La metodología de análisis jurídico en el debate sobre las decisiones del comité europeo de derechos sociales

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La metodología de análisis jurídico en el debate sobre las decisiones del comité europeo de derechos sociales

JESÚS LAHERA FORTEZA
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Universidad Complutense de Madrid

El alcance de la ratificación por España de la Carta Social Europea revisada (CSE) y de su protocolo de reclamaciones colectivas (PRC), y las consecuencias jurídicas de las decisiones de su órgano de control, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), ha originado un interesante debate jurídico, con el trasfondo político de la reforma de las indemnizaciones del despido improcedente conexo al art.24 CSE. Los argumentos jurídicos de las distintas interpretaciones y conclusiones sobre esta cuestión han motivado varios BRIEFS de la AEDTSS, entre ellos uno reciente mío, así como publicaciones académicas. No es mi intención reiterar esta argumentación jurídica del debate doctrinal, suficientemente conocida en sus conclusiones diferentes. Me remito, para ello, a la lectura de los distintos BRIEFS de la materia y a su contraste, en forma, estilo, tono y fondo, pues cada profesor/a de Derecho del Trabajo puede sacar sus propias valoraciones. Mi intención ahora es reflexionar, brevemente, sobre la metodología de análisis jurídico que preside este debate y reivindicar determinados puntos de partida acordes con el rigor académico y el respeto a nuestra profesión de juristas.

1.Se deben evitar tautologías autorreferenciales en la argumentación jurídica conclusiva. Es el punto de partida fundamental en este asunto y en cualquier otro. Es evidente que la CSE es un tratado internacional ratificado por España que forma parte de nuestro ordenamiento, con un órgano de control y garantía como el CEDS, con un procedimiento reglado de reclamaciones colectivas, y que el art. 24 CSE es norma internacional en despido. Es igual de evidente que un tratado internacional crea obligaciones y es vinculante. Pero de estas evidencias no se puede concluir, sin matices, que todo tratado internacional es absolutamente imperativo para el Estado que lo ratifica y aplicable a relaciones jurídicas entre particulares, siendo inevitable un control judicial de convencionalidad. Porque eso es una tautología autorreferencial que no resiste la metodología del análisis jurídico. Sobre la referencia normativa de la Ley 25/2014 de tratados internacionales hay que analizar cada tratado para determinar el alcance de las obligaciones contraídas por el Estado, las condiciones de sus mandatos vinculantes, su proyección o no en relaciones entre particulares y si se cumplen los requisitos jurisprudenciales o no del control judicial de convencionalidad. El buen hacer jurídico es salir, precisamente, de tautologías autorreferenciales y ahondar en los matices de cada casuística, en este caso la CSE y el alcance de las decisiones del CEDS. Porque el Estado se obliga a lo que dice el tratado internacional ratificado, no, lógicamente, a más de lo que dice.

2.Hay que leer y transcribir la literalidad de la norma, en este caso internacional – la CSE y su PRC – para deducir consecuencias jurídicas, en su propia sistemática. La interpretación literal y sistemática, acompañada de la teleológica, es fundamental en la metodología jurídica. Hay que leer la CSE, el art.24 y su anexo en el debate específico, o el PRC, para deducir sus consecuencias jurídicas tanto en relaciones entre particulares, como para los Estados obligados. Si el anexo asociado al art.24 CSE se remite a la legislación nacional hay que decirlo, no ocultarlo. Si los arts. 8 y 9 PRC dicen lo que dicen, y de ambos no se deduce que las decisiones CEDS son vinculantes para los Estados, hay que al menos dudar que lo sean, más cuando se utilizan de manera instrumental para que se adopten, literalmente, recomendaciones. Si se afirma, sin base jurídica literal, que estas decisiones son vinculantes e imperativas sin matices para Estados y particulares hay que buscar algún precepto en la CSE y PRC que muestre que existen herramientas para imponer estos mandatos tan contundentes y sancionar a Estados incumplidores. Y si no las hay, porque lo cierto es que literalmente no las hay, el rigor jurídico exige no ocultarlo y sacar de ello conclusiones. Ni en la CSE ni el PCR se da tratamiento de jurisprudencia a las decisiones del CEDS, con la confirmación además interna de los arts.4 bis y 5 LOPJ. Si se defiende que es jurisprudencia vinculante para tribunales nacionales habrá que sustentarlo en la propia norma internacional, no en opiniones. La metodología de análisis jurídico exige argumentar sobre la literalidad, sistemática y finalidad de la norma, en este caso la CSE y el PRC, y no presentar argumentos fuera de este campo de juego. Las cesiones de soberanía jurisdiccional y política de un Estado, algo muy sustancial, si son afirmadas, deben sustentarse en la norma internacional interpretada con la buena técnica jurídica y no en principios genéricos.

3.Hay que manejar la jurisprudencia en la cuestión analizada. En la metodología jurídica rigurosa es importante el contraste con la jurisprudencia en la cuestión. El buen oficio de jurista suele indagar en ello habitualmente para sacar conclusiones jurídicas. Pues bien, como es conocido, la jurisprudencia española, al menos hasta ahora, no entiende que estas decisiones CEDS sean jurisprudencia a la luz de la CSE y de las propias normas nacionales que lo descartan. El rigor jurídico exige informar de esta jurisprudencia. Y no apelar, cuando existe de manera tan específica, a sentencias que analizan otros tratados internacionales y las decisiones de otros órganos de control, donde la interpretación literal, sistemática y finalista casuística puede concluir de otro modo en un caso diferente. Lo mismo sucede con el control judicial de convencionalidad. Existe ya suficiente jurisprudencia constitucional y ordinaria de ello que determina unos requisitos, además con sentencias del TS analizando la CSE, que remiten sobre parámetros generales a cada casuística. Es un deber del rigor jurídico contrastar esta doctrina con el asunto analizado y sacar conclusiones. No obviar esta jurisprudencia.

4.Es importante manejar precedentes en el asunto analizado. La metodología jurídica implica indagar en precedentes, más si se trata, como es el caso, de normas internacionales, que se aplican en distintos Estados. Los precedentes, en este debate específico de una decisión del CEDS, de Finlandia, Italia y Francia en materia de indemnizaciones de despido, muestran hechos objetivos que respaldan determinadas conclusiones. El rigor jurídico exige examinar estos precedentes, darlos a conocer, y valorar su alcance ahora tan útil para España. La norma internacional tiene las mismas consecuencias jurídicas para todos los Estados que la ratifican, en las condiciones ratificadas, y conocer precedentes de aplicación es sustancial. En este debate hay precedentes y es fundamental manejarlos en la argumentación jurídica con rigor. Por ejemplo, si existe una sentencia de la Corte de Casación francesa de 2022, tras una decisión del CEDS en despido, en determinada dirección, como así, sucede, se debe valorar, porque afecta claramente al mismo asunto en la jurisprudencia más reciente de ese país.

5.Hay que diferenciar el rango de las fuentes manejadas. Todo este bagaje interpretativo se proyecta en fuentes de distinto rango, que parten siempre de la literalidad de la norma, en este caso internacional, la CSE y el PRC. Con todo ellos se concluye de manera valorativa. En este debate, los argumentos jurídicos que conducen a los matices y sitúan las decisiones CEDS en su contexto, sin ser jurisprudencia internacional vinculante, ni imponer obligaciones sancionables a los Estados, son sólo contrastados por, al parecer, un Informe de Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia que dice que estas decisiones son de obligado cumplimiento. Al margen que el debido cumplimiento será, lógicamente, en los términos de la CSE y el PRC – no más – no parece que un Informe de estas características tenga el rango suficiente para ser presentado como dogma jurídico. Entre otras cosas porque, cuando España reciba la decisión CEDS en despido pueden elaborarse Informes desde el Gobierno con conclusiones distintas. La distinción honesta entre fuentes manejadas es una exigencia de la buena metodología jurídica.

6.En la argumentación jurídica hay que evitar saltos en el vacío. En la metodología jurídica rigurosa es importante, con todas las bases jurídicas normativas, jurisprudenciales y de precedentes, no dar saltos lógicos argumentativos. El oficio de jurista es armar una inteligencia argumentativa, con técnicas interpretativas, que no sorprendan, nunca, con saltos en el vacío. En este debate se ha llegado a afirmar que como sentencias del TJUE y del TEDH tienen, a veces, una difícil ejecución, las decisiones CEDS son vinculantes y que los Estados no las cumplen habitualmente como no ejecutan sentencias. Me da la sensación, a modo de ejemplo, que este hilo argumental crea esos saltos lógicos en el vacío que deben siempre evitarse.

7.Hay que diferenciar las conclusiones sustentadas en normas jurídicas de las propuestas de reforma legislativa. La metodología de análisis jurídico debe diferenciar claramente ambos planos. La argumentación jurídica, con todas estas técnicas y premisas, puede concluir en determinada dirección. Y, en un plano diferente, se pueden proponer reformas legislativas, de contenido político. Deducir, sin fundamentación jurídica sólida, que el Estado está obligado internacionalmente a realizar un cambio normativo, para, a continuación, presentar propuestas de reforma es mezclar, de manera confusa, ambos planos. Es evidente que el trasfondo político de este debate es la reforma de las indemnizaciones de despido, intentando recuperar los salarios de tramitación y articulando indemnizaciones adicionales restaurativas y disuasorias. Es, desde luego, legítimo defender políticamente estas ideas, tras una reforma laboral pactada que no alteró dentro de los equilibrios alcanzados el despido, pero deducir, sin mínimas exigencias de metodología jurídica, que esta reforma viene impuesta por una decisión del CEDS, es mezclar planos distintos. Porque, además, si fuera así, habría que señalar, sobre la base de la CSE y PRC, las sanciones a España si su mayoría parlamentaria democrática decide no hacer esta reforma de despido. Y eso no se señala porque, obviamente, estas sanciones internacionales no existen, como bien saben en Finlandia, Italia y Francia, que no han reformado el despido tras decisiones del CEDS, sin consecuencia alguna.

8.En el debate jurídico hay que guardar las formas y ser elegante. Quiero pensar que, en la buena metodología jurídica, que contiene todos los ingredientes aquí brevemente expuestos, es importante también la forma y la elegancia en la exposición de argumentación jurídica. Utilizando todas las técnicas jurídicas se concluye de manera razonada y se puede contraargumentar con conclusiones distintas que originan interesantes debates, sin descalificaciones ni insultos. En este debate se ha llegado a calificar a los que, conforme a Derecho y de manera razonada, concluimos sobre el limitado alcance de las decisiones del CEDS en despido, de “negacionistas”, “fabuladores”, “están en el camino equivocado”, “fomentan el incumplimiento”, o “no ven el bosque”. Es obvio, cualquier profesor/a de Derecho lo sabe, que esta sobreactuación, hiperbólica, es fruto de la ausencia de argumentos, aplicando la metodología del análisis jurídico, y de tautologías autorreferenciales, qué, si no son asumidas como dogma de fe, conducen a este tipo de descalificaciones. Pero ello no quita que estén fuera de las formas debidas en cualquier debate jurídico. Y las formas, el buen tono y la elegancia son siempre importantes.

El respeto a la metodología de análisis jurídico, en el conjunto de todos sus elementos, aplicada a este debate, o a cualquier otro, es lo más importante de nuestro oficio de profesores y juristas. Situarse al margen de razonamientos, desde la técnica jurídica y sustituir argumentos, sustentados en normas, por dogmas voluntaristas, o confundir el plano jurídico y el político, es un sacrificio excesivo que pone en cuestión todo el rigor académico. Reivindico con fuerza desde aquí el respeto a la metodología jurídica. Porque minusvalorar su importancia es deslizarse por una pendiente que nos sitúa, en esto y en cualquier asunto, en el terreno de la posverdad que tanto domina nuestro tiempo.

Briefs AEDTSS, 53, 2024