Competencias autonómicas en materia de Seguridad Social

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Fernandez Prol

Competencias autonómicas en materia de seguridad social

FRANCISCA FERNÁNDEZ PROL

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidade de Vigo

Para nuestra disciplina, el acuerdo de investidura alcanzado por PSOE y EAJ-PNV ostenta singular relevancia. Comprende, como es sabido, un muy explícito compromiso de reforma de las reglas de concurrencia entre convenios colectivos -propuesta de lege ferenda del art. 84 ET inclusive- y una más velada referencia a la asunción de competencias autonómicas en materia de Seguridad Social. Esto último requiere, sin duda, algunas aclaraciones.

El acuerdo expresa un compromiso general de profundización en el autogobierno vasco: este “debe entrar con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación” (apartado 1.d) y “culminar (…) con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en un plazo improrrogable de dos años” (apartado 3). Dichas competencias, “en materia de Seguridad Social”, se expresan, en el Estatuto de Gernika, en los términos siguientes: “corresponderá al País Vasco: “El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma”, así como “La gestión del régimen económico de la Seguridad Social” (art. 18.2). Esta habilitación competencial convive, en el citado precepto, con otras relativas a sanidad y productos farmacéuticos, y se acompaña de previsiones operativas sin duda relevantes: así, “la Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar (…) dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo”.

La competencia hoy discutida, por tanto, no es nueva, ni constituye tampoco una singularidad o excepción: el art. 33 del Estatuto de Autonomía de Galicia alberga una previsión cuasi mimética a la vasca, también replicada en los Estatutos de Autonomía de Catalunya o Andalucía, entre otros. Va de suyo que tales previsiones son constitucionales, pues se enmarcan en las normas institucionales básicas de cada territorio, a su vez explícitamente configuradas “de acuerdo” o “de conformidad” con la Constitución” –según la terminología empleada por los preceptos que encabezan los Estatutos citados, alguno por cierto sometido en su día a escrutinio constitucional (STC 31/2010, de 28 de junio)-.

Y es que la ponderación de la potencial nueva asunción competencial por Euskadi requiere, efectivamente, de la consideración de los mandatos constitucionales. Así, en términos sustantivos, ex art. 41 CE, del compromiso de mantenimiento por los poderes públicos “de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. Y, desde una óptica instrumental, del reparto competencial por todos conocido: según este, el Estado ostenta competencia exclusiva sobre “Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas” (art. 149.1.17ª CE). De modo que la asunción de competencias, conforme indica literalmente el Estatuto del País Vasco, de “desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma” y de “gestión” de este último, no ha de estimarse, a priori o preventivamente, invasiva. Y menos aún puede apreciarse vulneración alguna del art. 41 CE.

En el modelo constitucional caben el desarrollo, la ejecución y la gestión en el marco autonómico, sin disrupciones ni en la protección deparada, ni en su financiación. La argumentación puede parecer “naif”, pero, a falta de desarrollo del acuerdo examinado, es la única posible. Un traspaso de competencias en los términos acordados es constitucional porque así lo permiten la CE y, conforme a esta, los Estatutos de Autonomía. Concluir lo contrario es igualmente simple e implica, además, presumir la contravención constitucional. Lo que, en el ámbito de la Seguridad Social precisamente, a la vista de experiencias previas –la gestión de pensiones no contributivas es una de ellas-, carece objetivamente de justificación.

Briefs AEDTSS, 66, 2023