Apuntes para la actualización del Estatuto de los Trabajadores en materia de elecciones a órganos de representación unitaria

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Paqui Ferrando

Apuntes para la actualización del Estatuto de los Trabajadores en materia de elecciones a órganos de representación unitaria

FRANCISCA FERRANDO GARCÍA
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Murcia

  1. La regulación de las elecciones a órganos de representación unitaria (elecciones “sindicales”) goza de una estabilidad que contrasta con la movilidad de otros contenidos del Estatuto de los Trabajadores (ET). Desde la reforma introducida en dicho cuerpo legal por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, y con la salvedad de algunas modificaciones puntuales, el régimen electoral recogido en el Título II del ET y su desarrollo reglamentario (RD 1844/1994, de 9 de septiembre) ha permanecido inalterado, resultando suficiente para regular esta materia con el apoyo interpretativo de la doctrina judicial y arbitral, y el soporte de la negociación colectiva. No obstante, los cambios experimentados por la organización de la actividad empresarial como consecuencia de la digitalización y de la descentralización productiva han puesto de manifiesto importantes desajustes entre la nueva realidad y el marco normativo vigente cuyo paradigma es el modelo de producción fordista en buena medida superado, que toma el centro de trabajo como unidad electoral y presupone la presencia física de la persona trabajadora en el lugar de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores del s. XXI debería atender a esta nueva realidad organizativa y productiva, introduciendo, entre otras, algunas de las medidas que pasan a exponerse sucintamente.

    En primer lugar, para paliar el evidente efecto negativo de la estrategia empresarial de externalización y descentralización en la existencia y dimensión del órgano de representación de las personas trabajadoras, se postula una reforma que introduzca la figura del delegado de personal conjunto y permita la elección de un comité de empresa conjunto teniendo en consideración la plantilla de los centros con menos de 11 trabajadores. Como se sabe, en defecto de una previsión legal expresa, la jurisprudencia ha considerado ambas soluciones incompatibles con los arts. 62 y 63 ET [véanse, por todas, las SSTS de 20 febrero 2008 (rec. 77/2007), 14 julio 2011 (rec. 140/2010) y 7 febrero 2012 (rec. 114/2011)]. En consecuencia, la introducción de estas medidas requiere de una reforma del Estatuto de los Trabajadores que contemple expresamente tales posibilidades, ya sea directamente o por remisión a lo previsto en convenio colectivo.

    De otro lado, el régimen electoral debería aportar mayor certidumbre en cuanto a la identificación de la unidad electoral en los casos de descentralización productiva mediante contratas y subcontratas. La libertad de la empresa contratista de elegir el modelo de gestión que considere oportuno (apenas constreñida en los pliegos de prescripciones técnicas que rigen la contrata, por mínimas obligaciones de contabilidad separada y de aportar recursos humanos y materiales suficientes y de designar a una persona encargada sin facultades directivas ni disciplinarias), impide afirmar a priori que el conjunto de medios que atiende la contrata tendrá, siempre y con carácter general, la naturaleza de centro de trabajo.

    La situación se complica cuando se produce la subrogación de plantillas entre empresas contratistas. En la práctica arbitral, se están impugnando numerosos preavisos electorales en empresas contratistas tras la subrogación impuesta por el convenio colectivo aplicable, cuestionándose que la contrata sea un centro de trabajo y, por consiguiente, una unidad electoral independiente, de conformidad con el art. 1.5 ET. Sin perjuicio del mantenimiento provisional del mandato de los representantes de la unidad productiva subrogada (art. 44.5 ET) hasta que corresponda convocar nuevas elecciones en la unidad electoral, para dotar de seguridad jurídica al proceso electoral en lo que concierne a la determinación de la unidad electoral, caben dos opciones normativas: configurar la contrata, sea o no centro de trabajo, como una unidad electoral, o fijar la unidad electoral en el ámbito provincial de forma análoga a lo pactado en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (art. 56 del VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal). Ambas soluciones presentan ventajas e inconvenientes dependiendo del tamaño de la contrata y de la realidad productiva del sector, razón por la que sería conveniente introducir una previsión legal expresa autorizando a la negociación colectiva a fijar el ámbito de la unidad electoral.

    En otro orden de consideraciones, la aplicación de la normativa sobre protección de datos de carácter personal ha planteado también cierta controversia en cuanto al alcance y límites del derecho de información de los sujetos interesados en el proceso electoral. Con relación a esta cuestión, la AEPD ya ha aclarado que “La celebración de elecciones sindicales legitima las comunicaciones de los datos censales necesarios para permitir al sindicato remitir información electoral y participar en el proceso electoral” (aptdo. 5.5 de la Guía AEPD sobre La protección de datos en las relaciones laborales, p. 67). Pero, en sede arbitral, se está denunciando la negativa de la empresa y, eventualmente también, de la mesa electoral a proporcionar a los sindicatos interesados los datos de edad, antigüedad y jornadas realizadas por los trabajadores con contrato de duración determinada inferior a un año, basada en el deber de confidencialidad establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Esta negativa impide a los sindicatos efectuar su labor de control sobre la corrección del censo electoral, sobre la validez de las candidaturas presentadas y proclamadas y sobre la adecuación de la decisión de la mesa respecto del órgano de representación y el número de representantes que corresponde elegir. Parece claro que el principio de minimización de datos [art. 1.c) Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de protección de datos] determina que el censo laboral objeto de publicación deba contener los datos estrictamente necesarios para que los trabajadores afectados puedan impugnar su inclusión o exclusión indebida del censo. Pero ello no debe obstar al derecho de los miembros de la mesa, de los sindicatos participantes y de los candidatos a disponer del listado con los datos completos relativos a la edad, antigüedad y jornadas realizadas, en la medida en que son necesarios para que la mesa electoral lleve a cabo las funciones que tiene atribuidas en virtud del art. 74 ET, y los sindicatos puedan defender su concreto interés legítimo en la correcta confección del listado de electores, la adecuación de las candidaturas a las exigencias legales, y la determinación del órgano y número de representantes a elegir conforme a los parámetros establecidos en los arts. 62, 63, 66 y 72.2 ET. De ahí, la necesidad de una previsión expresa en el ET o en la LOPDPDD, que garantice el derecho de información de los sujetos interesados en el proceso electoral, teniendo en cuenta que, en el caso de los sindicatos participantes, estará vinculado a su libertad sindical.

    Finalmente, para superar la distancia geográfica entre los distintos lugares de trabajo y la barrera que representa el desarrollo de un proceso electoral cuando la actividad laboral se realiza en un entorno digitalizado o en régimen de trabajo a distancia, debería contemplarse expresamente la posibilidad de desarrollar los actos electorales (publicación de censos, presentación y proclamación de candidaturas, votación, etc.) a través de medios telemáticos y digitales. Se trata de una posibilidad que ya ha avalado alguna doctrina judicial [SJS Madrid, de 21 septiembre de 2015 (rec. 542/2015)] y se ha previsto expresamente en el ámbito del empleo público, donde el art. 44.a) TREBEP contempla el voto telemático.

    Junto a las mencionadas reformas, el Estatuto de los Trabajadores del s. XXI debería clarificar aquellos aspectos del proceso electoral que han resultado más litigiosos hasta la fecha. Basta recordar, en este punto, las numerosas impugnaciones arbitrales y los correspondientes laudos y resoluciones judiciales sobre renuncia de candidatos, subsanación de candidaturas, cómputo de contratos y jornadas, etc., cuyo análisis detallado se omite deliberadamente en estas breves notas para atender a las indicaciones de formato. Se trata de aspectos del proceso electoral que, sin duda alguna, merecerían algunas precisiones normativas en aras de una menor conflictividad laboral.

Briefs AEDTSS, 27, 2024