La equiparación de la indemnización por incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo percibida por los trabajadores cedidos por una ETT y por los trabajadores de la empresa usuaria. En torno a la STJUE de 22 de febrero de 2024

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Inmaculada Ballester

La equiparación de la indemnización por incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo percibida por los trabajadores cedidos por una ETT y por los trabajadores de la empresa usuaria. En torno a la STJUE de 22 de febrero de 2024, Asunto C-649/2022

INMACULADA BALLESTER PASTOR
Catedrática) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Jaume I de Castellón 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de febrero de 2024, asunto C-649/22, da respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en torno al conflicto planteado por un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal, Radstad Empleo, quien, tras sufrir un accidente de trabajo, ser declarado en situación de incapacidad permanente total y cobrar la indemnización de 10.500 euros que aparece en el Convenio Colectivo de las empresas de trabajo temporal, reclama cobrar la misma indemnización que recibirían los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria, es decir, la indemnización incluida en el art. 31º del CC del sector del transporte, cuyo importe asciende a 60.101 euros.

Según el art. 11º de la Ley 14/1994 -precepto que fue redactado para ser conforme a la Directiva 2008/104, de 19 de noviembre por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre- un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal tiene derecho a las condiciones esenciales de trabajo y empleo que le corresponderían si hubiera sido contratado, directamente, por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto de trabajo y entre estas condiciones de trabajo y empleo se encuentra la remuneración. A tales efectos, sigue señalando dicha disposición, la remuneración comprende las retribuciones establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria que estén vinculadas a dicho puesto de trabajo.

Interpretando tal artículo, la doctrina del Alto Tribunal -STS de 7 de febrero de 2007, nº rec. 104/2005- viene concluyendo que dentro del concepto de retribución del art. 11 de la Ley 14/1994 se incluyen tanto el salario como la compensación de los gastos realizados en función de la prestación de trabajo, pero, en cambio, quedan fuera de ese concepto de retribución, las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, la llamada acción social empresarial y las indemnizaciones por suspensiones y extinciones de la relación laboral. Por tanto, la indemnización por incapacidad permanente total derivada de un accidente de trabajo regulada vía convencional, al tratarse de una mejora voluntaria de la Seguridad social, según dicha doctrina, no podría ser considerada retribución, a los efectos del mentado art. 11º -Vid. aplicando dicha doctrina, la STSJ País Vasco nº 899/2011, de 5 de abril, nº rec. 374/11; la STSJ La Rioja nº 226/2021, de 23 de diciembre, nº rec. 209/2021; la STSJ Cataluña nº 6342/2022, de 28 de noviembre, nº rec. 1909/2022 o la STSJ de Cantabria nº 276/2023, de 20 de abril, nº rec. 91/2023-.

De acuerdo con dicha doctrina, el Tribunal Superior de Justicia debería haber denegado la reclamación del trabajador; no obstante, en lugar de eso, el Tribunal Superior de Justicia duda de que dicha doctrina resulte acorde al art. 2º TFUE y a los arts. 3º y 5º de la Directiva 2008/104 y plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial que ahora se resuelve. 

El TJUE indaga sobre el significado y el alcance de lo que constituye el término remuneración según el lenguaje corriente y en atención, también, tanto al contexto como a los objetivos perseguidos por dicha normativa.

Así, se parte de que el art. 5º de la Directiva 2008/104 tiene por objeto garantizar una protección efectiva de los trabajadores atípicos y precarios y de que la indemnización por incapacidad permanente no es una contrapartida de una prestación laboral, sino más bien una gratificación indirecta del empresario de origen convencional que se abona con la finalidad de compensar la pérdida de ingresos resultante de la incapacidad, siendo su finalidad el garantizar una fuente de ingresos.

Pero, sobre todo, el TJUE alude a la remisión que la propia Directiva 2008/104 efectúa a la Directiva 91/383 -en la que se establecen las disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal- una remisión que resulta clave pues ello significa que debe garantizarse que los trabajadores cedidos disfruten del mismo nivel de protección que los trabajadores de la empresa usuaria. Y ello resulta especialmente importante por cuanto los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal están más expuestos a riesgos derivados de accidentes de trabajo -un dato que nos resulta tristemente conocido-. Además, continúa señalando el TJUE, la indemnización derivada de la incapacidad permanente debe ir unida a la reparación de los daños que corresponde cuando sobreviene un accidente de trabajo, por lo que, si cuando surge un accidente de trabajo, el riesgo económico para las empresas usuarias es menor en lo que respecta a los trabajadores cedidos, dichas empresas se verían menos incitadas a invertir en la seguridad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal.

Por último, lo anterior no queda desvirtuado, tampoco, por el hecho de que tal indemnización se abone tras la extinción de la relación laboral con la empresa de trabajo temporal o por el hecho de que dicha indemnización tenga supuestamente su origen únicamente en la declaración de incapacidad permanente total para trabajar del trabajador cedido tras la extinción de la relación laboral, porque el accidente de trabajo que da lugar a la incapacidad permanente total acaece durante la misión del trabajador cedido en la empresa usuaria, por lo que dicha indemnización no tiene su origen únicamente en la extinción de la relación laboral dºel trabajador cedido.

Por tanto, la indemnización que ha de abonarse a un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal en caso de incapacidad permanente total, según la Sentencia del TJUE de 22 de febrero de 2024, sí queda comprendida en el concepto de «condiciones esenciales de trabajo y de empleo», en el sentido del artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/104, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra f), de esta, lo que implica que los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal deben disfrutar, durante su misión en una empresa usuaria, de condiciones esenciales de trabajo y de empleo, por lo menos, iguales a las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente por dicha empresa para ocupar el mismo puesto.

Briefs AEDTSS, 34, 2024