La propuesta de regla de concurrencia de convenios recogida en el pacto de investidura entre PSOE y PNV

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La propuesta de regla de concurrencia de convenios recogida en el pacto de investidura entre PSOE y PNV

MANUEL CORREA CARRASCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad Carlos III de Madrid

 Uno de los compromisos contenidos en el reciente acuerdo de investidura (y, eventualmente, de legislatura) suscrito entre el PSOE y el PNV se hace eco de una de las reivindicaciones históricas de este último partido, la creación de un “Marco Vasco de Relaciones Laborales” adaptado a las peculiaridades socioeconómicas propias de dicho ámbito geográfico. Se trata de una pretensión descentralizadora que, al margen de otras consideraciones, se ha venido focalizando en la necesidad, que ahora se explicita en el mencionado acuerdo, de hacer efectiva la prevalencia del convenio sectorial autonómico sobre el estatal, lo que requiere la modificación de las reglas de concurrencia de convenios, uno de los ejes medulares sobre el que se erige el modelo estatutario de negociación colectiva. El hecho de que tal pretensión, que constituye una de las aspiraciones que, de forma reiterada, aparece contemplada en los sucesivos programas electorales del PNV, no hubiera encontrado finalmente plasmación en la última reforma laboral (aprobada por el RDL 32/2021), fue precisamente la causa que motivó la falta de apoyo de este partido a su tramitación parlamentaria, lo que da cuenta de la relevancia otorgada a esta cuestión.

          Ciertamente, la redacción actual del art. 84 ET ya recoge dicha impronta autonomista, pues es fruto de sucesivas reformas que, con mayor o menor rigor técnico, han tratado de plasmar dicho objetivo en coyunturas políticas similares a la actual. La presente propuesta se inscribe, por tanto, en una línea que comenzó a trazarse hace casi tres décadas, concretamente, en la modificación practicada por la ley 11/1994 sobre el diseño original de 1980, y que ha tenido como hito destacado la reforma efectuada por el RDL 7/2011, donde (además de recuperar la supeditación de las reglas heterónomas a las autónomas prevista en el modelo inicial) se corrigieron, en buena medida ,los defectos técnicos de la anterior, cuya confusa formulación había generado elevadas dosis de inseguridad jurídica en la práctica aplicativa.

          Quizá por ello, a diferencia de las anteriores, la actual propuesta se formula en términos explícitos, es decir, recogiendo literalmente (“negro sobre blanco”) la redacción literal de la modificación legal pactada. El objetivo no es otro que forzar definitivamente el cambio de modelo, determinando con mayor precisión el alcance de la reforma y evitando que las deficiencias técnicas y ambigüedades generadas en las reformas anteriores acaben lastrando su efectividad práctica.

          En este sentido, puede decirse que, sin lugar a dudas, el tenor literal de la modificación que se propone (que afecta a los apartados 3 y 4 del art. 84 ET) responde satisfactoriamente a tales expectativas. En primer lugar, porque se establece claramente que tanto los convenios colectivos, como los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico “tendrán prioridad aplicativa” sobre “cualquier otro” de ámbito estatal. En segundo lugar, de forma complementaria, con la supresión del primer inciso del actual art. 84.3 ET (y su correlativa sustitución por otro que antepone la nueva regulación a lo previsto “en el artículo anterior”) se deja igualmente claro que dicha prioridad aplicativa no es disponible por los convenios o acuerdos negociados al amparo de lo previsto en el art. 83.2 ET. Finalmente, tampoco cabe la posibilidad de alterar por esta vía el catálogo de “materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma”, al suprimir la regla dispositiva que, redactada en términos similares al apartado anterior, aparece contemplada en la actual regulación (art. 83.4 ET).

Como puede comprobarse, se reproduce la misma fórmula que se utiliza en el precepto para los convenios de empresa (con la salvedad, ya presente en la inalterada regulación actual, de que el elenco de materias negociables se establece en términos negativos), dejando patente el carácter imperativo e indisponible de la regla establecida. Por tanto, aunque se mantiene la exigencia de una mayoría reforzada para la aprobación de los convenios autonómicos, se aprecia un claro paralelismo entre el tratamiento que se propone para los mismos y el que se introdujo para los convenios de empresa en la reforma de la Ley 3/2012, lo que supone, en esencia, una nueva vuelta de tuerca en la progresiva restricción legal del papel de la autonomía colectiva en la ordenación de la estructura negocial.

Sin embargo, el mencionado paralelismo desaparece desde el momento en que la aplicación del convenio autonómico queda supeditada a que “su regulación sea más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales”.  Se trata de un inciso que representa una diferencia cualitativa de relieve respecto a la regla que establece, de forma absoluta e incondicionada (frente a cualquier otro convenio y al margen de su contenido), la prioridad aplicativa del convenio de empresa.

En efecto, la incorporación del principio de norma más favorable como criterio de articulación convencional propicia la vinculación del convenio autonómico con el sistema de negociación colectiva, incorporándolo a la estructura negocial. De este modo, frente a la desconexión del convenio de empresa (en lo que afecta al elenco de materias enumeradas) del resto de la estructura negocial que provoca la regla incorporada en la reforma de la Ley 3/2012 (prioridad aplicativa absoluta), en la propuesta comentada, sin embargo, el convenio autonómico no se convierte en un nuevo compartimento estanco, sino que se conecta a dicha estructura mediante un criterio de articulación convencional (principio de norma más favorable) que, por otra parte, es habitualmente utilizado en la praxis negocial a la hora de diseñar (“desde arriba”) la ordenación de la estructura de la negociación colectiva en el ámbito sectorial concernido.

En cualquier caso, no cabe eludir que la reforma que se propone constituye una nueva manifestación del dirigismo estatal que ha informado un largo proceso reformista tendencialmente orientado a limitar el papel de la autonomía colectiva en la ordenación de la estructura negocial, y que se ha plasmado en las sucesivas reformas practicadas en materia de concurrencia de convenios (a excepción de la última, acometida por el RDL 32/2021, que tuvo por objeto atemperar el, sin duda desmesurado, alcance de la de 2012). Ello ha provocado una transmutación del modelo original concebido en el ET de 1980, donde mediante el juego combinado de los arts. 83.2 y 84 ET, se confería un inobjetable protagonismo a la autonomía colectiva frente a las reglas heterónomas en el diseño de las reglas de ordenación de la estructura negocial. Ciertamente, aunque se trataba de una opción plenamente respetuosa con el modelo democrático de relaciones laborales que se pretendía instaurar en ese momento, su ineficiencia práctica en la dinámica negocial ha dotado de legitimidad al intervencionismo del legislador y, a la postre, ha servido de justificación para que el régimen legal sobre concurrencia convencional (art. 84 ET) haya pasado de configurarse como supletorio a erigirse en preferente, incorporando en cada reforma del mismo nuevas reglas a la inicialmente contemplada (prior in tempore prior in iure) y adquiriendo sucesivamente un carácter más intervencionista en una materia de naturaleza genuinamente convencional.

El proceso descrito ha tenido su punto álgido en la reforma llevada a cabo (al margen del concurso de los agentes sociales) por la Ley 3/2012, donde, en aras de instrumentalizar la descentralización de la estructura convencional como medida de flexibilidad interna en un contexto de crisis económica, se optó por otorgar prioridad aplicativa al convenio de empresa en relación con un importante elenco de materias, siguiendo el camino marcado por el RDL 7/2011. Sin embargo, al hacerlo de forma absoluta e incondicionada (en claro detrimento de cualquier otro convenio sectorial, sea estatal, autonómico o de ámbito inferior), la regla establecida acaba desvinculando al convenio de empresa de la estructura convencional del conjunto del sector, convirtiéndolo en un compartimento estanco dentro de la misma. En la medida de que ello desnaturaliza la propia idea de la estructura negocial como sistema, es decir, concebida como un todo donde los distintos niveles de negociación se relacionan entre sí sobre la base de principios y criterios de diversa índole, la mencionada regla no puede calificarse, en sentido estricto, como una norma de ordenación de la estructura de la negociación colectiva. Más bien, al contrario, en la medida que introduce distorsiones en el sistema negocial que afecta a su eficiencia y, por ello, aleja la intervención del legislador del mandato constitucional contenido en el art. 37.1 CE, donde la garantía y promoción de la función reguladora de la fuente negocial pasa, inexorablemente, por la necesidad de evitar el caos que, tendencialmente, se derivaría de la opción legal por instituir un modelo negocial de eficacia general levantado sobre la base del principio de libre determinación de la unidad de negociación y la coexistencia de una pluralidad de sujetos legitimados para negociar.

Como hemos apuntado, en la reforma que ahora se propone, a pesar del menoscabo que proyecta sobre el papel de la autonomía colectiva en una esfera tan relevante del gobierno del sistema de relaciones laborales, no se producirían, sin embargo, las mencionadas consecuencias.  En efecto, la regla que establece la prioridad aplicativa del convenio autonómico, aunque ahora se configura también como indisponible mediante el cauce habilitado por el art. 83.2 ET, no se formula en términos absolutos, sino que su aplicación aparece condicionada a su regulación sea más favorable que la del convenio estatal. Se trata, sin duda, de un factor relevante, ya que, al hacer bascular la relación entre uno y otro convenio sobre el principio de norma más favorable, se está estableciendo un criterio de ordenación de la estructura negocial que, aunque novedoso en el diseño legal de la concurrencia de convenios estatutarios (sólo se alude genéricamente en el art. 3.3 ET para dirimir los conflictos entre “normas pactadas”), es de uso frecuente en la práctica convencional, quedando el convenio autonómico integrado en el sistema de negociación colectiva. De este modo, además de preservar el principio de unidad de mercado, se evitaría la proliferación de prácticas de dumping social que, por el contrario, propicia la regulación actual sobre la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, cuya superioridad jerárquica, por otra parte, permanecería incólume con la reforma propuesta.

Podría concluirse, en definitiva, que la propuesta comentada es un ejemplo más de las virtualidades del consenso como procedimiento de decisión en el ámbito de la política del Derecho. De este modo, siendo fruto de un proceso transaccional, en la propuesta comentada se aprecia el equilibrio que subyace a la misma, algo que suele dotar de mayor racionalidad a la fórmula finalmente acuñada, al mismo tiempo que evita los efectos distorsionadores de las extralimitaciones de las que, habitualmente, adolecen las medidas adoptadas unilateralmente.

Briefs AEDTSS, 63, 2023