La Declaración Universal de Derechos Humanos 75 años después

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La Declaración Universal de Derechos Humanos 75 años después

MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER

Consejero Permanente de Estado

El 8 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en París aprobó por amplia mayoría el texto de la Declaración Universal de los Derechos  Humanos. Se cumplen ahora 75 años de esa Declaración, un hito en la protección internacional de los derechos humanos, y que sigue viva porque muchos de sus objetivos fijados en el preámbulo y de los derechos que proclama están todavía lejos de ser gozados plenamente por toda la humanidad.

La Declaración fue en parte fruto de una coyuntura, las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades cometidas durante la II Guerra Mundial por parte del régimen hitleriano, que ya durante la contienda provocaron una reacción sobre necesidad de la protección de los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. De ello ya se habló en la Conferencia de San Francisco, y tuvo reflejo en la Carta de las Naciones Unidas en las que se declara “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, también como instrumento para el mantenimiento de la paz y la seguridad nacionales. Su art. 1.3 establece como uno de los fines de la organización la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos.

Es significativo que dentro de Naciones Unidas se cree un Comité de Derechos Humanos al que se le encargará la redacción de una declaración universal sobre esos derechos. Para ello, se nombrará una comisión que en breve tiempo elaborará el texto de la Declaración Universal, no siendo aceptadas las propuestas de aprobar un pacto internacional con fuerza obligatoria.

El laborioso proceso de elaboración de la Declaración es suficientemente conocido, así como su resultado que refleja el equilibrio entre posiciones antagonistas de unos bloques que ya se estaban conformando en la escena internacional en los primeros inicios de la Guerra Fría. En todo caso, con ello se consigue que la Declaración no se limite a los derechos humanos clásicos, reconocidos ya en la Declaración francesa de los Derechos Humanos, sino que incluyeran también derechos de carácter social y económico.

La Declaración refleja una concepción común de derechos universales desde la consideración de que “el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana” son la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, que también se persigue a través de la Declaración. Su texto deja claro que solo se trata de establecer un ideal común, un patrimonio ético de la humanidad, pero cuya consecución no se asegura formalmente, lo que explica que algunos años después, dentro de Naciones Unidas, hubieran de propiciarse, entre otros, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para nuestro ordenamiento ha sido muy significativa la expresa referencia que el art. 10.2 CE hace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para imponer que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la misma, dando así una especial relevancia interna al contenido de esa Declaración como criterio interpretativo.

La Declaración en su art. 1 establece los derechos a la libertad, a la igualdad y a la dignidad de la persona como innatos al ser humano, igualdad que se reafirma en el art. 2 al afirmar que el disfrute de los derechos humanos “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, y que se completa con el art. 7 que consagra el principio de igualdad. Estos preceptos tienen especial relevancia para el Derecho del Trabajo, como también el art. 20, que reconoce el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, así como la interdicción de la pertenencia obligatoria a una asociación.

A partir del art. 22, la Declaración consagra lo que la doctrina calificó como derechos económicos y sociales. Muchos de esos artículos afectan y condicionan al Derecho del Trabajo. En este breve comentario no es posible su análisis, solo su enunciación.

El art. 22 declara que toda persona por el hecho de ser “miembro de la sociedad”, tiene derecho a la Seguridad Social y a obtener, teniendo en cuenta los recursos de cada Estado, “la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”, poniendo de relieve con ello la estrecha relación entre los derechos sociales y laborales con la dignidad de la persona.

En el art. 23 se reconoce no solo el derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo sino también el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, unos derechos que, como es sabido, nuestra Constitución reconoce expresamente. El precepto se refiere también al derecho sin discriminación alguna a igual salario por un trabajo igual, y al derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria conforme a la dignidad humana, completado en caso necesario con cualesquiera otros medios de protección social. Finalmente, el art. 23.4 reconoce el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. El art. 23 ha influido en la redacción de nuestro texto constitucional, pero, mucho más allá de ello, ha servido de base para que los Estados establezcan normas básicas del Derecho del Trabajo.

Un carácter más específico tiene el art. 24 cuando reconoce el derecho de toda persona al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, asumiendo el contenido de algunos convenios ya vigentes de la OIT. También este artículo tiene reflejo en nuestra Constitución.

Mas complejo es el art. 25 sobre el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Añadiendo, y esto ya tiene un relieve laboral más específico, el reconocimiento del “derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. La referencia al aseguramiento hace una llamada implícita a lo que hoy llamamos Seguridad Social. Por el contrario, el art. 25.2 ya se refiere a cuidados y asistencia a la maternidad y a la infancia, a la vez que reconoce el derecho a igual protección social de los niños “nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio”.

El art. 26 se refiere al derecho a la educación, y en el mismo se incluye un inciso referido a la formación técnica y profesional, indicando que “habrá de ser generalizada”.

Como puede verse, el Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social vieron consagrado su fundamento, sus derechos y libertades en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Años después, el 19 de noviembre de 1966, se acordó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desarrolla estos artículos de la Declaración. La ratificación por España de ese Pacto el 13 de abril de 1977 fue un signo de compromiso, antes de su consagración constitucional, con esos derechos, que están en la base tanto de nuestro Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social.

Los laboralistas, y nuestra Asociación, debemos conmemorar estos 75 años de la Declaración y comprometernos con los derechos, no solo laborales, que la misma reconoce

Briefs AEDTSS, 70, 2023