El Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI

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Carmen Viqueira

El Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI

CARMEN VIQUEIRA PÉREZ
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Alicante

Aludir a la necesidad de revisar el Estatuto de los Trabajadores es una especie de mantra que cíclicamente emerge al abrigo de los cambios que -por distintos motivos y también con distinta intensidad- manifiesta el mercado de trabajo. A lo largo de los últimos años, esta invocación -identificada con la necesidad de contar con un “Estatuto de las Trabajadores del Siglo XXI”– emerge con fuerza ante el avance implacable de la digitalización; un fenómeno que ha exhibido una inédita fuerza expansiva, que ha dejado su impronta prácticamente en todas las cuestiones importantes de la relación de trabajo y al que la regulación laboral se ha ido adaptando como ha podido, es decir, lo justo y a través de una labor de “parcheo” incansable, pero sin afrontar la revisión de amplio espectro que resulta necesaria para orientarlo a esa nueva realidad.

La incesante dinámica de reformas al que se ha visto sometido el ET no sólo ha actuado en detrimento de su coherencia y de su fortaleza estructural -que se han visto afectadas por la tensión interna que generan los distintos signos que alientan cada cambio- sino que también ha erosionado su papel constitucional porque, a consecuencia de esa llovizna constante de cambios, el ET ha sufrido un cierto “desguazamiento”. Esta circunstancia, por un lado, le priva de su naturaleza de norma central en cuestiones trascendentes (como muestra de modo palmario el tratamiento de un asunto tan crucial en el panorama digital como la ordenación del teletrabajo, cuya regulación se extirpa del ET para llevarla a una norma especial carente de toda justificación -RDL 28/2020; Ley10/2021-); y, por otro, le excluye de la regulación de cuestiones directamente relacionadas con la protección de los derechos fundamentales en la relación laboral (muy especialmente -pero no solo- aquellos que lindan con la prestación de trabajo en un entorno digital, LO 8/2018).

Por eso, para alumbrar la norma que exige el mundo del trabajo actual, es necesario construir un modelo regulatorio sólido que devuelva al Estatuto de los Trabajadores su carácter de norma central (perdido con la “externalización” regulatoria de los derechos digitales y el teletrabajo) y que impregne su contenido de los derechos fundamentales para dotarle de un cierto rearme constitucional.

Será necesario para ello, sin duda, redefinir asuntos transversales como los límites a las facultades de control de la empresa en este nuevo escenario (intensificadas exponencialmente a través de la potencialidad invasiva de las herramientas que la innovación tecnológica ha puesto en sus manos) o el poder de disposición con respecto a las condiciones de trabajo (que, en ocasiones, introduce un factor de imprevisibilidad poco razonable -como sucede en materia de tiempo de trabajo-). También será preciso reconsiderar, a la luz de los resultados, la utilidad de determinadas medidas al fin para el que fueron pensadas (la contratación de fijos discontinuos en ETT y su proximidad con el contrato a llamada), o los efectos adversos que la concepción de algunos derechos generan (el marcado sesgo de género en los derechos de conciliación). Y habrán de introducirse nuevas regulaciones acerca de cuestiones que, en la actualidad, cobran una dimensión distinta (la formación continua del trabajador en un contexto en el que lo único cierto es el cambio, o la implementación de garantías frente a la extinción contractual por obsolescencia profesional).

Un recuento parecido podría hacerse en el plano de las fuentes, urgentemente necesitadas de reforma (para completar su elenco y clarificar las relaciones entre ellas) y en el plano de las relaciones colectivas de trabajo, que ofrece también un evidente margen de mejora, aunque sólo fuera porque algunas herramientas con papel protagonista (pactos de empresa) están huérfanas de regulación por lo que hace a su eficacia y a su relación con otros frutos de la negociación (convenio); porque hay aspectos de la negociación colectiva susceptibles de una mejor regulación (legitimación, concurrencia); y porque es momento de actualizar y dar su sitio a la regulación del derecho de huelga.    

Como todas las reformas de calado, esta nos brindará la oportunidad de establecer un nuevo punto de equilibrio en la distribución de beneficios y sacrificios que el Derecho del Trabajo encierra (DE LA VILLA) fructifique en una norma centrada en la protección de quien trabaja.

Aún a riesgo de señalar lo evidente, conviene tener en cuenta que la trascendencia de este empeño merece que sea llevado a cabo con corrección; una norma importante merece un trabajo detenido y bien hecho. Desde hace tiempo, es un lugar común decir que asistimos a la crisis de la ley y que sus manifestaciones son cada vez más numerosas. En ese discurso es usual aludir al crecimiento exponencial de las normas -que crea una sensación de provisionalidad y fructifica en una pérdida de estabilidad y certeza-; referirse a la urgencia por legislar -que se traduce en un llamativo deterioro de la técnica legislativa-; mencionar la degradación de las características de generalidad y abstracción -que convierten a la ley en un mero instrumento de intervención coyuntural-; y también señalar lo que tempranamente DESDENTADO puso de manifiesto al advertir la expansión del uso mediático de la norma. La reciente legislación laboral ofrece abundantes ejemplos de todo ello y la futura elaboración del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI nos ofrece la posibilidad de cambiar de rumbo no sólo en el fondo sino también en la forma de hacer el Derecho del Trabajo.

Briefs AEDTSS, 4, 2024