El Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI: reducción del tiempo de trabajo

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El Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI: reducción del tiempo de trabajo

OLAYA MARTÍN RODRÍGUEZ
Profesor Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad a Distancia de Madrid

En el año 2015 la Organización Internacional del Trabajo, a través de su Director general (Guy Rider), hizo un llamamiento a todos los Estados miembros y a las organizaciones internacionales para promover un debate global y profundo sobre el futuro del trabajo. Desde entonces se vienen celebrando debates, conferencias y encuentros promovidos de manera transversal tanto por los Gobiernos como por los agentes sociales y económicos con el fin de avanzar en una nueva norma básica: el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, cuyo principal objetivo es adecuar el marco legislativo obsoleto a los desafíos y retos del mercado de trabajo actual.

Dentro de ese conjunto de iniciativas o medidas de cambio se encuentra la reducción legal de la jornada máxima. En este sentido, la limitación legal y convencional de la jornada máxima ordinaria de trabajo, la distribución horaria con respeto a los descansos de las personas trabajadoras, y la garantía de este descanso retribuido diario, semanal y anual, así como, las herramientas de control del tiempo de trabajo, son materias clásicas en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, incluido, por supuesto, el español (arts. 34 a 38 del ET). La protección de la salud y la garantía de descansos fundamenta la Directiva europea 2003/88/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Sobre esta base, desde hace décadas, los ordenamientos laborales europeos, entre ellos, el nuestro, están transformando la regulación del tiempo de trabajo desde nuevas perspectivas que responden sobre todo a factores organizativos y productivos de las empresas, a la conciliación familiar y laboral de las personas trabajadoras, e incluso a las situaciones coyunturales y estructurales de la propia economía.

Sin embargo, hay que recordar que el límite máximo de la jornada ordinaria laboral de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual es un derecho que se conquistó hace más de 100 años y ha permanecido inamovible a lo largo de estos años. Durante este lapso temporal tanto la tecnología como la informatización han mejorado los procesos de trabajo y han permitido que la productividad se vea aumentada, pero no así se ha visto reducida o limitada la jornada laboral. Cuando la Primera Internacional reclamaba en Ginebra la reducción de jornada a 8 horas al día, no solo lo hacía desde el punto de vista social, también tenía un trasfondo económico y defensivo, concretamente se pretendía reducir el incremento de la productividad derivado del maquinismo. Hoy en día podemos afirmar que ocurre lo mismo, la automatización, así como la robótica permiten reducir los tiempos de producción y con ello la necesidad de menos mano de obra. En este contexto, las reformas legales suscitadas hasta el momento en nuestro Estatuto de los Trabajadores relativas al tiempo de trabajo han potenciado la flexibilización y distribución del tiempo de trabajo (vertiente cualitativa), pero no la reducción o limitación del tiempo de trabajo (vertiente cuantitativa).

En este contexto, parece que uno de los principales desafíos que enfrenta la jornada de trabajo en la actualidad es conciliar las necesidades de las empresas de incorporar cierta flexibilidad que contemple sus ciclos productivos y la expectativa de las personas trabajadoras de que esa flexibilidad les permita mejorar su calidad de vida. No obstante, parece razonable también pensar que, en el siglo XXI, en un periodo en que los avances de la tecnología hacen posible la mejora de la productividad, resulta lógico limitar o reducir a nivel legal la jornada laboral.

Recientemente, el Gobierno ha activado el plan para reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 38,5 horas a la semana. Si bien parecería, en un principio, que no es necesario limitar en España la jornada laboral vía legal, pues según Eurostat la media de horas de trabajo semanales en nuestro país es ya inferior a esa cifra, no es menos cierto que hay muchas personas trabajadoras que la superan y bajo esta reducción legal se beneficiarían de esta limitación, como puede ocurrir a las personas trabajadoras que prestan servicios en el comercio, el campo y la hostelería. Verdad es, que la negociación colectiva puede limitar o acotar la duración de la jornada laboral, sin embargo, en algunos sectores o actividades el poder de negociación es muy limitado o inexistente y si no se negocia a nivel estatal un convenio colectivo sobre tiempo de trabajo aplicable a todo el territorio difícilmente pueda aplicarse una limitación a nivel general del tiempo de trabajo.

Por otra parte, esta reducción de jornada de la que venimos hablando viene alentada por el impacto positivo que podría tener no solo en la esfera social (conciliación de la vida laboral y familiar), sino también económica (reparto del empleo), e incluso, climática (en este último extremo se refiere a la reducción de energía gastada en los desplazamientos, especialmente cuando la semana laboral se reduce a cuatro días a la semana ya que disminuyen las emisiones de carbono).

No obstante, esta propuesta legislativa de reducción legal de la jornada máxima legal debería venir acompañada también de la precisión y concreción de otros artículos relativos a la ordenación del tiempo de trabajo, como son algunas cuestiones concernientes a los permisos regulados en el art. 37.3 del ET. En dicho precepto legal se recogen ciertos permisos (días por fallecimiento, traslado del domicilio, accidente o enfermedad, etc.), pero la norma no aclara si esos permisos equivalen o no a tiempo de trabajo efectivo. En ese sentido, para evitar que la empresa lo equipare como tiempo no efectivo de trabajo, la norma también podría concretar o delimitar que esos permisos computarán a efectos de tiempo de trabajo efectivo. Lo mismo ocurre con la redacción actual del art. 34.4 del ET que dispone que será el convenio colectivo el que determinará si el tiempo de descanso dedicado para el bocadillo es o no tiempo de trabajo efectivo. Con esto queremos expresar que la reducción legal de la jornada de 40 a 38,5 horas a la semana debería venir acompañada con la delimitación o concreción de otros aspectos relativos al tiempo de trabajo, como los que acabamos de señalar, para que la reducción de jornada sea realmente efectiva.

Lo expuesto hasta aquí pretende poner el foco de atención en una parcela concreta del nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, como es la limitación legal de la jornada laboral, pues después de décadas de avances tecnológicos y de mejoras de la productividad ha llegado el momento de acotar la duración del tiempo de trabajo para mejorar también la seguridad, salud y equilibrio entre la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras.

Briefs AEDTSS, 10, 2024