Aniversario de adhesión de España a las comunidades europeas y cambio climático
Aniversario del Tratado de adhesión de España a las comunidades europeas y cambio climático
HENAR ÁLVAREZ CUESTA
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de León
El aniversario del Tratado de adhesión de España a las comunidades europeas resulta inmejorable ocasión para reflexionar sobre el pasado (baste recordar el nacimiento de la organización, asentada sobre el carbón, el acero y la energía atómica), el presente y el incierto futuro de la lucha contra el cambio climático en el seno de la Unión Europea, todo ello sin el ánimo de elaborar un recorrido sistemático y exhaustivo por las distintas normativas e iniciativas surgidas en el seno de la Unión, sino para evocar los avances realizados, capaces de servir de hitos que sigan marcando el rumbo a nivel mundial.
Uno de los primeros pasos, desde una perspectiva más amplia, fue el Acta Única Europea de 1987, la cual introdujo un Título específico sobre medioambiente. En el Tratado de Maastrich se mencionaba en su art. 2 el concepto de “sostenibilidad”; el Tratado de Amsterdam sigue la misma línea, en la que ahonda el Tratado de Lisboa de 2007 al incorporar los principios medioambientales como una de las claves de bóveda de las políticas europeas, tal y como indica el art. 11 del Tratado de Funcionamiento, que obliga a integrar las exigencias de la protección del medio ambiente en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión.
Desde entonces, la Unión Europea ha actuado como punta de lanza en la lucha contra el cambio climático, uno de los desafíos (o el desafío por excelencia) a los que el ser humano se ha de enfrentar en este tiempo y en las próximas décadas. Baste citar el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo conseguir conformar “una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos” (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo, Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final).
Este Pacto Verde se asienta en los pilares de la sostenibilidad, la economía verde y circular y una transición justa e integradora, entendida como aquella cuyos costes y beneficios se distribuyan equitativamente entre los distintos grupos sociales, las industrias y las regiones y entre las generaciones presentes y futuras (Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Un planeta limpio para todos» de 20.8.2019 y Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Justicia climática» (2018/C 081/04); prevé, además, dar prioridad a la dimensión humana y prestar atención a las regiones, los sectores y los trabajadores expuestos a los mayores desafíos vinculados con el cambio climático.
Las líneas vertebrales que dan forma a la lucha contra el cambio climático en la UE claramente acarrean consecuencias trascendentales en el ámbito laboral, al tiempo que el mundo del trabajo (y del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) resulta aliado imprescindible para llevar a cabo la transición ecológica y social justa pretendida (y los numerosos estudios elaborados por la doctrina iuslaboralista ofrecen buena muestra de ello).
Los propósitos del Pacto Verde han devenido norma jurídica a través del Reglamento 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) nº 401/2009 y (UE) 2018/1999 con el fin de establecer un marco para la reducción progresiva e irreversible de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y dar prioridad a la eficiencia energética mediante el desarrollo de un sector eléctrico basado en gran medida en fuentes renovables, completado con un rápido proceso de eliminación del carbón y con la descarbonización de gas. El objetivo establecido a nivel comunitario pasa por la reducción de las emisiones netas en al menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a 1990 y convertirse en el primer continente climáticamente neutro en 2050.
Para ello se establecen un conjunto de propuestas interconectadas que afectan a una amplia gama de sectores económicos: clima, energía y combustibles, transporte, edificios, uso de la tierra y silvicultura. Dentro de las actuaciones clave del Pacto verde se pueden encontrar nueve bloques (Actuaciones del Pacto Verde Europeo; Ambición climática; Estrategia industrial para una economía limpia y circular; Movilidad sostenible e inteligente; Ecologización de la política agrícola común/Estrategia «de la granja a la mesa»; Preservación y protección de la biodiversidad; Hacia una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas; Integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la UE; La UE como líder mundial; o Colaboración en torno a un Pacto Europeo por el Clima).
Junto a este Reglamento se han elaborado Reglamentos, Directivas y Estrategias específicas sobre aspectos concretos vinculados a la eficiencia energética, a las emisiones de gases de efecto invernadero y al comercio de derechos de emisión, al uso de la tierra, energías renovables, contaminación y un largo etcétera entre el que cabe destacar la Directiva 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859.
Estas normas, documentos, informes y medidas promulgados en los últimos años han situado a la Unión Europea a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático aunando las perspectivas social y ecológica. Sin embargo, las recientes decisiones adoptadas o anunciadas desde la Unión hacen temer un cambio de rumbo (quizá marcado por los vientos que azotan al otro lado del océano). Así, la Comisión ha presentado la Brújula de la competitividad: Una hoja de ruta conjunta para la descarbonización y la competitividad.
Ese documento establece ámbitos de intervención para facilitar el acceso a una energía limpia asequible y anuncia un Pacto Industrial Limpio, que establecerá un enfoque de descarbonización impulsado por la competitividad, para conseguir que la UE sea un lugar atractivo para la fabricación, también en el caso de las industrias de gran consumo energético, y promover las tecnologías limpias y los nuevos modelos de negocio circulares; un Plan de Acción para una Energía Asequible; y una Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial, que ampliará la concesión agilizada de permisos a los sectores en transición. Estos tres pilares se complementan con cinco facilitadores horizontales, que ponen el acento en la competitividad en todos los sectores. Por cuanto aquí importa, el denominado “Simplificación” tiene como objetivo reducir “drásticamente” la carga normativa y administrativa; y en esa línea advierte cómo próxima propuesta Ómnibus va a simplificar la presentación de información sobre sostenibilidad, diligencia debida y taxonomía.
Como último ejemplo que parece reforzar el pesimismo que se vislumbra, la UE ha retrasado un año la aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115, también conocido como EUDR, que tenía prevista su fecha de aplicación el próximo 30 de diciembre de 2024 y que afectaría a todos los operadores que utilizan como materia prima productos de la deforestación, como los muebles, y productos de madera en general.
En fin, sirva el Aniversario para recordar la protección del medio ambiente como germen, los ambiciosos objetivos elaborados a lo largo de los últimos años en materia de lucha contra el cambio climático, los escollos superados y el avance permanente pese a las incertidumbres y las debilidades que cualquier transformación (y especialmente esta por sus implicaciones a todos los niveles) ha de afrontar.
Briefs AEDTSS, 26 2025
