40 años de España en la Unión Europea: una etapa de progreso económico-laboral sin precedentes
40 años de España en la Unión Europea: una etapa de progreso económico-laboral sin precedentes
RAFAEL PARDO GABALDÓN
Profesor Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Universidad Internacional de Valencia
Hace escasos días, nuestro país conmemoraba el cuarenta aniversario de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), germen de la actual Unión Europea (UE). El ingreso oficial en el club comunitario se formalizó el 12 de junio de 1985 (con entrada en vigor el 01 de enero de 1986), a la misma vez que nuestro vecino Portugal, a través de la firma del tratado de adhesión a la CEE. Culminando de esta manera un largo proceso negociador iniciado en 1979. Aunque lo cierto es que la primera petición inicial se remontaría muchos años atrás, en concreto al año 1962.
Si comparamos los datos económicos y del mercado de trabajo, que registraba España antes de la entrada en el proyecto comunitario, con los registrados actualmente, sin duda podemos concluir que la aventura “europea” de España es la historia de un éxito.
La inflación media en los tres años precedentes a nuestro ingreso en la CEE registraba la escandalosa cifra del 10%, frente al 1,9% actual. El número de cotizantes a la seguridad social ha pasado de poco más de un total de 11 millones a 21 millones (incluyendo a los más de tres millones de autónomos, así como los más de tres millones también de empleados públicos). La tasa de paro ha experimentado una vertiginosa reducción del 21,5% al 11,4%, al mismo tiempo que la población activa se incrementaba en más de 8 millones de personas (casi todas mujeres), desde los 13 a los más de 21,5 millones. Y por si esto fuera poco, el productor interior bruto (PIB) per cápita ha crecido de 5.410 a 32.590 euros.
Uno de los principales motivos de nuestro espectacular proceso modernizador (también en materia social e infraestructuras) experimentado durante los últimos 40 años, sin duda, obedece a la ingente cuantía de fondos de cohesión europeos percibidos. La finalidad de los fondos de cohesión tiene como objetivo reducir la brecha económica existente entre los países más ricos y los más pobres de la unión europea y sin duda en el caso de España ha cumplido claramente su misión. Así, nuestra renta per cápita ha pasado de resultar un 75% inferior a la media de los diez países que formaban parte de la CEE en 1985, a ser únicamente un 25% inferior en la actualidad en relación a la media de esos mismos países.
La entrada de España en la Unión Europea, sin lugar a dudas, también ha tenido una gran repercusión en nuestro ordenamiento jurídico en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En primer lugar, quisiera mencionar la existencia del importantísimo principio de libertad de circulación y establecimiento de los trabajadores por todos los países de la unión. Principio reforzado por el acuerdo de Schengen, y que, bajo mi punto de vista, sería la principal causa de la salida de la Unión por parte de Reino Unido.
También resulta destacable el progresivo protagonismo de la UE en materia legislativa sobre la base del artículo 153 del TFUE, con la continua aprobación de reglamentos, tratados y directivas, que han propiciado importantes cambios legales en nuestro país en materia laboral. Claros ejemplos de ello serían: la modificación del criterio de cálculo de prestaciones de seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial, la mejora de la protección social de empleadas del hogar o la reciente reforma de la prestación de incapacidad permanente a través de ley 2/2025 de 29 de abril, en virtud de la cual, desaparece la extinción automática de la relación laboral en caso de reconocimiento por parte del INSS de la prestación económica por incapacidad permanente. Además, en estos tres casos mencionados, con carácter previo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), había dictaminado que nuestro país incumplía la normativa comunitaria.
Por todo ello y como conclusión, la valoración que podemos extraer del cuarenta aniversario de nuestra “aventura europea” es más que positiva. Pero al mismo tiempo considero que las muchas luces no nos deben impedir apreciar ciertas sombras también existentes. Y principalmente me voy a referir a dos. En primer lugar, a la productividad laboral por hora trabajada, aspecto en el que persiste una importante brecha estructural con respecto a la media europea (unión económica y monetaria), que además se viene acrecentado durante la última década, según el servicio de estudios de BBVA. Y, en segundo lugar, a nuestro vital sector agrario sumergido en una profunda crisis desde hace décadas y claramente maltratado por parte de las instituciones comunitarias. Por poner un ejemplo: en los últimos cuarenta años, los trabajadores del sector agrario (autónomos y asalariados) han pasado de representar el 18% de la población activa (la mayoría autónomos), a representar únicamente un exiguo 3,6%, según los datos de Eurostat. El análisis de todas las causas daría para una tesis, pero, aunque sea de manera sucinta, me van a permitir que aquí al menos pueda mencionar la que considero una de las principales causas actuales de la crisis del sector agrario: la competencia desleal. Desgraciadamente, nuestros agricultores se ven obligados a competir en clara relación de desigualdad, respecto de los productos agrícolas procedentes de fuera de la Unión Europea. Y en este sentido, considero imprescindible que las autoridades comunitarias a la hora de suscribir acuerdos de libre comercio con otros continentes, exijan el cumplimiento de las mismas normativas laborales, ambientales y de seguridad alimentaria, que lo hacen con los agricultores europeos.
CITA: RAFAEL PARDO GABALDÓN, “40 años de España en la Unión Europa: una etapa de progreso económico-laboral sin precedentes”, Briefs AEDTSS, nº 71, Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2025.
Briefs AEDTSS, nº 71, 2025
