Las Decisiones del CEDS “tomadas jurídicamente en serio”: La STSJPV de 23 de abril de 2024 a la luz de la STC 61/2024, 9 de abril

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Cristobal Molina Navarrete

Las Decisiones del CEDS “tomadas jurídicamente en serio”: La STSJPV de 23 de abril de 2024 a la luz de la STC 61/2024, 9 de abril

CRISTÓBAL MOLINA NAVARRETE
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Universidad de Jáen

1. Nos alertaba hace años el jurista latino más influyente del último medio siglo, Luigi Ferrajoli, padre de la “Constitución mundial” (hoy preconiza una Constitución de la Tierra), contra “esta falacia realista que equipara el derecho y el hecho” (cuestionan la existencia de la norma porque en la práctica se vulnera a menudo). En cambio, llama al desarrollo de una metodología jurídica garantista integral (liberal y social) del Derecho, para “recuperar la dimensión normativa y axiológica de la ciencia jurídica internacional… presente en Vitoria y Kant” (este año se cumple el tricentenario del nacimiento de este último filósofo, que nos hizo creer en el ideario cosmopolita cuando resurgían ideologías autoritarias). ¿Y qué significa este aliento a una metodología jurídica depurada, cuidada, ni formalista ni realista en exceso? Dejemos seguir hablando al gran teórico del derecho defensor del llamado “positivismo constitucional”

Nos aclara el maestro que la recuperación de la ciencia jurídica cosmopolita, internacional, tiene un doble sentido. De un lado, rehabilitar “la función creativa”, en la medida en que el Derecho es un producto histórico-cultural, no solo dado, sino también “construido” por el sistema de fuentes, “comenzando por nosotros mismos, los juristas, que somos en buena medida responsables de él”. Y, de otro, al tiempo, “tomar en serio” el Derecho (el maestro latino se hace eco de la gran aportación del maestro anglosajón, Dworkin), esto es, el Derecho es un:

“sistema normativo, de manera que los posicionamientos y comportamientos efectivos de los Estados que se hallen en contradicción con él no suponen “desmentidos” a su existencia, como a menudo lamentan juristas y politólogos realistas, sino más bien “violaciones” cuya ilegitimidad debe ser obligatoriamente denunciada” (Luigi Ferrajoli, Derecho y garantías. La Ley del más débil, Trotta, 2004, pp. 155-156)

2. ¿Por qué este introito de ciencia jurídica en toda su extensión y apelando a voces autorizadas, de ámbito mundial, no solo de ciencia jurídica laboral e interna? Primero, porque me parece especialmente apropiada para salir al paso de algunas de las falacias que están ensombreciendo el debido debate jurídico, sereno y riguroso, en torno al valor jurídico de las Conclusiones y -sobre todo- Decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en general, y de manera particular de las relativas a la disconformidad con el art. 24 (y del art. 27.3) de la CSER de los arts. 56 ET (y de los arts. 110 y 286 LRJS). Como enseña Ferrajoli, el garantismo efectivo de un sistema jurídico “es una cuestión de grado”, de modo que su nivel depende de la coherencia y precisión de las garantías que aseguran su cumplimiento, sin que sus deficiencias o debilidades puedan poner en duda la existencia mismo como un sistema de límites y vínculos jurídicos impuestos a los Estados que, por sus compromisos internacionales, como con la CSER, renuncian (ex arts. 93 y 96 CE), a una plena soberanía (Luigi Ferrajoli, Derecho y garantías, p. 147).

De forma más concreta para nuestro asunto. Que Finlandia o Francia (incluida su Corte Constitucional) se resistan hasta ahora al cumplimiento no es un “desmentido” de la vinculatoriedad de sus compromisos, sino expresión de concretos incumplimientos, al igual que existen otros países que sí cumplen. Por cierto, Italia no se puede incluir en este grupo, porque su normativa sobre indemnizaciones tasadas está declarada inconstitucional y los tribunales tienen ya habilitación para establecer otras adicionales, para resarcir de los daños de forma efectiva y tener efecto disuasorio. Y es que, cuando se apela a la soberanía, legislativa o judicial nacionales, hay que recordar que eso implica asumir un enfoque de ausencia de límites y reglas de ámbito internacional que, en virtud de los principios de conformidad internacional ex art. 96 CE, es todo lo contrario a un sistema jurídico multinivel. Esto significa y no otra cosa la apelación a la buena técnica, sin que, en ningún sistema jurídico, ni continental ni anglosajón -basta recordar el art. 3 CC-, se asuma limitar la ley, compromiso o mandato internacional a su letra, exigiendo acudir, porque así lo exige el TCO, a lo que integran sus órganos de garantía máximos de forma reiterada, aunque no sean sentencias (STC 116/2006, FJ 5), en el caso, el CEDS.

Segundo, porque así se demanda, con razón, por un autorizado sector crítico con esta posición. Rigor que, en efecto, y partiendo de que debe ser en la doble dirección, nos exige, junto a la apelación a las leyes como sistema complejo, donde prevalecen, guste o no, las leyes internacionales ratificadas, atender al Derecho vivo, donde este debate está adquiriendo un nivel de seriedad y plenitud superior al precedente. En el ámbito contencioso se está haciendo (STS, 3ª, 1597/2023, 29 de noviembre) y en el orden social comienza un debate más rico y plural (ej. STS, 4ª, 269/2022, 28 de marzo).

3. Desde esta perspectiva, situados en el plano de la “razón práctica”, bajemos a la arena judicial, que cada vez expande más el debido juicio de convencionalidad (STC 140/2018). En este sentido, si muy interesante resulta el debate mantenido en la STSJ Cataluña 1347/2024, 5 de marzo, entre el voto mayoritario y el minoritario, aceptando en ambos la obligatoriedad de la doctrina del CEDS, aunque le otorguen finalmente un sentido diverso en un caso y otro (el voto mayoritario considera compatible la DA 10 ET con la CSE, el minoritario no), también lo es la posición asumida por la STSJ Cataluña 774/2024, 13 de febrero, relativa a las relaciones entre el art. 56 ET y el art. 24 CSER, evidenciando su disconformidad tras el juicio de convencionalidad siguiendo la doctrina del CEDS, si bien no va más allá en espera de la Decisión de Fondo del CEDS. Cierto, asumido en el plano del deber ser normativo el derecho a una indemnización complementaria, la niega en el caso porque no se prueban los daños adicionales.

          Por eso, más relevante resulta la STSJPV de 23 de abril de 2024, en la que, asumiendo una posición hermenéutica análoga, sí reconoce de manera concreta esa indemnización adicional por un despido improcedente en el que a la falta de justificación seria se le suma un daño específico de pérdida de oportunidad de un empleo más estable (lucro cesante). Un plus indemnizatorio que supone pasar de menos de 500 € (493,49) ex art. 56 ET a una cantidad de 30.000 € más, multiplicándola por más de 600 veces la indemnización letal tasada (aunque no supere el tope máximo de las 24 mensualidades, pues se reconocen 12 mensualidades, aunque la antigüedad es de pocos días). Concretamente, para la sala de suplicación social que confirma la de instancia:

la expectativa de un trabajo de un año, que motivó la extinción del contrato anterior, y que de haberse cumplido no habría derecho a la indemnización del art. 56 ET, ello debe suponer el daño reparable que la norma contenida en el art 24 de la CSE delimita como una indemnización adecuada o una reparación apropiada…”.

La sala vasca hace una aplicación directa del art. 24 CSER y tiene en cuenta los criterios del CEDS, aunque se libere de una genuina “obligación de asumir la decisión del CEDS”. Por lo tanto, al igual que hace la Corte Constitucional italiana (Sentencia 194/2018, 9 de noviembre), algo a menudo silenciado, a diferencia de lo que sucede con la Corte de Casación francesa (técnica del espigueo argumentativo), la dota de un valor interpretativo, al seleccionar los criterios para concretar el derecho a una indemnización adecuada ex art. 24 CSER. Y ello porque descarta las que chocan con la doctrina del CEDS:

Pero todas estas opciones chocan con algo que en las resoluciones del CEDS delimita como, por un lado, una reparación efectiva al trabajador, y, por otro lado, un elemento disuasor al empresario para tomar decisiones ajustadas a derecho

4. No podemos ir más allá en esta entrada. Ni que decir tiene que la sentencia de referencia vasca exige un análisis mucho más profundo, no está exenta de deficiencias (prescinde de identificar los daños emergentes: salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la sentencia, si no es readmitido) y contradicciones (dice que el concepto jurídico indeterminado indemnización adecuada está huérfano de concreción, pero la doctrina del CEDS le ha dado precisión) si se somete a un -debido- análisis jurídico riguroso. Es importante, a mi juicio, volver la mirada a la doctrina constitucional, que el debate, científico y judicial, está relegando, incomprensiblemente, cuando se pide, con razón, citar jurisprudencia. Por ejemplo, la reciente STC 61/2024, 9 de abril (con un voto particular nutrido que expresa una posición más matizada, conviene advertirlo, pero la doctrina es la del voto mayoritario), recuerda que, en relación a los Dictámenes, por lo tanto, resoluciones interpretativas de los órganos de garantía no jurisdiccionales, del Comité de Derechos Humanos de la ONU:

“conviene referirse también al argumento sostenido por la Audiencia Nacional acerca de que los dictámenes emitidos por los comités de la ONU no constituyen títulos ejecutivos que generen automáticamente el derecho a una indemnización, para afirmar … una…obligación estatal de cumplimiento de los tratados…derivada..del art. 96.1 CE. Este compromiso… lleva aparejada la exigencia de respeto a los mecanismos…de garantía de tratados cuando exista, como es aquí el caso, una voluntad estatal expresa de sumisión a dichos mecanismos” (FJ Cuarto, in fine).

Una doctrina mutatis mutandi perfectamente aplicable a las Decisiones de Fondo del CEDS. Con todo, ahora creo más importante reseñar el valor de esta doctrina, judicial y constitucional, para señalar cuál debe ser normativamente el sentido de la evolución del sistema y de la experiencia jurídica en nuestro país para el futuro próximo respecto de las indemnizaciones por despido sin una causa justificada. Marchemos todos y todas, pues, por la senda del método jurídico, nunca abandonado. Pero no lo usemos como si fuese unívoco, obviando siglos de debate sobre la teoría y la ciencia jurídicas, así como de la teoría de la interpretación, tratando de hacer verdadero solo el que conforma nuestra posición. Mejor intentamos aprovechar las lecciones del pasado y, en efecto, entre toda la comunidad científico-social, nos ponemos mano a la obra señalada por el maestro jurídico latino: construir una ciencia normativa y crítica, la propia de un positivismo constitucional multinivel, es el “horizonte axiológico que hoy se impone a los juristas en su trabajo”, también, a mi juicio, a los/as “juristas del trabajo”.

Briefs AEDTSS, 54, 2024