Algunos aspectos del proceso social no reformados por el RDL 6/2023, de 19 de diciembre, que pudieron (y seguramente debieron) haberlo sido: lo que el viento se llevó

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Rodrigo Tascón

Algunos aspectos del proceso social no reformados por el RDL 6/2023, de 19 de diciembre, que pudieron (y seguramente debieron) haberlo sido: lo que el viento se llevó

RODRIGO TASCÓN LÓPEZ
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de León

Es bien conocido que la situación actual del funcionamiento de los Tribunales de Justicia dista mucho de ser ideal en España, con retrasos y dilaciones que, a fuer de excesivos, acaban siendo injustificables [STCo 125/2022, de 10 de octubre]. Proyectadas en la pasada legislatura las non natas Leyes de eficiencia (organizativa, procesal y digital) del Servicio Público de Justicia, ha sido el RD 6/2023, de 19 de diciembre, el encargado de implementar, en su Libro primero, un abultado conjunto de “Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Público de Justicia”.

En un Brief publicado el 21 de diciembre pasado, el Prof. Francisco Vila Tierno efectuaba un magnífico “análisis de urgencia” en el que daba cuenta, con la brevedad requerida, de las modificaciones que la mentada norma operaba sobre la LRJS. En el presente (y como pequeño homenaje a nuestro querido y llorado Prof. Germán Barreiro, quien siempre nos inculcó la enseñanza de que “quien no sabe Derecho Procesal, no sabe Derecho”), se tratará de dar un punto de vista complementario, glosando aquellos aspectos sobre los que el legislador hubiera podido/debido actuar y no lo hizo.

Como el incremento de medios materiales y humanos (que sería lo más aconsejable) resulta poco menos que una quimera en el corto plazo, no es ocioso apuntar algunas medidas legislativas que podrían contribuir a mejorar el funcionamiento de los Tribunales laborales. Tarea que se puede realizar desde una perspectiva múltiple; a saber:

I.- Tras el confinamiento vivido como consecuencia de la Covid-19, el CGPJ elaboró un conjunto de “Medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma”, de mayo de 2020. No resultaría baladí revisitar aquel texto para aprovechar algunas de las muy buenas ideas que allí se contenían respecto al Orden Social; v. gr.: ampliar los plazos preprocesales de suspensión de la caducidad e interrupción de la prescripción, para evitar la esperpéntica situación vivida en algunas sedes en las que el intento de conciliación, de forma sistemática, ni se llega a celebrar (art. 65.1 y 2 LRJS); reducir el número de supuestos excluidos de conciliación preprocesal, para facilitar que el acuerdo sustituya al pleito (art. 64.1 LRJS); declarar urgentes aquellos procesos de extinción del contrato de trabajo instados en virtud del art. 50 ET; o, en fin y por no seguir, permitir que, en algunos procesos (se mencionaban expresamente los de Seguridad Social), y como excepción al principio de oralidad, la contestación a la demanda pudiera ser escrita (arts. 141 y 143 LRJS).

II.- El art. 104 del RD 6/2023, de 19 de diciembre, encargado de recoger 33 modificaciones en la LRJS, olvidó, empero, algunas otras medidas que se perdieron en el trasiego del proceso (¿apresurado?, ¿caótico?) de producción normativa respecto a los proyectos de Leyes de Eficiencia. Entre las preteridas, hay varias que podrían resultar interesantes, debiendo mencionarse ahora, al menos, las siguientes:

              1.- Se ha eliminado toda mención a la reforma del régimen jurídico de las sentencias orales (previsto con carácter general en el art. 50 LRJS), persistiendo, por tanto, la limitación de esta sentencia in voce a aquellos asuntos que no sean susceptibles de recurso de suplicación.

              2.- Se ha suprimido cualquier referencia a la separación de los actos de conciliación y juicio (arts. 82 y 84 LRJS). Ya en el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal remitido a Cortes se diluía su potencialidad respecto a la idea inicial incorporada al Anteproyecto, pues sólo procedía cuando el letrado o letrada de la Administración de Justicia tuviera expectativas de éxito en la conciliación, lo que obligaba a juicios cabalísticos un tanto exorbitantes.

Desde luego, esta medida podría ser muy interesante de cara a aprovechar los espacios que quedan en la práctica de los Tribunales Laborales cuando se producen acuerdos en el intento de conciliación ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, evitando así el vacío (verdadero horror vacui) que se siente cuando en una misma mañana varios de los litigios correspondientes a las vistas a celebrar quedan “conciliados”. Con todo, para que tal cambio pudiera ser eficiente hubiera sido necesario prever una “doble citación”, una primera para el acto de conciliación y, fracasado el intento, una segunda para el acto de juicio, pues sólo así se podrían aprovechar efectivamente los espacios vacantes de los litigios conciliados para la realización de otras actuaciones judiciales, ganando con ello en celeridad procesal.

              3.- Se ha eliminado la posibilidad contemplada en el PLMEP de que las partes pudieran adelantar el acuerdo de conciliación por vía telemática, el cual, si venía firmado digitalmente por ambas partes, podía ser directamente aprobado, poniendo fin al litigio. Desde luego, era una opción muy ágil, que favorecía y potenciaba la solución concertada.

III.- En fin, la doctrina científica ha ido formulado a lo largo de los últimos años, a la vista de las circunstancias, numerosas propuestas de potenciales cambios para la mejora de la norma de ritos social que el legislador ha ignorado casi al completo. Así, entre otras muchas que no es posible relacionar –a riesgo de hacer el discurso más extenso de lo debido–, es posible dar cuenta de las siguientes: potenciar la utilización de las medidas cautelares en el Orden Social; remozar el proceso de conflictos colectivos (para permitir, de un lado, que a su través se sustanciaran el mayor número posible de asuntos; y, de otro, que se contara con los extremos necesarios para facilitar la ejecución colectiva de la sentencia); establecer un trámite de contestación escrita a la demanda y, también, de necesaria la aportación previa de la prueba (lo que habría de facilitar, en buena lógica, la conciliación intraprocesal anticipada);  habilitar algún mecanismo (diferente y más eficaz que el de la casación para unificación de doctrina a instancia del Ministerio Fiscal) para lograr una rápida solución por parte de la Sala IV TS de aquellos asuntos que estén generando un elevado volumen de litigiosidad; o, en fin, dotar a la Administración de Justicia de medios ejecutivos “no menores” de los que dispone la Agencia Tributaria.

Tiempo es ya de concluir este rápido excursus, que ha tratado de sistematizar algunas medidas que el legislador podría haber incorporado para mejorar el funcionamiento de los Tribunales Laborales; algo necesario, en tanto instrumento de primera magnitud para la efectividad del Derecho Social y, en particular, para la adecuada salvaguarda de las posiciones subjetivas, por supuesto, de las empresas y, también y sobre todo (como pulsión genética que late en los intersticios de este sector del Ordenamiento Jurídico) de las personas trabajadoras..

Briefs AEDTSS, 12, 2024