El extraño caso de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido improcedente (Dr. Jekyll) y algunas fabulaciones negacionistas que han suscitado (Mr. Hyde)

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El extraño caso de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido improcedente (Dr. Jekyll) y algunas fabulaciones negacionistas que han suscitado (Mr. Hyde)

CARMEN SALCEDO BELTRÁN
Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Universidad de Valencia

LUIS JIMENA QUESADA
Catedrático Derecho Constitucional
Universidad de Valencia

De entrada, recordaremos algunas premisas esenciales. La Carta Social Europea (CSE) es un tratado internacional vinculante de derechos humanos. España lo ha ratificado completamente -prescindiendo de la opción de seleccionar los preceptos que el texto normativo le ofrece-. El consentimiento en obligarse por la versión revisada (CSEr) lo acompañó el 11 de junio de 2021 de la «aceptación» de la supervisión del cumplimiento por el procedimiento de reclamaciones colectivas. Siendo innecesario, el 2 de noviembre de 2022 lo reiteró, «ratificando» el Protocolo regulador. Es el único país europeo que presenta esta duplicidad, habitualmente confundida.

No hace falta ser un experto para deducir que las últimas actuaciones de nuestro país han conducido a incorporar al ordenamiento jurídico más derechos sociales, con las garantías de su cumplimiento. Estas las ha realizado admitiendo que el órgano de control, y máximo intérprete, es el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), y que deberá respetar los pronunciamientos (conclusiones y decisiones de fondo).

Las últimas semanas, el debate sobre la regulación de la indemnización por despido improcedente se ha intensificado como consecuencia de las publicación de las Conclusiones de 2023 y de la adopción de la decisión sobre el fondo (evidentemente vinculante), en trámite de ejecución en el Comité de Ministros, que resuelve la reclamación colectiva nº 207/2022. Reenviamos a los recientes comentarios publicados.

Resultan curiosas algunas fábulas y componendas respecto de las que vamos a aportar más información con el objetivo de que los árboles no impidan nuevamente ver el bosque.

Comencemos por la fábula de la Cour de Cassation de Francia. Es frecuente que se recurra a las sentencias de 11 de mayo de 2022, presentándolas como modélicas por los negacionistas del CEDS en nuestro país. Si se recurre a ellas, se deben acompañar de algunos datos más, interesadamente silenciados. Por un lado, que es exégesis contradictoria puesto que el control de convencionalidad lo reconoce desde la sentencia de 24 de mayo de 1975 (asunto Jacques Vabre), además del efecto directo horizontal de la CSEr (entre otras, sentencia de 14 de abril de 2010), y expresamente el del art. 24 (sentencia 12 de enero de 2011). Y, por otro lado, que los tribunales laborales [conseil de prud’hommes] y los tribunales de apelación [cours d’appel] franceses han seguido posteriormente aplicando el control de convencionalidad, avalados en el art. 55 de la Constitución y la prevalencia de los tratados (OIT y CSEr) con los pronunciamientos de sus respectivos órganos. Todas están rigurosamente analizadas, junto con las indemnizaciones específicas concedidas y los criterios valorados para su elevación, en la monografía que aparecerá en breve en la editorial Bomarzo (Indemnizaciones por despido improcedente adecuadas, reparaciones apropiadas y su función disuasoria. A propósito de la legitimidad constitucional, la seguridad jurídica y la igualdad a través de la prevalencia y la efectividad de los tratados internacionales).

A continuación, pasamos a la fábula del ejemplar cumplimiento de los pronunciamientos de otros órganos jurisdiccionales internacionales. En el caso de la UE, el hecho de que haya sentencias del Tribunal de Justicia (TJUE) que presenten problemas de ejecución (por ejemplo, Sentencias de Diego Porras I de 2016 y de Diego Porras II de 2018) o más palmariamente sean objeto de desafío en cuanto a su cumplimiento (verbigracia, en aras de la teoría de los “contralímites” -recuérdense, entre otros, el órdago de la Sentencia Solange II de 1986 del Bundesverfassungsgericht alemán, o el episodio de la Sentencia Taricco II de 2017 implicando a la Corte Costituzionale italiana-) no permite inferir que no sean vinculantes. Del mismo modo, la circunstancia de que el Comité de Ministros del Consejo de Europa dé cuenta cada año, en su informe sobre la supervisión de la ejecución de las sentencias del TEDH, de las decenas pendientes de cumplimiento (y, a lo peor, no lleguen a ejecutarse), tampoco faculta para colegir que no sean vinculantes. En este sentido, la presentación de España como “excelente alumna” en el cumplimiento de las sentencias del TEDH, para justificar que no lo hace de las posibles decisiones del CEDS, resulta sencillamente tendencioso: como ilustración, en el Informe de 2023 sobre la ejecución de las sentencias de ese órgano, España presenta un 19.37% de casos pendientes de cumplir, y de este porcentaje, un 24,21% son de leading cases.  Si ordenamos los Estados de mayor a menor observancia, de los 47 que conforman el Consejo de Europa (se incluye a Rusia pues aunque fue excluida de la organización en marzo de 2022, sigue obligada a cumplir las sentencias), España está exactamente en el puesto 37. Es decir, 36 Estados están por delante con porcentajes del 100% del cumplimiento o mayor que el nuestro y sólo 10 tienen peor dato.

Seguidamente, es el momento de la fábula del Tribunal Supremo (TS). A este respecto, conviene aclarar que la soberanía reside en el pueblo español (art. 1.2 CE), que está representado en las Cortes Generales (art. 66.1 CE). Y son estas las que autorizan la prestación del soberano consentimiento del Estado para obligarse por tratados de derechos humanos como la CSE (art. 94 CE). Dicho lo cual, en el supuesto de la CSEr revisada y las decisiones de fondo del CEDS, el propio tratado establece (Parte IV de la CSEr y art. 12 del Protocolo de 1995) el “cumplimiento de las obligaciones jurídicas” y el sometimiento a sus mecanismos de “supervisión”. Así pues, las decisiones del CEDS son expresión directa de la CSE, tienen carácter vinculante y son de obligado cumplimiento (valga la redundancia) porque España así lo ha asumido libre y soberanamente. Se trata de una obligación internacional respaldada por la Convención de Viena de 1969 (art. 26) y de un mandato constitucional (arts. 9.1 y 96 CE) que deben respetarse y cumplirse de buena fe por todos los poderes públicos, resultando una osadía sostener cualquier alarde o pretensión de “soberanía” del TS (incluida la Sala de lo Social) para, incurriendo en responsabilidad, apartarse de lo impuesto por dichas disposiciones supralegales y constitucionales; del mismo modo que no resulta menos osado hablar de “soberanía legislativa” para animar a que la normativa española no se adecúe a la CSE y las decisiones del Comité, puesto que -de nuevo- el soberano es el pueblo y, en ejercicio de su función constituyente, estableció en 1978 esos claros mandatos constitucionales de respeto de los estándares internacionales sobre derechos humanos. Desde este punto de vista, una decisión condenatoria del CEDS sobre el despido improcedente deberá cumplirse por los poderes públicos gubernamental y legislativo llevando a cabo la correspondiente modificación normativa, así como por el poder judicial (incluido el propio TS aplicando dicha modificación y, hasta tanto la nueva legislación se adopte, operando el control de convencionalidad).

Para finalizar, contemplemos la fábula de la confusión entre lo jurídico y lo político para neutralizar el impacto de una decisión condenatoria, según las filtraciones. Cuando el CEDS dicta una decisión de fondo, determinando que se viola o no la CSEr, el destinatario es el Estado, es decir, todos lo poderes públicos que lo conforman y, sin perjuicio de la autonomía institucional de cada país, lo determinante es el cumplimiento. A tal efecto, es menester conocer cómo funciona el Consejo de Europa: la circunstancia de que el Comité de Ministros sea un órgano político y emita actos no vinculantes (resoluciones o recomendaciones) en la supervisión del cumplimiento de las sentencias del TEDH y de las decisiones del CEDS, no significa en absoluto que estas sentencias y decisiones no sean vinculantes. Mutatis mutandis, el hecho de que la modificación de la legislación sobre el despido improcedente en la línea de la jurisprudencia del CEDS venga avalada por un acuerdo de coalición gubernamental no confiere naturaleza política a una decisión del CEDS. Orientar la discusión sobre el alcance de las decisiones del CEDS por esos derroteros (y arrastrar con ello al TS) constituye una oda al incumplimiento de la CSE que, a estas alturas, rememora tristemente actitudes iniciales reacias en el seno del TS hacia la fuerza normativa de la Constitución o hacia la jurisdicción del TC en materia de garantías constitucionales.

Terminamos este breve comentario reprobando la componenda de alentar al incumplimiento de la decisión sobre el fondo de UGT c. España, en el caso de ser condenatoria, porque otros Estados no habrían cumplido las que han recibido. En lugar de alinearse y referenciar las decisiones de fondo que se cumplen (sólo en la publicación del último seguimiento que realiza el CEDS, se constatan en Francia -reclamaciones colectivas nº 57/2009 y nº 67/2011-; Finlandia -reclamación colectiva 139/2016-; República Checa -reclamación colectiva nº 188/2019-; Irlanda -reclamación colectiva nº 132/2016-; Grecia -reclamaciones colectivas nº 66/2011, nº 72/2011; nº 76 a 80/2012) se opta por el lado opuesto –“modélico”-, haciendo apología de ello. Ese excepcional “mal de muchos” (por fortuna, pocos) que eventualmente no quieran cumplir con las decisiones del CEDS (lo mismo que con las sentencias del TJUE o del TEDH, supra) no dejan de ser un mal consuelo… especialmente cuando se trata de respetar las obligaciones jurídicas internacionales sobre derechos humanos.

(Los puntos de vista y opiniones expresadas en este documento son de los autores sin reflejar necesariamente la opinión de los órganos de los que son miembros).

Briefs AEDTSS, 51, 2024