Derechos Digitales y relativos a la Inteligencia Artificial en el convenio de intérpretes de Hollywood

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Antonio Alvarez Cuvillo

Derechos Digitales y relativos a la Inteligencia Artificial en el convenio de intérpretes de Hollywood

ANTONIO ÁLVAREZ DEL CUVILLO

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Cádiz

El pasado 9 de noviembre de 2023, tras una dilatada huelga de 118 días, se adoptó provisionalmente un acuerdo entre SAG-AFTRA, el sindicato norteamericano de intérpretes de cine, radio y televisión y la AMTPT, la patronal que agrupa a las principales productoras audiovisuales. Finalmente, el texto del acuerdo se ha aprobado el 5 de diciembre, tras someterse a una larga votación entre los numerosos afiliados al sindicato (en torno a 160.000 personas). Este conflicto ha coincidido parcialmente en el tiempo con una huelga aún más prolongada (148 días) del sindicato de guionistas (WGA) frente a la misma patronal, que había alcanzado también un acuerdo el 25 de septiembre. En ambos casos, gran parte de la polémica se focalizaba sobre las reivindicaciones sindicales respecto a la incorporación de nuevos derechos digitales o relacionados con la “Inteligencia Artificial”, cuya reciente expansión ha despertado temores muy intensos en estos colectivos. Centrándonos concretamente en el conflicto de los intérpretes, no cabe ninguna duda de que la discrepancia entre las partes respecto a las propuestas relacionadas con las nuevas tecnologías ha constituido uno de los principales obstáculos para que la negociación llegara a buen puerto. Asimismo, la insatisfacción de muchos trabajadores con los resultados alcanzados en este campo ha sido determinante en la generación de una cierta disensión entre los afiliados respecto a la aprobación del acuerdo (materializada en la campaña #sagaftravoteno).

En estas líneas pretendo hacer una breve reseña de este acuerdo en lo que respecta a los contenidos formalmente referidos a la “Inteligencia Artificial”. Estos resultan de interés para nosotros, porque sus disposiciones podrían tener un cierto efecto expansivo. Desde luego, no es necesario argumentar el carácter preponderante a nivel global de la industria audiovisual norteamericana, de modo que sus prácticas consolidadas pueden terminar trasladándose a otros países en el mismo ámbito sectorial. Al mismo tiempo, la elevada exposición mediática de este sector implica que sobre él a menudo se proyectan -precisamente, como en una pantalla de cine-, preocupaciones laborales y sociales que lo desbordan, como sucedió señaladamente con el movimiento #MeeToo.

Lo primero que llama la atención en el texto del acuerdo es que, bajo la denominación común de “Inteligencia Artificial” se establecen tres ámbitos de regulación claramente diferenciados: 1) la creación de “réplicas digitales”, 2) la alteración digital de la imagen y sonido de los intérpretes, 3) la utilización de “inteligencia artificial generativa” para crear imágenes y sonido sin la intervención de intérpretes humanos.

En realidad, solo el último de estos ámbitos se refiere directamente a la regulación de los usos de la inteligencia artificial. Los otros dos, vinculados a lo que entre nosotros se denominaría “derecho a la propia imagen” y, naturalmente, también a la protección de datos personales de los trabajadores, resultan aplicables con independencia de que realmente se utilice la inteligencia artificial en los procesos de producción. De hecho, en la actualidad, parece que estas actividades se realizan a través del trabajo humano directo del personal técnico de efectos visuales y sonoros, acudiendo a herramientas de software, pero no a la inteligencia artificial en sentido estricto (como explica un supervisor de efectos visuales en este vídeo). En concreto, el uso de réplicas digitales requiere una inversión muy elevada de trabajo, tiempo y recursos y, en general, no produce resultados tan satisfactorios como la interpretación directa, de modo que tiende a utilizarse solo en los casos en los que resulta estrictamente necesario. Dicho esto, ciertamente puede haber una cierta conexión de estos ámbitos con la materia de la inteligencia artificial en sentido estricto, puesto que existe un cierto temor en la comunidad de intérpretes respecto a que los posibles usos futuros de esta tecnología permitan en algún momento abaratar estos costes de manera significativa, abriendo así espacios para sustituir de manera más rentable la interpretación humana directa.

Las “réplicas digitales” son las emulaciones de la voz o de la imagen de un intérprete creadas a través de tecnología digital a partir de su participación física con la finalidad de sustituir su interpretación en una producción audiovisual. A estos efectos, el acuerdo se concentra fundamentalmente en dos aspectos: el consentimiento informado y la compensación económica. Respecto a la regulación del consentimiento, lo que resulta más interesante es que este debe aportarse de manera separada para cada producción (salvo en proyectos claramente múltiples, como las trilogías de películas), de modo que no quepa una cesión perpetua de los derechos de imagen. En lo que respecta a la compensación económica, se distingue entre las réplicas creadas a través del proceso de “escaneo” intencionado de un intérprete en el contexto de una producción determinada (employment-based) y las generadas independientemente a través de materiales grabados con anterioridad con otro propósito, sin contratar al intérprete (independently-created). En el primer caso, la preocupación principal del sindicato es que no solo se pague el tiempo dedicado al “escaneo” como trabajo efectivamente realizado, sino que también se compense su uso posterior como si se tratase de tiempo de trabajo efectivo, tratando así de evitar los efectos nocivos sobre el empleo -especialmente en el caso de los “extras”- que podrían producirse si el progreso tecnológico llevara a un abaratamiento de los costes del uso de estas réplicas. En cambio, en las réplicas creadas de manera independiente, la obligada compensación no se puede vincular con el tiempo de trabajo, aunque sí se establece expresamente que afecte a la aportación de cotizaciones sociales.

En cuanto a la alteración digital de las interpretaciones, la regulación se dirige fundamentalmente a salvaguardar los derechos morales de los intérpretes. Por ello se exige su consentimiento expreso para las modificaciones de carácter sustancial que no estén previstas en el guion y que vayan más allá de alteraciones que podríamos llamar “rutinarias” como el doblaje o la mejora de calidad en postproducción. Sin embargo, de manera criticable, a estas excepciones al consentimiento expreso se añade el supuesto de que la alteración de la imagen o el sonido fuera necesaria para distribuir el producto en un contexto comercial o país determinado. Así, por ejemplo, entiendo que sería permisible la alteración sin consentimiento dirigida a “censurar” determinados aspectos políticamente controvertidos de una producción audiovisual, lo que sin duda podría afectar a las convicciones personales de los intérpretes.

Por último, las previsiones relativas a la inteligencia artificial generativa se ocupan del eventual uso de los “intérpretes sintéticos”, es decir, conglomerados de imagen y sonido generados digitalmente, que permiten producir la impresión de una actuación humana, pero que no permiten identificar a ningún intérprete en particular. A este respecto, al igual que sucedía entre los guionistas, existe un comprensible recelo a la sustitución del trabajo humano, pero, por otro lado, una prohibición absoluta del uso de estas tecnologías en la producción audiovisual parece poco realista. En este contexto, se establece simplemente que, en los casos de sustitución de trabajo humano a través de esta tecnología, el productor debe informar al sindicato, abriendo así la posibilidad de negociación de buena fe.

Otra cuestión controvertida a este respecto es la petición de que se compense a los intérpretes por los derechos de uso de materiales audiovisuales preexistentes para el “entrenamiento” de los sistemas de inteligencia artificial generativa, que conecta con la inquietud de otros colectivos de autores y artistas. A este respecto, no se ha conseguido la reivindicación inicial (recogida en propuestas anteriores) de que se exija en todo caso el consentimiento de cada intérprete para el uso de sus materiales en estos procesos de entrenamiento, sino que simplemente se emplaza a las partes a negociaciones futuras en la materia. En cambio, sí que se establecen ciertas limitaciones -eso sí, difíciles de controlar- respecto al uso de instrucciones (prompts) para generar intérpretes sintéticos basadas en rasgos corporales de intérpretes humanos concretos.

En definitiva, aunque esta regulación seguramente no satisface plenamente las necesidades de protección de los intereses de los trabajadores, sin duda incorpora cláusulas dignas de estudio que pueden contribuir a abrir camino a una normativa laboral más adaptada a los nuevos problemas introducidos por los avances tecnológicos.

Briefs AEDTSS, 71, 2023