Análisis de urgencia de las modificaciones introducidas en el RDL 6/2023, de 19 de diciembre, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

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Análisis de urgencia de las modificaciones introducidas en el RDL 6/2023, de 19 de diciembre, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

FRANCISCO VILA TIERNO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Málaga

En el marco del contexto de reformas que tiene como trasfondo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation, se recogen mediante la norma de urgencia citada en el título, una serie de modificaciones que afectan al desarrollo del proceso judicial en el Orden Social.

Se introducen, en este contexto, en primer término, un conjunto de medidas cuya finalidad esencial es potenciar la transformación digital del servicio público de justicia, superando los ya muy significativos cambios que se produjeron, en su día, con la Ley 18/2011, de 5 de julio. Ello motiva, a su vez, que sean necesarios efectuar ajustes sobre las normas procesales que disciplinan el procedimiento en cada uno de los órdenes jurisdiccionales y, entre ellas, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).

Precisamente en esta norma es en la que, por motivos de brevedad, centraremos nuestra atención, no sin antes, al menos referencialmente, señalar las importantes alusiones al derecho a la desconexión digital de los operadores jurídicos o al posible desarrollo de actividades judiciales y extrajudiciales por videoconferencia -entre otros muchos- y que van a reflejarse en todos y cada uno de los citados órdenes.

Retomando, por tanto, los cambios en la LRJS (art. 104 RDL 6/2023), con carácter previo, puede decirse que se pueden sistematizar según su finalidad en tres grandes grupos: a) aquellos que tienen por objeto realizar ajustes formales u otros complementarios respecto de los que se citan a continuación; b) los que responden a la necesidad de incorporar la tramitación telemática y; c) los que responden al interés por dinamizar plazos, introducir elementos de economía procesal y, en síntesis, acelerar las resoluciones.

Vayamos a verlos, no de manera exhaustiva, siguiendo el orden de la propia LRJS:

  • 2. Ámbito del orden jurisdiccional social. Se modifican los literales n) y o) para incluir, respectivamente, en las impugnaciones de resoluciones administrativas, las recaídas en los procedimientos derivados del art. 47 bis ET (Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo) y respecto a la materia relativa a prestaciones de seguridad social, antes solo se recogía la referencia, precisamente, a las prestaciones de dependencia, pero ahora se incluye el reconocimiento de tal situación.
  • 18, 19 y 21. Respecto a comparecencia e intervención de operadores jurídicos. Se incluyen referencias a la posibilidad de utilización del registro electrónico de apoderamientos apud acta, así como la necesidad de aportar los datos del profesional interviniente.
  • 25, 26 y 27. En materia de acumulación. De manera sucesiva, se incluye, para la acumulación de acciones, en primer lugar (art. 25), que ésta será posible también (además de los mismos hechos), “en una misma o análoga decisión empresarial o en varias decisiones empresariales análogas”. En tal caso, el órgano judicial deberá proceder a la acumulación, salvo que vaya en perjuicio de la garantía de la tutela judicial efectiva. En el mismo precepto, cuando se trata de demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se repartirán al juzgado que conoció en primer lugar y, en su defecto, es cuando se añade que es deber de las partes, tendrán que informar al referido órgano judicial. Lo mismo que ocurre cuando hay un acto administrativo impugnado por una pluralidad de destinatarios y la Administración responsable del mismo no lo comunicó al órgano judicial que primero hubiera conocido. En el art. 26 se excluye de la posible acumulación las cuestiones relativas al trabajo a distancia (art. 138 bis), pero se cambia, sustancialmente, la posibilidad de acumular la reclamación de cantidad al proceso por despido, en tanto que se elimina cualquier referencia a los supuestos en los que tal cantidad encerraba situaciones de complejidad. De manera, también novedosa, en los supuestos de Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo y de Despido, se pueden acumular a una misma demanda acciones de distintos actores cuando se deriven de los mismos hechos o de la misma causa.  Con respecto al art. 28, únicamente se introduce la salvedad a la acumulación prevista en los casos, como se señaló antes, en los que vaya en perjuicio de la garantía de la tutela judicial efectiva.
  • 29 y 34. Respecto a la acumulación también, el cambio más significativo es la posibilidad de suspensión cuando planteada la acumulación, sean precisas la realización de determinadas actuaciones para el desarrollo del proceso.
  • 44, 53.2, 55 y 56.5. Son cambios derivados de la necesidad de incorporar elementos telemáticos y electrónicos al proceso, sin repercutir en los derechos de los justiciables y relativos a la identificación de las partes.
  • 59. Cambia el procedimiento para la comunicación edictal fundamentalmente, en lo que respecta a la referencia al Registro Central de Rebeldes Civiles, como cauce para localizar los datos del interesado.
  • 62. Respecto a las competencias de LAJ. Para dar prioridad a la tramitación electrónica.
  • 64 y 66. Respecto a la conciliación previa. Se añade que no es precisa en los supuestos relativos al trabajo a distancia y se incluye la necesidad de facilitar datos y dirección telemática por parte de las partes que comparecieron sin profesionales.
  • 81. Admisión de la demanda. Se cambias las referencias de secretario judicial y se sustituyen por las de LAJ. Se añade apartado 5 para concretar el plazo en el que el LAJ va a requerir a la parte demandada para que designe al profesional, salvo que no se represente a sí misma.
  • 86 bis. Procedimiento testigo. Una de las novedades más significativas. Consiste en que un órgano judicial tenga pendiente pluralidad de procesos con identidad de objeto y parte demandada. En tal caso, su no hubiera acumulación, se puede dar preferencia a uno o varios procedimientos (según orden de presentación), suspendiéndose el resto, para que, resueltos los primeros, se dé traslado a los demás para una posible extensión de efectos de acuerdo al nuevo art. 247 ter.
  • 89. Incluye, esencialmente, cambios relativos a la grabación y a la introducción del expediente electrónico.
  • 97. Se sustituye (también en el 89) la referencia de secretario judicial por la de LAJ.
  • 101. Proceso monitorio. Lo más relevante es que la cantidad de referencia ya no son 6.000 euros, sino 15.000.
  • 103. 4 y 5. Se incorpora, de manera novedosa, la tramitación preferente y urgente a los procedimientos de despido en los que no se hubiera procedido a la baja del trabajador en TGSS y en los supuestos de incumplimiento empresarial por falta de pago o retrasos continuados.
  • 143. En los procedimientos en materia de Seguridad Social se admite la remisión del expediente por la entidad gestora de forma electrónica.
  • Art 188. Cambia la redacción para entender que el decreto resolutivo de reposición admite recurso de revisión.
  • 191 b). Junto a la afectación general se incluye ahora como vía de acceso a la Suplicación “cuando la sentencia de instancia fuera susceptible de extensión de efectos”.
  • 234.1. En los supuestos de posible acumulación, a instancia de oficio o de parte, se concreta las posibilidades de hacerlo de oficio por la Sala previo traslado a las partes para su manifestación en cinco días.
  • 236.1. De manera muy significativa se modifica el segundo párrafo de este apartado para hacer referencia al recurso extraordinario de revisión que se ampara en una resolución del TEDH y la participación de la Abogacía del Estado.
  • 244. Se redacta el precepto de manera que se da cabida a la posibilidad de suspensión solicitada por las partes de la ejecución para solventar discrepancias en procesos derivados del art. 63 (mediación).
  • 247 bis y 247 ter. Preceptos nuevos que se incorporan a la sección sobre normas de ejecuciones colectivas. En el primero de los casos, se prevé una ejecución extendida a otros procedimientos cuando los interesados estén en la misma situación jurídica, que el juez sea competente territorialmente y que los interesados soliciten la extensión. Se establece el traslado a las partes para la posible presentación de alegaciones y cuando esta opción no va a tener cabida (cosa juzgada, doctrina contraria a la establecida por el TS o TSJ o que el interesado ya tuviera resolución), así como las causas de suspensión. En el segundo, esto es, en el 247 ter, se establece el procedimiento para extender los efectos en el supuesto de procedimiento testigo, con las posibles alegaciones de parte y su acuerdo, salvo la concurrencia de lo previsto en el art. 247.5 bis, que ya hemos citado.
  • DT4ª y DF7ª. Se suprimen elementos de transitoriedad o aplazamiento de entrada en vigor que ya no son precisos.

Y esto es, en esencia y, de manera sucinta, las modificaciones que se han producido sobre la LRJS y que, obviamente, requieren una lectura pausada y reflexiva en los próximos días de fiesta.

Briefs AEDTSS, 72, 2023