurso a estos mecanismos, sólo eficaces si sirven para garantizar la viabilidad de la empresa y siempre negociados, dando prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas adoptadas; segundo, el fortalecimiento de garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad. En tercer lugar, la mejora de la información económica a disposición de los negociadores de los convenios colectivos de ámbito supra-empresarial, con el objetivo de posibilitar un reparto más equilibrado de la renta y de las ganancias de productividad.

Sin duda es el momento del Estatuto del Trabajo de nuestro siglo. El mundo, también el del trabajo, está establecido en el cambio permanente y el ordenamiento social español ha reaccionado actualizándose con una dirección clara para no perder pie: la que da prioridad a las personas y la dignidad de las condiciones en que trabajan. Es un motor eficiente económica y socialmente.

El EdT se posiciona como un instrumento estratégico que construye ciudadanía. Un edificio amplio, construido de manera colectiva sobre el equilibrio de los pesos y contrapesos fruto del diálogo social que, a su vez, se convierte en la cláusula de revisión y actualización permanente para garantizar su vigencia.

Transitar de la resistencia a la acción convirtiendo el trabajo con derechos en el eje vertebrador de este EdT refuerza su carácter estratégico y de progreso. Un núcleo común de derechos garantizados para todas las personas que prestan servicios profesionales avanza en el equilibrio de la eterna tensión entre fuerzas centrípetas y centrífugas en el ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo.

De esta manera, una de las fuentes de desigualdad entre personas trabajadoras se contrarrestará y el debate se centrará en la configuración del ADN jurídico del trabajo por cuenta ajena, del trabajo por cuenta propia o del trabajo estatutario propio de las personas socias trabajadoras y de trabajo de las cooperativas y en los mecanismos para financiar y garantizar el ejercicio de esos derechos. Igualmente, este núcleo de derechos permitirá hacer emerger otras formas de trabajo que pugnan por su reconocimiento como el trabajo de cuidados.

Porque la diferencia entre estas figuras jurídicas no puede estar en la titularidad de esos derechos y su garantía, sino en el cumplimiento de los presupuestos que los configuran como formas diversas de prestar trabajos en un mundo cambiante, así como en la regulación de aquellos contenidos propios que las identifican. De este modo, el nuevo EdT se alineará con normas internacionales a la vanguardia como el Convenio 190 OIT sobre la violencia y el acoso, cuando regula “el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género”, que ya da cumplimiento al ODS 8 de la Agenda 2030 -Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos-.

La carta común de derechos en el trabajo ha de ser debatida, pero no puede dejar fuera, el derecho a la conciliación, al descanso y a la desconexión digital, a la salud en el trabajo, incluyendo la salud mental, derechos digitales de garantía de la intimidad, derechos de formación permanente. Asimismo, la perspectiva inclusiva, basada en factores como el género, la discapacidad, la edad o incluso el eje rural/urbano, es imprescindible en este debate sobre contenidos.

A partir de esta red común de derechos, corresponde, como señalaba, la ordenación ajustada a las necesidades de cada forma de trabajo. En este punto, se abre otro debate, de carácter material, sobre la posibilidad de regularlas en el  mismo cuerpo jurídico o en instrumentos separados pero, en todo caso, habrán de basarse en las singularidades de cada figura para ganar en eficacia y seguridad jurídicas.

En el ámbito concreto del trabajo asalariado, son de enorme interés las medidas contenidas en el acuerdo que ha dado pie al presente brief; aquellas que apuestan por la flexibilidad interna, garante del mantenimiento y de la estabilidad en el empleo tanto como de la actividad empresarial, siguiendo la estela marcada por fórmulas de éxito como la regulación de los ERTE y el Mecanismo RED ex art. 47 bis ET; también aquellas que refuerzan las garantías en los supuestos de flexibilidad externa. Más allá, es necesario adaptar la norma a las novedades que afectan a los tiempos de trabajo y a los lugares de trabajo, a la suficiencia de los ingresos, con su múltiple impacto en las personas trabajadoras.

Singular relevancia han de tener los mecanismos de gobernanza, asentados en el diálogo social para asegurar su equilibrio, como los referidos a los algoritmos. Se trata de mecanismos que permitirán encauzar desde la estabilidad cualquier innovación disruptiva propias de este siglo, garantizando la adaptación de la ordenación jurídica de las condiciones de trabajo.

La andadura de nuestra disciplina en estas primeras décadas del siglo muestra claramente que culminar el Estatuto del Trabajo del siglo XXI es un objetivo necesario y oportuno. Corresponde ahora aprovechar esta oportunidad para continuar esta senda de progreso. .

Briefs AEDTSS, 6, 2024