La reforma del artículo 50 ET por mor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero
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La reforma del artículo 50 ET por mor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero
EDUARDO ENRIQUE TALÉNS VISCONTI
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Valencia
El art. 50.1 b) ET reconoce la facultad extintiva por voluntad de la persona trabajadora cuando se produzca un incumplimiento en relación con el pago puntual del salario, concretamente, ante “la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado”. Se trata de un incumplimiento de naturaleza objetiva, pues no se exige la culpabilidad del empresario y resulta indiferente que esta vicisitud venga determinada por la mala situación económica de la empresa (STS de 28 de septiembre de 1998, rec. 930/1998 o la más reciente STS de 10 de septiembre de 2020, rec. 105/2018).
Lo que sí que se exige para poder justificar la extinción de la relación laboral es que concurra cierta gravedad en el incumplimiento, que normalmente se venía determinando por la persistencia en el tiempo del comportamiento moroso y el alcance de la suma adeudada (importes significativos de la nómina). La casuística en estos casos era muy elevada, dado que el art. 50.1 b) ET no ofrecía ninguna regla específica para su valoración y todo se dejaba en manos de la interpretación judicial.
En este orden de cosas, la DF 26ª de la LO 1/2025, de 2 de enero acaba de introducir unos criterios algo más concretos en los que, en todo caso, cabe entender que el empresario ha incumplido su obligación de abonar el salario puntualmente. Desde modo, comenzando por la falta de pago del salario, ahora la norma prevé que concurre la causa extintiva cuando se adeuden a la persona trabajadora tres mensualidades completas de salario en el periodo de referencia de un año (aunque no sean consecutivas). La lectura del precepto reformado me sugiere las siguientes consideraciones:
– La referencia a la falta de pago de tres mensualidades no nos resulta del todo desconocida, puesto que el TS ya había fijado su doctrina consolidando un horizonte de deuda coincidente, más o menos, con el impago de tres mensualidades (por todas: STS de 3 de diciembre de 2012, rec. 612/2012). Por este motivo, en este punto, la reforma parece alinearse con la jurisprudencia pronunciada en la materia.
– La reforma añade un periodo de referencia en el que deben de producirse los señalados impagos, al indicar que estos deben de concurrir en el periodo de un año. Cabe plantearse, razonablemente, si el lapso de un año tiene que coincidir o no con el año natural (o con el ejercicio económico de la empresa). Desde mi punto de vista, entiendo que la reforma no se está refiriendo al año natural, pues no lo ha dispuesto así expresamente. De este modo, el periodo de referencia a escoger será el de un año, tomando como parámetro un mes concreto respecto el mismo mes del año anterior.
– Ahora bien, lógicamente, no hace falta esperar a que pase un año para solicitar la extinción indemnizada, puesto que la falta de abono del salario que origina la gravedad contemplada ex lege puede darse perfectamente con anterioridad (si el impago es continuado esto podría ocurrir a partir del tercer mes).
– Cabe apuntar, asimismo, que el legislador se refiere en todo momento al término “salario”, que ahora se refuerza al reiterar el término en más ocasiones y no abrir el espectro a otra serie de créditos. Por ello, sigue vigente la doctrina clásica que siempre ha sostenido que las partidas “extrasalariales” no permiten acceder a la extinción por la vía del art. 50 ET (STS 2 noviembre 1996, rec. 1176/1996).
– El precepto reformado se refiere de forma concluyente a mensualidades “completas” de salario. De tal manera que las deudas que se proyecten sobre una parte de la nómina parece que no provocarán la extinción “automática” del contrato. Esto puede suponer un problema en el caso de personas que tengan un componente variable importante o bien se adeuden otra serie de complementos específicos o parte de la nómina (si bien estos supuestos seguramente se pueden llegar a reconducir por la vía de los retrasos continuados a los que más adelante me referiré).
– En definitiva, lo que ha introducido el legislador es una suerte de “cláusula de automaticidad” para supuestos en los que el incumplimiento alcanza lo previsto en la norma, en cuyo caso se podrá extinguir la relación laboral. Ahora bien, lo anterior no es óbice para que el órgano judicial pueda decidir la extinción del contrato con base a otros parámetros, pues no cabe perder de vista que el propio precepto permite que se puedan admitir otra serie de criterios, por lo que la casuística no ha sido eliminada por completo. Por ejemplo, se podría llegar a aceptar la extinción del contrato con un impago inferior a los tres meses si, además, esto va acompañado de un retraso lo suficientemente grave en los términos que más adelante expondré. En este sentido, la combinación de impago y retraso podrían, en determinados casos, justificar la necesaria gravedad cuando aisladamente no cumplan con los límites establecidos ex lege, pero sean valorados en su conjunto por el órgano judicial, en su caso, con otra serie de aspectos relevantes para determinar la resolución contractual.
Por lo que se refiere a los retrasos continuados en el abono del salario, aquí la intervención legislativa es, probablemente, bastante más relevante que en el caso de la falta de pago, dado que en este terreno el casuismo era, si cabe, mucho mayor, toda vez que no existían criterios uniformes más allá de algunas reglas abstractas. En relación con este punto me gustaría realizar las siguientes precisiones:
– De acuerdo con la nueva previsión el pago resulta extemporáneo “cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario”. Estos quince días no se computan desde el primer día de cada mes, sino que, en cada caso concreto, se hará desde la fecha en la que se deba de abonar el salario. Por este motivo, en primer lugar, hay que observar en cada empresa cuál es la fecha de devengo del salario y, a partir de la misma, contar los quince días que fija la norma. Si el pago de la retribución tiene lugar después de la fecha de su devengo, pero antes de que transcurran quince días, en principio, cabe entender que no concurre ningún “retraso continuado” que justifique la extinción del contrato de trabajo. La razón estriba en que el legislador ha establecido un lapso cierto que es el que debe de terminar con la disparidad de criterios que conjugaba tres elementos y que no daba respuesta segura al concepto de “retraso” (se acudía a un criterio temporal -retraso continuado y persistente en el tiempo- y cuantitativo -montante de lo adeudado-). La disparidad de criterios se producía, entre otras cosas, porque el propio TS concluyó que la lectura del art. 50 ET no se refería a la “magnitud” del retraso, es decir, al tiempo transcurrido entre el momento en que debió hacerse el abono y el momento en que se hizo, sino a la duración de ese comportamiento moroso, que debía de ser continuado (STS de 27 de enero de 2015, rec. 14/2014).
– Con anterioridad a la reforma, el TS habría establecido que la gravedad del incumplimiento se manifestaba mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos (STS de 10 de junio de 2009, rec. 2461/2008). Con todo, tampoco existía ningún número de meses concreto que fuera pacífico en la jurisprudencia que nos permitiera valorar dicha gravedad, dado que el legislador dejaba a los tribunales la apreciación de cuan larga debía de ser esa reiteración en la conducta morosa. En este punto el legislador también ha optado por trata de dilucidar que la gravedad se produce cuando el retraso tiene lugar “durante seis meses, aún no consecutivos”. Nuevamente, no se exige que el incumplimiento se produzca en mensualidades consecutivas, pero sí que tenga que enmarcarse en un determinado arco temporal, que también viene representado en una anualidad. Por lo tanto, debemos de circunscribir seis meses de retraso en el abono del salario en el intervalo de un año.
– Nuevamente, este período de un año no coincide con el año natural, sino que cabe escoger doce meses cualquiera y, dentro de ellos, que la empresa haya retrasado el pago del salario por encima de quince días desde su devengo y que esto ocurra durante un mínimo de seis meses.
– En principio, parece que el retraso continuado del pago del salario no tiene que ocurrir sobre “mensualidades completas” porque el legislador no ha traslado esta cuestión que, por el contrario, sí que aparece reflejada expresamente en la falta de pago. En este sentido, entiendo que el retraso de parte de la nómina que supere los referidos parámetros puede ser suficiente para admitir la extinción del contrato.
– Del mismo modo que sucede con el impago, la “cláusula de automaticidad” prevista por el legislador, que pretende procurar cierta seguridad jurídica, puede verse superada por el caso concreto cuando la situación revista de la gravedad suficiente. En el caso de los retrasos, dado que el legislador maneja dos parámetros distintos, opino que la conducta puede llegar a considerarse grave cuando uno de ellos no se cumpla por muy poco, mientras que el otro se rebase de una manera holgada. Por ejemplo, cuando el retraso esté cerca de los quince días de media durante bastante tiempo más de seis meses (vid. STS de 6 de noviembre de 2017, rec. 683/2016, que resolvió el contrato de trabajo por el retraso en el abono de la IT en pago delegado que se extendió durante un periodo ininterrumpido de trece meses, con un tiempo de duración media de 13,6 días). En similares términos, la gravedad también puede concurrir cuando la conducta morosa se aproxime a los seis meses en el periodo de un año, sin alcanzarlo, pero el retraso supere con creces los quince días desde su devengo.
En definitiva, los efectos de la reforma llevada a cabo sobre el art. 50.1 b) ET puede contribuir en cierta medida a la eficiencia del sistema judicial si termina con la disparidad de criterios preexistente y que venía ocasionada por la carencia de referencias legales sobre las que asir una interpretación uniforme. Quizás pueda contribuir al alivio de la carga de trabajo de los nuevos “tribunales de instancia”, dado que las partes podrán valorar con mayor precisión la gravedad del incumplimiento empresarial en fases prejudiciales y los órganos judiciales resolver con un poco más de seguridad jurídica (especialmente en el tema de los retrasos continuados).
Briefs AEDTSS, 2, 2025