La reforma del art. 84 por PSOE Y PNV: el resurgimiento del principio de mayor favorabilidad

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AIREVITAL V1

La reforma del art. 84 por PSOE y PNV: el resurgimiento del principio de mayor favorabilidad

RAFAEL MOLL NOGUERA 

Profesor Permanente Laboral de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de València

Como se recordará, en el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 32/2021 que tuvo lugar el 3 de febrero de 2022, el portavoz del grupo parlamentario vasco EAJ-PNV, el diputado Aitor Esteban Bravo, explicaba su voto en contra -recuérdese que su apoyo era imprescindible dadas las mayorías en la Cámara Baja- habida cuenta “no se protegía el marco vasco de relaciones laborales y el acuerdo interprofesional vasco del año 2017 […] en el que la mayoría sindical es diferente a la de todo el Estado”. Confesaba que el sentido de su voto hubiera sido favorable de haberse “protegido los convenios a nivel de comunidad autónoma cuando mejoran la situación de los trabajadores […] pues queda al albur de la reserva que se pueda hacer en convenios estatales y si estos dicen que prevalen, prevalen”. Y terminaba advirtiendo de que “el PNV no desistirá, bien lo sabe nuestro pueblo, y aprovechará todas las oportunidades”.

La principal reclamación del PNV iba dirigida a reformar el vigente art. 84 ET a fin de superar la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la concurrencia conflictiva de acuerdos interprofesionales (o convenios sectoriales que incorporen reglas de articulación de la negociación colectiva). Doctrina jurisprudencial que trató de despejar el vacío legal al respecto, pues el legislador no establece de forma clara en el art. 84.1 ET qué acuerdo interprofesional debe primar, si el estatal o el autonómico. En su lugar, se limita a señalar que las reglas del art. 84 ET son, como regla general, dispositivas por las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma según el art. 83.2 ET.

Se constata que la función ordenadora de la negociación colectiva puede ejercerse por diversos actores sin que exista una auténtica coordinación legal entre ellos, siendo los tribunales los que, hasta el momento, han aportado luz. En este sentido, merece especial atención la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de septiembre de 2016 (rec. 211/2016) en la que se defendió que la unidad estatal debe ser el espacio lógico para llevar a cabo una articulación armónica y racional con las unidades de negociación inferiores, sin que ello vulnere el derecho a la negociación colectiva ni la libertad sindical de los agentes autonómicos. Sentencia que fue confirmada por la STS de 13 de marzo de 2018 (rec. 54/2017), que, en definitiva, avaló la centralización estatal del modelo de negociación colectiva en España.

Más reciente, el pasado 25 de octubre de 2023, ya iniciada la XV legislatura, la Mesa del Congreso admitía a trámite la Proposición de Ley de modificación del art. 84 ET registrada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). El objetivo expreso de la modificación es claro: “facilitar la prioridad en la prelación de convenio y acuerdos a aquellos suscritos en comunidades autónomas”. El contenido de esta Proposición es coincidente con el acuerdo de investidura y de legislatura alcanzado por el PSOE y por el PNV el pasado 10 de noviembre y conocido esta semana:

“3. No obstante lo establecido en el artículo anterior, en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88, podrán negociar convenios
colectivos y acuerdos interprofesionales en la comunidad autónoma que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías
exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales.

  1. En el supuesto previsto en el apartado anterior, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual
    de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica”.

Si nos detenemos en el texto, lo primero que observamos es que no se ha modificado el art. 83.2 ET. Tal vez se hubiera conseguido el objetivo pretendido con la introducción de alguna regla legal que reconociera la preferencia aplicativa del acuerdo interprofesional autonómico en dicho precepto. En su lugar, se opta por reformar el art. 84.3 ET para, por un lado, eliminar la posibilidad de que un acuerdo interprofesional estatal suspenda la posibilidad de que los convenios autonómicos afecten a los de ámbito estatal y, por otro lado, reconocer de forma expresa la preferencia aplicativa tanto de convenios como de acuerdos autonómicos. En relación con esta preferencia, de una primera lectura se deriva que no se trata de una preferencia absoluta, sino que solo se predica respecto a “convenios o acuerdos de ámbito estatal” y, además, está condicionada a que “su regulación resulte más favorable”.

Así las cosas, este acuerdo político, de traducirse en estos términos en una reforma legal, podrá suponer un cambio en la estructura de la negociación colectiva en dos sentidos: una mayor descentralización hacia niveles autonómicos y una mejora de las condiciones laborales, pues ambas dinámicas parecen estar indisolublemente ligadas. Es cierto que abre (o reabre) algunos interrogantes prácticos como, por ejemplo, qué debemos entender por regulación más favorable y si con esta regla se rompe (todavía más) el principio de unidad de empresa en favor del espigueo normativo.

Tal vez esta modificación resulte fácilmente proyectable en el País Vasco, pero me genera dos principales dudas: por un lado, si en otros territorios implicará una mayor centralización en favor de los convenios estatales, provocando así un efecto no deseado en otras comunidades autónomas y, por otro, cuál es nuevo margen de actuación de la función ordenadora de la negociación colectiva a nivel estatal, que se verá muy resentida.

En segundo lugar, el pacto también afecta al art. 84.4 ET, en el sentido de suprimir la posibilidad de que mediante acuerdo negociado vía art. 83.2 ET pueda alterarse lo previsto en dicho precepto. Por tanto, con la redacción resultante los convenios autonómicos, en ninguna circunstancia, podrán negociar materias como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional o la jornada máxima anual. Resulta difícil entender la lógica política que esconde esta modificación, pues supone empobrecer materialmente la negociación colectiva autonómica, todo lo contrario a lo pretendido. Seguramente la explicación pase por fijar un marco autonómico estable y no dependiente de acuerdos interprofesionales estatales, aunque ello suponga limitarlo desde el punto de vista material.

En fin, habrá que estar al texto definitivo que salga de las Cámaras y, en su caso, a la aplicación e interpretación por parte de los tribunales. 

CITA: MOLL NOGUERA, RAFAEL, “La reforma del art. 84 por PSOE Y PNV: el resurgimiento del principio de mayor favorabilidad”, Briefs AEDTSS, número, Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 64, 2023.

Briefs AEDTSS, 64, 202y